Este miércoles, en su primera comparecencia en el Congreso, Pablo Iglesias anunció que habrá un ingreso mínimo estatal para todos los hogares “lo antes posible”.
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Era una de las promesas electorales estrella de Podemos, entre las propuestas económicas de su programa, defendían garantizar una renta de 600 euros al mes para completar ingresos insuficientes.
La implementación de políticas como la renta básica, que suponen transferencia de dinero sin imponer condiciones, hace que el debate político sea extremadamente complejo. Actualmente, ya existe un sistema gestionado por las comunidades autónomas que, según Iglesias, cuenta con bajos niveles de cobertura y no está bien coordinado, con lo que se generan desequilibrio.
¿Qué es la renta mínima garantizada?
La renta mínima garantizada es una prestación monetaria –no en especie como la sanidad o la educación– que el Estado abona a todos los ciudadanos de un país de manera incondicional y por el mero hecho de serlo. Se trata de una asignación pública monetaria incondicional y universal a toda la población.
Esta renta corresponde a una política social redistributiva. Así, las autoridades fiscales buscan garantizar un nivel mínimo de ingresos para todos los ciudadanos y reducir las desigualdades sociales.
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Consiste en garantizar el cobro del mismo nivel de ingresos para cada ciudadano, independientemente de su situación personal.
Renta básica en otros lugares del mundo
A lo largo de la historia, se han puesto en marcha numerosas iniciativas orientadas a la implantación de una renta básica universal, pero nunca ha existido un consenso generalizado sobre cómo materializarla.
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La primera región que concedió la renta básica en todo su territorio fue Alaska. Las primeras pruebas del estado número 49 de Estados Unidos se remontan al año 1976 con la creación de «Alaska Permanente Found», un fondo soberano financiado a través de los ingresos del petróleo con objeto de almacenar, gestionar y repartir los diviendos de la lucrativa exportación de carburante. Y desde entonces, «la tierra grande» reparte determinadas sumas de dinero a todos sus ciudadanos anualmente.
Desde entonces, se han llevado a cabo varias iniciativas en Estados Unidos han empezado a apostar por estudiar la renta básica, especialmente desde las administraciones locales. En la ciudad de Nueva York, existe un programa piloto que proporciona a los ciudadanos un nivel de ingresos garantizado con el objetivo de ayudarles a ajustar el uso del tiempo entre el trabajo remunerado y la capacitación laboral o los programas educativos, mejorando sus perspectivas a largo plazo y las ganancias futuras. Según explica Ana Berenguer en el estudio del Observatorio de LaCaixa ‘Reforzar el bienestar social: del ingreso mínimo a la renta básica’, “Independientemente de la forma que tome la renta básica, ante los retos que plantea la nueva economía, un ingreso básico debería ser incondicional y proporcionar un salario mínimo para mitigar la inseguridad económica cuando se pierde el empleo o se recortan las horas laborales».
A comienzos de 2017, el gobierno finlandés puso en marcha un programa piloto de renta básica. Durante este ensayo, 2.000 desempleados finlandeses de entre 25 y 58 años seleccionados aleatoriamente recibieron una renta básica mensual de 560 euros libres de impuestos a lo largo de 2017 y 2018, un ingreso que siguieron recibiendo aunque encontraran trabajo durante ese periodo.
El objetivo del experimento, el primero a nivel nacional que se realiza en el mundo, era analizar si la renta básica servía para incentivar la búsqueda de trabajo, reducir la burocracia y simplificar el complejo sistema finlandés de prestaciones sociales.
Según las conclusiones preliminares, a la espera de las definitivas, establecen que la concesión de una renta básica no ayuda a estimular el empleo, aunque sí aumenta la sensación de bienestar de quienes la reciben.
Los suizos rechazaron la semana pasada el plan de renta básica garantizada. Casi el 80% de los votantes se opusieron al pago de 2.250 euros mensuales para todos los adultos. Pese a haber obtenido en torno al 20% de los votos a favor, los defensores se mostraron satisfechos por la popularidad que ha conseguido un concepto que, alegan, tarde o temprano habrá que poner en marcha. Ningún grupo político apoyó abiertamente una propuesta que, según estimaciones, requeriría unos ingresos adicionales para las arcas públicas superiores a los 22.000 millones de euros.
