Sacyr y sus socios pierden el primer arbitraje por el Canal de Panamá

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Primer golpe para Sacyr en las reclamaciones que le enfrentan a las autoridades panameñas. La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ha comunicado a última hora de este lunes su victoria en una de las demandas que le enfrentan desde hace meses con el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), liderado por la constructora española y en el que también participan la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña Cusa. El fallo obliga a las firmas asociadas para la ampliación del canal —obra entregada a mediados del año pasado tras casi una década de trabajos— a abonar más de 22 millones de dólares (18,6 millones de euros) por “gastos en el proceso de arbitraje”, siempre según la información proporcionada por el ente público que gestiona la infraestructura. A esa cantidad hay que añadir otros 900.000 dólares (poco más de 760.000 euros) “en concepto de provisión para gastos”. A última hora de la tarde horario panameño (madrugada española), Sacyr no se había pronunciado al respecto.

“GUPC y sus accionistas presentaron reclamos por encima de 192,8 millones de dólares (163 millones de euros) y también solicitó una extensión de tiempo. Todos los reclamos fueron desestimados”, subraya la Autoridad del Canal de Panamá en la nota en la que ha notificado el resultado del arbitraje. “El Tribunal Arbitral constituido de conformidad con el reglamento de arbitraje de la ICC emitió su decisión final a favor de la ACP con respecto al reclamo sobre la ataguía [una estructura temporal diseñada y construida por GUPC para poder realizar trabajos en seco]en la entrada del Pacífico (…) reconociendo que el resultado es una victoria para la ACP”, añade el gestor público panameño. “Se encontró que GUPC fue plenamente responsable del diseño y la construcción de la ataguía. Los argumentos de GUPC que decían que la ACP había sido negligente fueron desestimados por el tribunal arbitral”.

El monto total susceptible de ser reclamado por el consorcio de Sacyr, Impregilo, Jan de Nul y Cusa a las autoridades panameñas por sobrecostes y retrasos en las obras ascendía a mediados de junio a 5.685 millones de dólares (algo más de 4.800 millones de euros). Las reclamaciones económicas no han dejado de aumentar, incluso después de que el Grupo Unidos por el Canal entregase la obra hace poco más de un año.

La resuelta este lunes no es la única solicitud de arbitraje tramitada por el ramillete de empresas constructoras ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), con sede en Miami (Florida, EE UU). De hecho, es una de las de cuantía más baja. El grueso de las desviaciones se deben a la calidad del basalto, fallas inesperadas en los terrenos sobre los que se desarrollaron los trabajos, huelgas y cambios normativos. También hay desencuentros por las garantías concedidas por GUPC a la Autoridad del Canal.

Las obras para la construcción del tercer juego de esclusas del canal de Panamá fueron adjudicadas en 2009 a GUPC por 3.118 millones de dólares, (2.940 millones de euros). Pero las desavenencias entre las partes, los retrasos y los sobrecostes —que llegaron a llevar a la paralización de las obras hace cuatro años— han suscitado dudas de la rentabilidad del proyecto.