La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha desatado una tormenta en el sector sanitario. Farmacéuticos, distribuidores de medicamentos y laboratorios han cargado duramente contra su informe dirigido a recortar el gasto público que la Administración destina al pago de las medicinas. Dicho documento propone, entre otras medidas, modificar el actual sistema de copago porque el actual favorece sólo a los pensionistas y castiga a las rentas bajas. En su lugar, propone extenderlo escalonadamente a todos los trabajadores en función de la renta.
El texto también aboga por extender las subastas de medicamentos a toda España. Dichas subastas fueron instauradas por la hoy ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cuando era consejera de Salud de la Junta de Andalucía, y han desatado todo tipo de críticas por parte del sector al generalizar los desabastecimientos de fármacos. Tras el cambio de Gobierno en esta comunidad, el PP ha anunciado su intención de revocarlas, pero los agentes que participan en la cadena del medicamento temen que el PSOE trata ahora de extenderlas al conjunto del país desde el Gobierno central, aprovechando para ello el informe que las recomienda elaborado por la AIReF.
Fedifar, la patronal de distribuidores farmacéuticos, cree que no sería el camino adecuado. A juicio de su presidente, Eladio González Minor, “una subasta de medicamentos causa mayores perjuicios a los operadores que ahorros obtiene el sistema y, sobre todo, pone en riesgo y compromete el correcto acceso de los pacientes a los tratamientos que necesitan”. Según dijo, “tenemos experiencias que han puesto en evidencia que las subastas de medicamentos pueden derivar en graves problemas de abastecimiento de medicamentos. Extender este tipo de experiencias a nivel nacional es sumamente complejo y arriesgado, no sólo desde el punto de vista económico, sino en algo que nos preocupa más: en términos de salud para los ciudadanos”, asegura.
Para Farmaindustria, la patronal de los laboratorios farmacéuticos que operan en España, “el estudio de AIReF sobre gasto en recetas se centra en la reducción de costes a corto plazo y deja de lado el valor y el ahorro que aporta la inversión pública en medicamentos”. La industria, que recuerda que el gasto público en recetas se ha reducido desde 260 euros per cápita en 2010 a 228 en 2018, insiste en que el estudio deja de lado los aspectos relacionados con la salud, la calidad de vida y el interés de los pacientes para centrarse de forma exclusiva en la reducción de costes a corto plazo, sin reconocer los beneficios que los medicamentos innovadores suponen para la sociedad en términos de años de años de vida ganados y ahorros de costes sanitarios y sociales”.
Por su parte, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos recuerda que “los medicamentos son un bien social y no un producto de consumo. En ningún caso los pacientes entenderían que su tratamiento dependiera de la puja ganadora en cada momento”. La institución remarca que “en la actualidad, el 48% de los medicamentos que no están disponibles en las farmacias son fármacos incluidos en las subastas andaluzas, única comunidad en la que se ha aplicado y que ha anunciado su retirada”.
