Inicio Actualidad Económica RADIOGRAFÍAS DE LA “RECUPERACIÓN” (II): Desigualdades crecientes. ¿Cómo fortalecer la cohesión social?

RADIOGRAFÍAS DE LA “RECUPERACIÓN” (II): Desigualdades crecientes. ¿Cómo fortalecer la cohesión social?

El elevado nivel de desigualdad en la distribución de la renta que presenta nuestro país es uno de los problemas económicos más importantes de cuantos tenemos por delante.

Tras una “década perdida”, la economía española ha vuelto en 2017 a los niveles de PIB que tenía en 2007, pero con una auténtica recomposición económica que supone quebrar de hecho el “contrato social”: estamos en una economía más desigual, que no garantiza que el trabajo sea un pasaporte de ciudadanía ni de ingresos suficientes, y que deja atrás a una parte muy importante de la población. ¿Cómo podemos reducir drásticamente las desigualdades y poner en pie un nuevo contrato social?

El aumento de la desigualdad de la renta viene de lejos, pero se agrava durante la crisis

Debemos tener en cuenta que el aumento de la desigualdad no es un fenómeno que pueda circunscribirse a la crisis, ni que responda exclusivamente a lo sucedido durante esta última década. De hecho, a comienzos de la crisis, los principales organismos económicos internacionales ya alertaban de la tendencia al aumento de las desigualdades económicas y sociales (véanse los informes del FMI –World Economic Outlook, 2007–, o de la OCDE –Employment Outlook, 2007–).

Ahora bien, la crisis ha agudizado esta dinámica de “crecimiento desigual”, profundizando una distribución de la renta cada vez más inequitativa.

España es el país de la unión monetaria en donde más ha aumentado la desigualdad en la última década. Este espectacular incremento desde el inicio de la crisis se debe fundamentalmente a tres factores:

a) una fortísima destrucción de empleo durante el periodo 2008-2012, acentuada por la facilidad de despido de las personas con empleos temporales y el abuso de este tipo de contratos.

b) unos duros recortes en el gasto público, que no sólo agudizaron la crisis y la destrucción de empleo, sino que además limitaron la capacidad redistributiva de nuestro débil Estado de Bienestar.

c) la política de devaluación salarial implementada por el gobierno del Partido Popular, principalmente a través de la erosión de la negociación colectiva y el impulso de la unilateralidad de las empresas para fijar condiciones salariales y de trabajo.

La superposición de estos tres factores ha llevado a que durante esta última década se haya producido un aumento de la desigualdad de la renta en todas sus facetas: ha caído el peso de los salarios en la renta nacional, ha aumentado la diferencia entre los salarios más bajos y más altos, y ha aumentado la desigualdad en las rentas personales incluso teniendo en cuenta la actuación redistributiva del Estado mediante impuestos y transferencias.

El gráfico 1 ilustra la continuada caída que ha experimentado la participación de los salarios en la renta nacional (ajustada para incluir tanto el trabajo asalariado como el autónomo, siguiendo la metodología de AMECO). Desde 1995 estas rentas han reducido un 6% su peso en el Producto Interior Bruto. El elevado desempleo, la generalización del empleo precario y las políticas económicas impuestas por el gobierno del PP –particularmente la reforma laboral de 2012– han seguido profundizando esta tendencia en el marco de la crisis. Desde el comienzo de la crisis, la pérdida experimentada por las rentas del trabajo equivale a 2 puntos porcentuales del PIB. Si esto no hubiera ocurrido, el conjunto de trabajadores y trabajadoras habrían ingresado en 2017 unos 20.000 millones de euros más, lo que supone entre 800 y 1000 euros más por persona al año.

Esto significa que los aumentos de la productividad han sido captados fundamentalmente por los beneficios empresariales y las rentas del capital, al tiempo que se consolidaba el estancamiento salarial para la mayoría social del país. Esta tendencia se ha profundizado además en los últimos años. En el gráfico 2 puede verse que, efectivamente, el crecimiento acumulado de la productividad real por hora trabajada supera el crecimiento de los salarios reales, particularmente desde 2010.

También se ha incrementado, en segundo lugar, la desigualdad salarial (la que tiene lugar entre el conjunto de asalariados y asalariadas). Si comparamos la evolución de los salarios por percentiles, en el gráfico 3a observamos que los sueldos más elevados (el percentil 90) se han incrementado notablemente durante la última década, mientras que los salarios más bajos (percentil 10) han experimentado una caída muy importante. Esto ha conllevado, tal y como se puede observar en el gráfico 3b, un fuerte aumento en la ratio entre los salarios más altos y los salarios inferiores. Es decir, la devaluación salarial ha afectado sobre todo a los salarios más bajos, por lo que en los últimos años ha aumentado el número de personas que trabajan pero están en situación de riesgo de pobreza, hasta alcanzar el 13% en 2016 (casi 4 puntos por encima de la media de la Eurozona).

Este ajuste salarial está incidiendo también en la brecha generacional y en la de género. El salario medio del conjunto de la economía aumentó en 2015, pero no entre las personas menores de 40 años, y el salario medio llegó a reducirse en un 5,1% para el grupo de entre 20 y 24 años. Atendiendo a la desigualdad de género, la brecha en términos de ganancia anual media alcanzó un 22,9% en 2015, el sueldo por hora de las mujeres fue de media 2,25 euros menor que el de los hombres, y el porcentaje de mujeres que ganan entre 0 y 2 veces el SMI fue del 55,1%, más de veinte puntos por encima del de los hombres.

Esta evolución de la distribución primaria de la renta (reparto entre salarios y beneficios), así como de la desigualdad salarial, ha determinado el aumento entre 2007 y 2015 del índice de Gini antes de incluir las transferencias sociales, que ha pasado de 0,45 a 0,51. Más aún, los fuertes recortes del Estado del Bienestar que tuvieron lugar entre 2010 y 2014 han hecho que se debilite la capacidad redistributiva de las distintas transferencias sociales (pensiones, desempleo, dependencia, viudedad, orfandad, o vivienda) y el índice de Gini de la renta disponible (después de transferencias) también ha aumentado: de 0,32 en 2007 a 0,35 en 2015.

El tipo de crecimiento económico y de creación de empleo que está teniendo lugar no reducen la desigualdad

La relación entre creación de empleo y reducción de la desigualdad no es automática, como a veces se presenta, sino que depende del tipo de crecimiento que se produzca. Por ejemplo, entre 2000 y 2007 se crearon 8 millones de puestos de trabajo, pero el peso de los salarios en la renta disminuyó 2 puntos porcentuales y el índice de Gini permaneció relativamente estable. La vuelta al crecimiento económico durante el periodo 2014-2017 tampoco está sirviendo para reducir los aumentos de la desigualdad asociados a la crisis económica.

Dos factores resultan determinantes en este sentido: el intenso y generalizado ajuste salarial propiciado por la reforma laboral de 2012, que llega hasta 2017, y la extensión del empleo atípico (temporal y a tiempo parcial) y de mala calidad. Entre el primer trimestre de 2014 y el segundo trimestre de 2017, casi el 60% del empleo creado ha sido de carácter temporal o a tiempo parcial. Como es sabido,  nivel salarial suele ser menor en ambos casos. Por ejemplo, una persona con un contrato temporal, por término medio, gana unos 8.000 euros al año menos que una persona con contrato indefinido.

Esta proliferación de empleos mal remunerados y precarios no parece pasajera, meramente asociada al ciclo económico. En la fase expansiva de 2002 a 2007, el 74% de los nuevos empleos creados fueron empleos indefinidos. Ahora, en la fase de crecimiento que va de 2014 al segundo trimestre de 2017, poco más del 40% lo son. Más bien, parece que se está produciendo una reconfiguración económico-social, en torno a una nueva correlación de poder y a nuevas instituciones en el mercado de trabajo, que impide que la recuperación económica se transmita a los trabajadores y a la mayoría social del país. El elevado desempleo aún existente no haría sino reforzar esta tendencia.

Construyendo soluciones: un programa integral para fortalecer la cohesión social

Una estrategia integral para reducir drásticamente las desigualdades y garantizar que los beneficios del crecimiento se reparten de forma más equitativa debe contemplar al menos tres niveles. El primero –quizá el más relevante en este momento– se refiere al desarrollo de un nuevo marco de relaciones laborales más equilibrado entre trabajadores y empresarios. En segundo lugar, es necesario avanzar en la creación de un verdadero Programa de Renta Garantizada para aquellos hogares que carecen de recursos suficientes. Finalmente, es ineludible acometer una profunda reforma fiscal que, con más progresividad y justicia, asegure recursos suficientes para financiar las políticas públicas.

El debilitamiento de las instituciones del mercado de trabajo que se ha producido durante la crisis dificulta enormemente un reparto relativamente equitativo de la renta allí donde esta se genera, la empresa. Un nuevo marco de pre-distribución, más equilibrado, debe articularse sobre la base de las siguientes medidas:

– Establecer un suelo a los bajos salarios, que impida la generalización de los contratos basura, incrementando escalonadamente el Salario Mínimo Interprofesional hasta alcanzar los 1000 € al mes en 2020.
– Poner en pie una verdadera ofensiva contra el trabajo precario y contra la temporalidad injustificada. Para ello, es fundamental penalizar contundentemente el uso fraudulento (sin causa) de la contratación temporal, establecer límites máximos a la proporción de trabajadores que tienen modalidades de contratación atípicas (temporal o parcial), y fijar desincentivos (“malus”) en la cotización a la Seguridad Social para las empresas que presenten una rotación excesiva en su plantilla o encadenen contratos de duración determinada para la cobertura de un mismo puesto de trabajo.
– Reformar el sistema de permisos por nacimiento o adopción, estableciendo un calendario de aumento del actual permiso de paternidad hasta igualarlo con el de maternidad y haciéndolo intransferible entre progenitores. Esto permitiría reducir la brecha salarial existente entre hombres y mujeres, especialmente si se acompaña del desarrollo de los servicios de dependencia y de cuidado a la infancia.
– Hacer frente a la “precariedad digital” asociada al “modelo Deliveroo”, reconociendo que  las relaciones entre las plataformas digitales y los trabajadores y las trabajadoras son de naturaleza laboral y no mercantil, y regulando estas nuevas actividades para propiciar condiciones laborales y salariales dignas.
– Reequilibrar la negociación colectiva, impulsando los marcos de negociación sectoriales –frente a los convenios de empresa–, y acabando con los — mecanismos de unilateralidad de los empresarios para fijar condiciones laborales o salariales.
– Retomar la senda de reducción de la jornada laboral sin reducción salarial –interrumpida hace décadas en nuestro país– para avanzar también en la necesidad de conciliar creación de empleo, redistribución de la renta y reparto de cuidados.

Salvo las comunidades de País Vasco o Navarra, nuestro país prácticamente carece de un programa de Ingresos Mínimos digno de tal nombre. Por tanto, desarrollar un verdadero Programa de Renta Garantizada también es fundamental para reducir drásticamente las desigualdades.

Un programa de renta diferencial (complementaria de los ingresos existentes) para todos los hogares con ingresos por debajo del umbral de la pobreza monetaria permitiría darle forma real a una estrategia de “crecimiento inclusivo”. Si además este programa contempla una retirada gradual (y no súbita) de las prestaciones conforme se encuentre empleo y los hogares vayan aumentando los ingresos, la reducción de las desigualdades será compatible con la erradicación de posibles trampas de la pobreza.

Los cálculos existentes en el diseño de esta medida, hechos a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, establecen un coste total de un 1%-1,5% del PIB. Teniendo en cuenta que España está a la cola de la UE en materia de fiscalidad verde, la simple equiparación de nuestros niveles de tributación ambiental con países como Bulgaria, Grecia o Malta, serviría para financiar esta medida. .

Construir un verdadero sistema de Renta Garantizada no es simplemente una cuestión de equidad y lucha contra las desigualdades. Además de fortalecer la cohesión social y la igualdad de oportunidades, también favorece el propio crecimiento económico, al reforzar la capacidad adquisitiva de aquellos hogares que tienen precisamente una mayor propensión marginal al consumo.

Finalmente, hay un tercer plano que no se puede ignorar. Revertir los recortes experimentados en educación, sanidad y protección social desde 2010, construir un auténtico sistema de Renta Garantizada y fortalecer la capacidad redistributiva de nuestro Estado de Bienestar sólo es posible si se aborda la siempre pospuesta reforma fiscal. Para ello sería necesario poner en marcha una reforma fiscal progresiva y una lucha decidida contra el fraude fiscal, con el fin de elevar el porcentaje de ingresos sobre el PIB al menos un 3%-4%, acortando la diferencia con la media europea (actualmente situada en 8-9 puntos del PIB).

El actual sistema fiscal permite que las personas con rentas elevadas no procedentes del trabajo por cuenta ajena paguen muy pocos impuestos. Ello se debe al tratamiento privilegiado de las rentas y ganancias de capital, así como a la existencia de regímenes especiales de estimación para las actividades económicas muy favorables. La imposición sobre el patrimonio y la riqueza ha sido prácticamente desmantelada. Además, y como consecuencia de las importantes deducciones que el sistema fiscal pone en su mano, las grandes empresas tributan únicamente el 5%-6% de su resultado contable. Y no es aceptable que dejen de recaudarse más de 60.000 millones de euros cada año por no luchar eficazmente contra el fraude fiscal. Si no se hacen frente a todos esos retos tributarios, difícilmente podremos equiparar sistema modelo tributario con los países de nuestro entorno. Y, como consecuencia, difícilmente podremos equiparar también nuestro Estado de Bienestar con los países de la Eurozona.