Después del operativo donde las fuerzas armadas y de policía lograron la captura de David Antonio Úsuga, alias “Otoniel”, máximo jefe del clan del golfo (uno de los carteles del narcotráfico en armas más importantes de Colombia) el pasado 23 de octubre, el presidente Iván Duque anunció que su gobierno seguirá comprometido con la ofensiva en contra del narcotráfico y de todos los grupos criminales que operan en el país.
El respaldo al accionar de las fuerzas del Estado fue mayoritario y hasta José Miguel Vivanco -director para las américas de Human Rights Watch, con quien el gobierno colombiano ha mantenido una relación difícil- publicó en su cuenta de Twitter una felicitación “al gobierno del Pdte. @IvanDuque por la captura de “Otoniel”, máximo líder del Clan del Golfo (quien) debe rendir cuentas ante la justicia por los cientos de crímenes cometidos bajo su mando”.
Sin embargo, aunque muchos esperaban algún tipo de reconocimiento por parte de Gustavo Petro -senador y candidato presidencial que puntea en las encuestas de intención de voto- su reacción dejó a muchos sorprendidos y preocupados.
Petro cuestionó la captura y sugirió que se pudo tratar de una negociación, pidiendo, además, que la contraloría haga estricto seguimiento al pago de la recompensa, pues sugiere indicios del uso corrupto de esta figura para “perpetuar capturas irreales de jefes narcos sin destrucción real de negocios ilícitos”.
Es decir, no reconoce y no respalda el accionar de las fuerzas armadas y de policía en contra de los carteles. Para el candidato de la Colombia Humana, lo que corresponde es poner fin a los operativos y lograr una alianza entre el Estado y el campesino cultivador de hoja de coca, alegando que el pueblo “intenta ser controlado por el narco”.
De hecho, una de sus propuestas es pagar a los delincuentes a cambio de que suspendan su actividad ilícita, como sugiere haberlo hecho cuando fue alcalde de Bogotá (2012-2015), lo que implica billones de pesos en gasto público, sin que se tenga claridad sobre las fuentes de financiación o la efectividad del programa.
Aún más grave es la idea que ha expresado Petro en su último libro, “Una vida, muchas vidas”, en la que sugiere que el pueblo puede levantarse en contra de las fuerzas militares “en nombre de la democracia”, recordando la coyuntura de la constituyente de 1991, cuando Antonio Navarro, entonces máximo dirigente del movimiento M-19 -otrora en armas- pactó con el gobierno de César Gaviria (1990-1994).
Petro no acepta pactos, acuerdos o caminos de diálogo que se alejen de su propio proyecto político y se puede leer que en 1991 prefería una reacción armada de las fuerzas del Estado para así liderar desde el M-19 un levantamiento popular.
Mientras la comunidad internacional ve en la captura de alias “Otoniel” la acción de un Estado que logra articularse para garantizar el imperio de la ley, la seguridad y la soberanía; Petro ve una negociación a la sombra que solo busca perpetuar las estructuras criminales y el negocio maldito del narcotráfico.
Va más allá e insiste en una alianza entre el Estado, cuando él lo dirija, y el pueblo, en contra del juramento que hacen los integrantes de las fuerzas armadas y de la policía de defender la Constitución y la ley, como lo siguen haciendo a pesar de las adversidades y obstáculos que hoy deben enfrentar, en el marco de un Estado que confunde justicia garantista con impunidad.
La lucha contra el clan del golfo ha demostrado que el conjunto institucional del Estado colombiano se puede articular de manera eficiente para lograr resultados contundentes en contra de las mafias y que, con firmeza, a pesar de la inmediatez que exige la opinión pública, se pueden diseñar estrategias de largo plazo para la desarticulación de los carteles y la recuperación del control territorial que había perdido el Estado.
Eso le quita el piso al discurso de Estado fallido y en manos del narco-paramilitarismo que promueve el líder de la Colombia Humana. Todo lo que evidencie imperio de la ley, acción contundente de las fuerzas armadas y respaldo de la comunidad internacional, es rechazado por las huestes petristas como algo sospechoso.
Afortunadamente, la opinión pública aún mantiene un amplio respaldo a las fuerzas armadas y de policía. Queda claro que Petro busca limitar su acción, cooptarlas o abiertamente enfrentarlas vía levantamiento popular. Ya lo advirtió, por escrito.
