La Fiscalía Anticorrupción no quiso investigar la posible financiación ilegal del PSOE con más de 4,4 millones de euros a través de la empresa pública Acuamed. Dicha financiación ilegal durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero ha sido destapada ahora en el marco del caso Azud.
La titular del Juzgado de Instrucción nº 13 de Valencia, Pepa Tarodo, que instruye el caso Azud, vinculaba esta semana a Acuamed con la obtención presuntamente ilícita de 484.480 euros por parte del PSPV-PSOE en el año 2007, cuando se celebraban elecciones municipales y autonómicas. No obstante, en el 2018 se denunció la posible financiación ilegal de los socialistas por una cifra muy superior, 4,4 millones.
El escrito, al que ha tenido acceso Libertad Digital, remitido al Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional por el ex director general de Acuamed Arcadio Mateo recordaba que el Juzgado de Instrucción nº 21 de Valencia emitió un auto en enero de 2018, en el que se recogía «la investigación de contratos de la empresa Crespogomar SL, adjudicados por distintos organismos públicos, y por la empresa Acuamed S.A».
«En dicho auto», añadía, «se pone de manifiesto que, de forma indiciaria, existiría financiación irregular de los partidos políticos PSPV‐PSOE y BLOC‐COMPROMIS, y también existiría falsedad documental con carácter continuado, pues Crespogomar S.L. habría facturado servicios prestados a dichas formaciones políticas durante la campaña electoral de 2007, haciéndose cargo del pago de esos servicios otras empresas. Se recoge en el auto que en lo relativo a los contratos de servicios adjudicados por ACUAMED, teniendo en cuenta la fecha de los contratos (noviembre y diciembre del año 2007), estos hechos irregulares estarían prescritos».
«Unido a lo anterior, y ratificándolo, se aporta en esta denuncia los documentos que certifican plenamente los indicios de haberse realizado adjudicaciones irregulares a Crespogomar S.L. y a Publicaciones Miracasa S.L. (empresas vinculadas entre sí) por Acuamed durante el año 2007. Podría ser que la rapidez del proceso de adjudicación a estas empresas, y el plazo tan escaso para la ejecución del contrato (del 1 de diciembre de 2007 al 9 de enero de 2008), estuvieran ligados a la celebración de Elecciones Generales el 9 de marzo de 2008 , dado que su convocatoria se publicó en el BOE mediante el RD 33/2008 de 14 de enero de 2008″, señalaba el escrito.
«La documentación aportada pone de manifiesto que en el periodo 2006‐2009, el gasto en concepto de publicidad de Acuamed ascendió a 13,96 millones de euros, con un máximo del gasto en 2007 de 7,45 millones de euros (74,2% de su facturación en ese año), razón por la que el resultado económico que estaba equilibrado en 2006 pasó a representar en 2007 unas pérdidas de más de 7,34 millones de euros. Este desmesurado gasto en 2007 se plasmó en la adjudicación de 47 contratos, existiendo indicios que a buena parte de ellos se les puede aplicar lo expresado en el Auto del Juzgado nº 21 de Valencia, como hace con los de Crespogomar SL», subrayaba el exdirector general de Acuamed.
«Analizando los 47 contratos de publicidad adjudicados por Acuamed en 2007, se obtiene un importe total de contratos indiciariamente con irregularidades de 4,47 millones de euros, de los que los identificados con indicios de delitos por el Juzgado de Instrucción nº 21 de Valencia apenas representan el 11,6% del total, lo cual señalaría que lo investigado por el mencionado Juzgado apenas representaría la «punta del iceberg» de las irregularidades acontecidas con las adjudicaciones de contratos de publicidad en ACUAMED en 2007″, concluía el escrito remitido a la Audiencia Nacional.
La negativa de la Fiscalía a investigar
La fiscal del caso Acuamed, Inmaculada Violán, rechazó investigar la presunta financiación ilegal del PSOE denunciada en la Audiencia Nacional en una pieza separada alegando que «en el caso analizado no existe elemento que vincule subjetivamente a los presuntos autores para delinquir», «tampoco conexión objetiva o instrumental» y «menos aún se da una relación de temporalidad».
Cabe destacar que aunque el delito de financiación ilegal no existía en aquellos años y el delito electoral estaría prescrito, se podría haber investigado un presunto delito de cohecho con el PSOE como beneficiario, tal y como ha decidido la instructora del caso Azud.
