En menos de 24 horas, el Gobierno y la Comisión Europea han resuelto las diferencias entre los deseos de Bruselas y las intenciones de Pedro Sánchez y su socio en el Parlamento, Pablo Iglesias, de aumentar el gasto a costa de subir más los impuestos para lograr el objetivo de déficit. Ayer se conoció la respuesta del Gobierno español, que lleva fecha del viernes y que está firmada por el secretario general del Tesoro, Carlos San Basilio, a quien iba dirigida la petición de Marco Buti, director general de la Comisión Europea. El Gobierno español se ratifica en que las premisas macroeconómicas y presupuestarias del Plan enviado a Bruselas el pasado día 15 «son prudentes y han sido respaldadas por la Autoridad Fiscal Independiente». El Tesoro asegura a la Comisión Europea que la previsión de cuentas para el próximo años suponen «el mayor esfuerzo estructural implementado por España desde 2013».
El viernes por la tarde, Bruselas ponía en tela de juicio el esfuerzo que España proponía en las cuentas para el próximo año, indicando que la reducción del déficit estructural de cuatro décimas del PIB estaba por debajo de la recomendación de los Veintiocho del 13 de julio (0,65% de PIB). También mostraba su disconformidad con el incremento propuesto de los gastos primarios (sin incluir los intereses de la deuda pública) del 1,7%.
Aclaración de ingresos
Para este segundo apartado también hubo respuesta ayer. El Gobierno señala que la tasa de crecimiento nominal de los gastos primarios en términos de PIB es inferior al 0,5% que el Pacto de Estabilidad establece como margen de flexibilidad. Para reforzar esa idea, el Tesoro incide en la determinación del Gobierno de aumentar el ritmo de reducción de la deuda, como lo demuestra «la ambición de las medidas estructurales previstas y la prioridad otorgada a lograr un superávit primario en 2019», sin tener en cuenta los alrededor de 30.000 millones que España paga cada año de intereses por su deuda.
En los dos folios de la respuesta española, el Gobierno destaca los nuevos acuerdos aprobados por el Consejo de Ministros del pasado viernes, que no estaban incluidos en los documentos enviados hace casi una semana. El Ejecutivo hace referencia a los dos proyectos de ley para crear un nuevo impuesto a las transacciones financieras y otro a determinados servicios digitales. Según los datos aportado el viernes al término del Consejo de Ministros, el Gobierno espera recaudar por ambos conceptos 2.050 millones de euros. Sólo la denominada «tasa Google» tendrá un impacto recaudatorio de 1.200 millones. este impuesto aplicará un gravamen del 3% de los ingresos que se generan por los servicios de publicidad on-line, servicios de intermediación en línea y la venta de datos que se recopilan a partir de las informaciones proporcionadas por los usuarios.
Para el Gobierno, la aprobación de estas medidas, demuestra «la diligencia y la ambición acerca del compromiso de implementar las medidas de ingresos previstas». En la carta, el Gobierno dice que otras medidas de ingresos incluidas en el Plan Presupuestario con respecto a los impuestos corporativos, a los ingresos y al medio ambiente «se aprobarán junto con el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado».
El Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez se ha comprometido a proporcionar a Bruselas datos más detallados para subrayar la coherencia entre el Plan Presupuestario y los objetivos fiscales, que con otras previsiones hubiera llevado a España a un déficit del 2,2% del PIB. España enviará también, cuando presente los PGE 2019 (a mediados de diciembre, en principio) una explicación más detallada de las medidas de ingresos y gastos y su impacto, así como aclaraciones sobre el impacto presupuestario del aumento del salario mínimo.
