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Alcaldes socialistas piden al Gobierno que resuelva cuanto antes los indultos para no perjudicarles en 2023

El PSOE cierra una semana marcada por la división interna a raíz de los posibles indultos que el Consejo de Ministros puede conceder a los líderes del referéndum del 1-O en el año 2017. El debate lo abría el lunes el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que preguntado por la posición del Ejecutivo sobre este asunto —ante la circunstancia de que el Supremo se iba a pronunciar a lo largo de la semana— pedía ver con “normalidad” la concesión de este privilegio, en el caso de que se diese, a los soberanistas catalanes.

Unas palabras que han provocado, desde entonces, una cascada de reacciones por voces internas del PSOE así como de la oposición, que ya ha anunciado que se manifestarán en la Plaza de Colón en contra de conceder los indultos. Las palabras Campo no han supuesto un verso suelto dentro del Ejecutivo, ya que el propio Sánchez ha adelantado que la decisión se adoptará teniendo en cuenta los valores de “concordia” que están recogidos en la Constitución.

Algunos barones socialistas, los primeros en salir en contra de conceder los indultos

No todos, sin embargo, comparten esta tesis. El expresidente socialista Felipe González señaló en una entrevista en ‘El Hormiguero’ el miércoles, tras las palabras de Sánchez y Campo, que no se dan las circunstancias de conceder la medida de gracia a los autores materiales del 1-O, ya que ninguno de ellos había demostrado algún tipo de arrepentimiento en el “golpe” a la Constitución y al estado de derecho que produjeron vía referéndum ilegal hace casi cuatro años.

Sus palabras, suscritas por le que fuera su vicepresidente, Alfonso Guerra, ha provocado que barones críticos con algunas de las tesis del PSOE hayan alzado la voz ante la posibilidad de que sea el Consejo de Ministros el encargado de concederles el indulto, algo en lo que finalmente el Supremo se ha mostrado en contra.

El primer barón socialista en salir en contra fue el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, quien a través de su cuenta oficial de Twitter explicó que era “evidente” que no se puede conceder esta medida a quienes no creen en las leyes que hacen esto posible. “Resulta evidente que no debe ser indultado quien no quiere serlo porque no respeta ni cree en las leyes que lo hacen posible. E igualmente es evidente que los problemas que tiene nuestro país de construcción de un modelo de convivencia no se resolverán mientras nadie quiera”, expuso.

Unas palabras a las que se han ido sumando otros presidentes autonómicos, como el presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, y el presidente aragonés, Javier Lambán. Sin embargo, no todos han compartido estas tesis dentro del PSOE. Tanto desde las federaciones de Valencia, Baleares, Cataluña así como de Navarra, entre otros, se han mostrado del lado del Gobierno, haciendo hincapié en que respetaran la decisión final que adopte el Gobierno.

Los alcaldes temen que esto les perjudique en los comicios de 2023

Bajo este contexto, algunos ediles socialistas han elevado la presión sobre el PSOE y han pedido a Sánchez que resuelva esta cuestión “cuanto antes” dado que no quieren que la decisión final pueda tener repercusión sobre las elecciones municipales de dentro de dos años.

Desde algunas federaciones, señalan diversos medios, temen que vuelva a ocurrir lo que supuso la crisis económica de 2011, que a raíz de la crisis económica que su Gobierno dejó al país las federaciones municipales, especialmente en los grandes núcleos urbanos, vieron cómo perdieron apoyos de forma significativa. Solo públicamente, de momento, ha sido el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, quien ha salido a defender las tesis de Moncloa, al señalar que lo “conveniente, oportuno y necesario” es darles la medida de gracia a los soberanistas.

Otros, como puede ser el alcalde de Vigo, Abel Caballero, así como el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, han intentado pasar de largo sobre esta cuestión, aunque el equipo de Espadas ha señalado que el debate no se da en los mejores momentos, dado que la opinión pública no contempla como ‘válida’ esta opción.