1-O: movilización contra el PP

A veces parece un déjà vu, pero no es lo mismo. El president Carles Puigdemont, acompañado del líder de ERC, Oriol Junqueras, anunciaron el viernes pasado la fecha y la pregunta de un nuevo referéndum que debería celebrarse el 1 de octubre. Aunque esa consulta no estaba prevista en la hoja de ruta de los partidos independentistas, según la cual a estas alturas ya tenían que haber proclamado la secesión unilateral, éstos consideraron necesario un segundo intento. Para argumentar la sustitución de la declaración de independencia por el referéndum, se aseguró que éste no sería como el del 9 de noviembre, es decir, una experiencia sin duda exitosa en cuanto a la movilización, pero sin validez por cuanto la participación de los no independentistas fue minoritaria. Se trataba esta vez de organizar un referéndum con garantías suficientes como para que todos los catalanes se sintieran concernidos por una decisión de verdad histórica y concluyente.

Pero a cuatro meses de la fecha crucial, la sensación en el Govern en privado es que se celebrará algún tipo de consulta, pero en condiciones similares a las del 9-N. La única forma de otorgar eficacia a ese referéndum es conseguir que cerca de tres millones de catalanes acudan a votar. Es decir, una cantidad sustancialmente superior a la que participó en el 9-N, que llegó a los 2,3 millones de personas. Tres millones de votos permitirían concluir que existe una exigente voluntad de los catalanes de contarse. Y ésa es la meta del Govern y de los partidos independentistas, convencidos de que esa reacción forzaría a Mariano Rajoy a negociar.

Si ese objetivo está al alcance del independentismo es una incógnita que nadie está en condiciones de responder, más allá de los deseos de cada cual. La sucesión de actos simbólicos por parte del Govern, como el del pasado viernes, está pensada para mantener en alto la moral de sus seguidores, aunque es evidente que la épica que rodeó al 9-N no es la que se vive ahora, aunque sólo sea porque segundas partes no suscitan tanta expectación. Los rostros de algunos de los presentes en la foto del viernes no reflejaban la euforia ni la épica de un momento histórico, sino más bien la sensación de vivir un paso del que ya no hay marcha atrás. Descolgarse de la vía unilateral requeriría más valentía para soportar los agrios reproches de traición que continuar adelante.

En esa fotografía para la historia –una más– no estaba Artur Mas, artífice de este proceso, sin cuya figura el independentismo no habría logrado la pátina de viabilidad que ha adquirido en los últimos años en Catalunya. La carrera de Mas está seccionada. Pero otros siguen su estela y sus directrices. El acto del viernes no incluyó ninguna firma ni contrato administrativo recurrible. Es verdad que, en puridad, no fueron más que palabras, pero políticamente marcó un antes y un después. Fue un juramento para no echarse atrás. El Gobierno de Rajoy actuará judicialmente contra un buen número de políticos y cargos en los próximos meses. Por eso, es imposible que el 1-O sea un referéndum en condiciones. El Govern de la Generalitat ya sabe que el referéndum es, en realidad, el detonante perfecto para convertir la reclamación de independencia en una protesta contra el PP, un vector –éste sí– que une con especial vigor a una parte sustancial, y transversal, de la sociedad catalana.

Para que tres millones de personas se movilicen de una u otra forma el 1 de octubre no basta con el llamamiento a defender el llamado derecho a decidir, sino que es preciso transformar diferentes malestares en una reacción airada frente a un enemigo exterior. Y el Govern espera que Rajoy le proporcione los argumentos precisos. Entre los independentistas se barajan cuáles podrían ser las reacciones de Rajoy. Hay quien cree que se les puede llegar a acusar de traición, otros vaticinan que al president se le retirará la potestad para convocar elecciones, muchos opinan que el Govern será despojado de las competencias de Interior. Los más temen que todo aquel que sea condenado por desobediencia y malversación acabe sin patrimonio… En definitiva, unos están preocupados por el futuro del autogobierno catalán, otros por el propio y el resto por ambos males al mismo tiempo. Y todos ellos confían en que sean los ciudadanos, con su movilización, los que encuentren una salida a estos cinco años de excepcionalidad.

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