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Tribunal de Cuentas: detectan sobrecostes en las obras del AVE

Las obras del AVE son un pozo sin fin que se traga miles de millones de euros con el objetivo de «vertebrar» España y llevar la alta velocidad a cada rincón de la península. En cualquier caso, el problema no es tanto la elevada factura de estas infraestructuras, como el sobrecoste entre lo presupuestado y el dinero finalmente gastado. Esta es la conclusión que se desprende de un informe del Tribunal de Cuentas, que fiscaliza la actividad de las sociedades públicas constituidas para la construcción de una docena de estaciones del AVE y los accesos ferroviarios a Alicante, Almería, Barcelona, Cartagena, Gijón, León, Logroño, Murcia, Palencia, Valencia, Valladolid, Vitoria y Zaragoza.

En concreto, el Tribunal de Cuentas ha detectado un agujero de 7.637 millones de euros en concepto de desviaciones sobre el presupuesto inicial, como consecuencia del aumento del coste de las actuaciones al cierre de diciembre de 2016. Inicialmente, las obras debían de tener un coste de 4.101 millones de euros, pero ahora se estima que se disparará hasta los 11.739 millones. Es decir, un aumento del 186%. Los mayores sobrecoste corresponden a los proyectos de la estación de La Sagrera de Barcelona (+547%), Alicante (+396%) y Cartagena (+282%). Además, la necesidad futura de financiación de todos los convenios ascendía a 2.049 millones de euros, siendo especialmente significativo el déficit en Valencia, que con 1.060 millones de euros absorbía más de la mitad del déficit global.

Por otra parte, las actuaciones previstas de los diferentes convenios presentan un bajo nivel de ejecución, ya que las actuaciones de infraestructura ferroviaria sólo se han ejecutado al 27% y las de las actuaciones urbanísticas, al 21%. «Solamente las relativas al convenio de Zaragoza se encontraban prácticamente terminadas, mientras que en el extremo opuesto, los convenios de Almería, Cartagena, Murcia y Vitoria no alcanzaban el 2% de realización», asegura el Tribunal de Cuentas, que destaca que aparte de Zaragoza, tan sólo en Logroño se supera el 50% de ejecución. Estas sociedades, participadas a partes iguales entre ADIF y las administraciones autonómicas y locales, se crearon entre 2002 y 2010 para coordinar las actuaciones correspondientes al desarrollo de las obras derivadas de la remodelación de las redes arteriales ferroviarias de cada ciudad y la transformación urbanística derivada de la misma.