Al Ejecutivo le ha molestado, y mucho, que el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, perciba el bono social térmico al que tiene derecho por tener familia numerosa, aunque no parece que le haya despertado el mismo recelo que también lo haya percibido Mónica García, líder en Madrid de uno de los partidos que le respaldan en el Congreso de los Diputados. Llevado por la polvareda mediática que ha levantado el asunto, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha anunciado que introducirá cambios en el bono social eléctrico para que, a diferencia de lo que ocurre ahora, las familias numerosas tengan que cumplir unos niveles de rentas determinados para acceder a esta ayuda, que otorga además de forma automática el extra del bono térmico.
El objetivo de este cambio sería evitar que rentas altas como las de Ossorio o García perciban unas ayudas pensadas de entrada para los más vulnerables. Una preocupación o miramiento que el Gobierno no ha tenido con muchas de las ayudas que ha diseñado en los últimos meses para hacer frente a los efectos económicos de la invasión de Ucrania y que ha concedido de forma universal.
Medidas como la gratuidad de los trenes de Cercanías y Media Distancia, que se ha prorrogado este año; el polémico bono cultural para los jóvenes o la rebaja del IVA de los alimentos no discriminan por razón de renta. Tampoco lo hizo la ayuda de 20 céntimos por litro para los carburantes, que se mantuvo hasta finales del pasado año de forma generalizada a pesar de que diversos estudios demostraron con posterioridad que los más beneficiados por esta subvención habían sido aquellos que más ganan porque, a la postre, son los que se pueden permitir usar más su vehículo particular.
En estos casos, al Gobierno no le molestó que los fondos públicos fueran a parar a manos de familias más pudientes que, en muchos casos, seguramente no las necesiten. Ni tampoco las críticas que se vertieron contra esas políticas por parte de entidades como el Banco de España o la Comisión Europea precisamente porque esos fondos han acabado beneficiando en muchos casos más a las rentas más altas.
El regulador financiero, por ejemplo, aseguró en mayo de 2022 que las medidas de apoyo a hogares y empresas frente a la “perturbación de precios de la energía” debían tener una “naturaleza temporal”, permitir una “aplicación rápida” y El Banco de España carga contra las medidas anticrisis del Gobierno. Además, ya avanzó que, en el caso de los 20 céntimos de los carburantes, tendría un carácter regresivo dado que no beneficiaría los que tienen menos recursos.
En otro análisis publicado el mes pasado, la organismo que dirige Pablo Hernández de Cos aseguraba que el Gobierno va a destinar entre 34.000 y 40.000 millones de euros en medidas para hacer frente a las crisis energética y de inflación derivada de la guerra de Ucrania entre 2021 y 2025 y, de este total, tan sólo entre el 15% y el 20% han sido dirigidas a las rentas más vulnerables, con lo que entre el 80 y el 85% son de carácter generalizado.
Airef y Comisión Europea
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) también ha sido crítica con la forma en que se han desplegado las medidas. En su informe sobre los Presupuestos Generales del Estado de 2023, el organismo que dirige Cristina Herrero destacó en octubre que «las medidas que actúan sobre los precios de la energía y el transporte no se focalizan en los individuos de menor renta”, sostiene. La Airef explicaba que aunque las iniciativas pensadas para abaratar la factura eléctrica se reparten de forma homogénea por nivel de renta, las que actúan sobre el gas, el combustible o el transporte público “recaen en hogares con mayor renta”.
Desde la Comisión Europea también han sido críticos con la orientación que el Ejecutivo ha dado a las ayudas y reclamó a finales del pasado año al Gobierno de Sánchez que centre las ayudas en los que más las necesitan. Pero cuando el Ejecutivo se ha visto en la tesitura de responder a estas críticas, ha argumentado que algunas de ellas, como por ejemplo la ayuda a los carburantes, eran muy difíciles de articular por renta. En Francia, para sortear esta dificultad, el Estado entregó cheques a las familias más vulnerables equivalentes al valor del descuento aplicable a un mes de consumo de carburante. Para ello, se sirvió de los datos fiscales que tiene a su alcance de sus contribuyentes sin necesidad de estigmatizar a ningún consumidor.
