Ábalos asegura que los 4.000 millones que exigen los fondos por las radiales quebradas es “su estimación”

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El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este viernes que la reclamación de los fondos propietarios de la deuda de las nueve radiales quebradas, 4.000 millones de euros, responde a su “estimación” e “intereses”.

Estos fondos enviaron el pasado viernes un burofax a Fomento en el que reclamaban al nuevo Gobierno 4.000 millones de euros, según adelantó Expansión.

El Consejo de Ministros ha acordado la resolución de seis contratos de concesión de autopistas de peaje cuyas sociedades concesionarias se encuentran en fase de liquidación y, a partir de ahí, ha fijado un plazo de seis meses para calcular la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA).

Según ha señalado el ministro de Fomento esta resolución afecta a los contratos de la R-2, R-3/R-5, R-4, M-12 Eje Aeropuerto y AP-7 Cartagena Vera, unas autopistas que actualmente están siendo gestionadas por la sociedad pública Seittsa. Además, desde comienzos de año también ha pasado al Estado la Circunvalación de Alicante.

En este sentido, Ábalos ha explicado que la resolución de estos contratos se fundamenta en la situación de insolvencia y en la fase de liquidación en la que se encuentran las sociedades concesionarias que explotaban con anterioridad estas autopistas, que se vieron abocadas al concurso de acreedores.

Trámite

“Tal y como establece la Ley de Contratos del Sector Público la resolución es obligada, es un trámite obligado”, ha agregado.

A partir de ahora, se inicia un plazo de seis meses para el cálculo de la RPA, según ha indicado el ministro, que ha recordado que fue el anterior Gobierno el que acordó que las autopistas en quiebra pasaran a ser gestionadas por el Estado y se relicitaran en dos bloques.

“Seguimos los trámites que ya inició el anterior Gobierno”, ha insistido Ábalos, que no se ha pronunciado sobre el importe que podría alcanzar la RPA.

Fomento ya ha avanzado que es “imposible” cumplir con los plazos que anunció el anterior departamento para volver a licitar, a partir de este mes, las autopistas de peaje en quiebra que han revertido al Estado y ha reconocido que el proceso está en fase demasiado inicial para que se produzcan antes de 2019.

Así, Ábalos ya aseguró ayer que los plazos anunciados por su antecesor estaban “muy lejos de ser ciertos” y los pliegos para licitar estas autopistas no estaban listos y su tramitación alargaba irremediablemente el proceso.

El actual equipo de Fomento también confirma los planes de su antecesor para incluir en este proceso de relicitación a la autopista AP-41, que discurre entre Madrid-Toledo y que está pendiente de la fase de liquidación.

Con todo ello, el objetivo es que esta carretera revierta al Estado y pase a ser gestionada por la empresa pública Seittsa, al igual que ha ocurrido con las otras autopistas en lo que va de año.

El actual equipo del Ministerio de Fomento no ha concretado de momento los ingresos que podrían obtenerse con la relicitación de dichas autopistas, un importe queel anterior ministro, Íñigo de la Serna, calculaba que estaría entre los 700 y los 1.000 millones de euros y que serviría para minorar el impacto de la RPA.