La utilización de la Justicia para fines particulares y políticos tiene un ejemplo muy claro en España con el exjuez, prevaricador y condenado, Baltasar Garzón. De él son conocidas sus relaciones con significativos miembros del Foro de Sao Paulo, así como con Alex Saab, testaferro de Maduro, y otros miembros importantes de la mafia comunista que tiraniza Venezuela. Esa que pretende ahora hacerse con el poder en uno de los pocos oasis alejados del comunismo que resisten en Iberoamérica: Brasil.
El ejemplo de Garzón y la perversión de la Justicia para ser utilizada con fines políticos ha sido bien asumido por el ‘mandamás’ judicial en este país: el ministro del Tribunal Supremo Federal, Alexandre de Moraes.
El magistrado parece el mejor discípulo del exjuez prevaricador español en Iberoamérica. No solo por la idéntica utilización que está haciendo de uno de los poderes del Estado en beneficio de sus aliados políticos, sino por la victimización que está protagonizando, como viene protagonizando en España Garzón desde su justa condena, a partir de que ha sido señalado por el presidente Jair Bolsonaro como el principal artífice de la persecución que la izquierda está llevando a cabo contra el líder brasileño para provocar su salida del poder.
El juez de la Corte Suprema en Brasil fue el blanco de las protestas que este martes recorrieron todo el país en una muestra de apoyo histórico a Bolsonaro. «No podemos admitir que una persona empañe nuestra democracia. No podemos admitir que una persona ponga en riesgo nuestra libertad», sentenció el presidente frente a una multitud en Sao Paulo en una afirmación que la izquierda brasileña ha utilizado para acusar a Bolsonaro de intentar provocar un golpe de Estado.
La realidad es que el señalamiento del magistrado por parte del presidente está más que justificado, como no lo están, por el contrario, las investigaciones y falsas acusaciones que Moraes ha puesto en marcha contra Bolsonaro y que están encaminadas a forzar su destitución.
El magistrado es el principal autor de las causas que están abiertas en la Corte Suprema que involucran a Bolsonaro y sus partidarios. La última de ellas, del pasado día 12 de agosto, investiga al presidente por hacer público un documento de la Policía Federal (PF) que prueba un ataque electrónico al Tribunal Supremo Electoral (TSE) en el año 2018 que podría haber alterado el resultado de las elecciones. Moraes acusa al líder brasileño por presentar pruebas de fraude electoral con la excusa de que el documento de la PF «era confidencial».
Las acusaciones contra Bolsonaro están encuadradas en la lucha que el presidente ha emprendido contra el sistema electrónico de votación. Un deseo lógico -el de volver al sistema tradicional de votos impresos- y que cuenta con suficientes respaldos sobre la alta posibilidad de fraude que guarda el voto electrónico. Así se ha demostrado reiteradamente en Venezuela y en otras naciones, donde el Foro de Sao Paulo lo ha utilizado para imponer a sus candidatos. El de Bolsonaro no es un requerimiento aislado: el Tribunal Constitucional de Alemania ha prohibido el uso de máquinas electrónicas de votación ya que considera que el sistema electrónico “no garantiza una votación secreta y un control democrático del cómputo«. Expertos y técnicos en la materia han asegurado que la robustez de los sistemas electorales electrónicos no puede ser garantizada. Entonces, ¿por qué tanto empeño en impedir la reimplantación del sistema tradicional?
La acusación de filtración de un documento confidencial solo es una de las muchas, y burdas, investigaciones que Alexandre de Moraes ha iniciado contra el presidente y todo aquel que se atreve a apoyarle. El pasado 7 de septiembre, ordenó el arresto de dos simpatizantes de Bolsonaro y, además, bloqueó las claves Pix -una forma de pago electrónico que se utiliza en Brasil- y las cuentas bancarias de dos entidades agroindustriales: la Asociación Nacional de Productores de Soja (Aprosoja) y su representación regional en Mato Grosso, bajo la acusación de que estas empresas estarían financiando el programa de manifestaciones en apoyo a Bolsonaro.
No son los únicos arrestos e incautaciones de bienes privados que este juez ha ordenado. A finales del mes de agosto, Moraes ordenó el registro de los domicilios del diputado Otoni de Paula (PSC-RJ), del cantante Sérgio Reis y otras siete personas, por difundir la convocatoria de las manifestaciones que se celebraron el pasado día 7. Antes de eso, en febrero de este año, ya había ordenado la detención del diputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ), también aliado de Bolsonaro, después de que publicara un vídeo en el que criticaba a los jueces del Supremo y pedía su destitución en lo que su defensa calificó como un «ataque a su inmunidad parlamentaria, al mismo ejercicio de la libertad de expresión y a los principios básicos que rigen el proceso penal brasileño».
En su discurso durante las manifestaciones del 7 de septiembre, Bolsonaro utilizó estos arrestos como la obvia justificación del señalamiento de la Corte Suprema. «No podemos seguir aceptando que una persona específica de la región de los Tres Poderes continúe atacando salvajemente a nuestra población. No podemos aceptar más detenciones políticas en nuestro Brasil«, dijo el presidente.
Estos arrestos políticos, así como la apertura de investigaciones fraudulentas contra Bolsonaro, no son los únicos motivos que convierten a Alexandre de Moraes en el principal impulsor de la persecución contra Bolsonaro y en un peligroso activo contra el mantenimiento de la democracia en el país. Además de esto, el juez también será el próximo presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE) y quien liderará, por tanto, el proceso electoral en octubre de 2022 y de quien dependerá, en gran medida, la fiabilidad de los resultados electorales.
Por si todo esto fuera poco, el magistrado fue ministro de Justicia -desde mayo de 2016 a febrero de 2017- durante el Gobierno de Michel Temer, continuador de la administración de Dilma Rouseff y procesado por sobornos relacionados con el caso Lava Jato, causa por la que fue arrestado en dos ocasiones y que todavía continúa abierta. Su nombramiento por Temer no estuvo exenta de polémica: ocupó la vacante del magistrado Teori Zavascki -fallecido en un accidente aéreo- y que actuaba como instructor de las investigaciones sobre la red de corrupción en el caso Petrobras que también ha salpicado al propio Temer. La oposición denunció entonces la candidatura del ministro como un intento del Gobierno de influir directamente en la Corte Suprema e interferir en esas investigaciones.
Además, Moraes ha sido acusado por su presunta vinculación con el llamado Primer Comando de la Capital (PCC), una de las bandas responsables de la ola de violencia que estalló en 2017 en diversas cárceles de Brasil y que derivaron en la muerte de 150 presos. El magistrado fue abogado de una empresa de transporte sospechosa de servir para blanquear dinero producto de las acciones delictivas de esta banda.
