La Fiscalía solicita una condena de quince años de prisión para el empresario Alberto Luceño y otra de nueve años de cárcel para el aristócrata Luis Medina por el conocido como caso mascarillas, una supuesta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la venta de material sanitario en plena pandemia de COVID-19.
El fiscal Luis Rodríguez Sol ha presentado ya su escrito en el que acusa a Luceño de los delitos de estafa agravada, falsedad en documento mercantil y oficial y otro agravado contra Hacienda.
Al hijo del duque de Feria y Naty Abascal, Luis Medina, le considera coautor de estafa y falsedad en documento mercantil por esta operación de compraventa de material sanitario en la que, según la investigación, se embolsaron más de 6 millones de dólares en comisiones.
En su escrito, además de la pena de cárcel, Anticorrupción pide para Luceño una multa total de 5,6 millones de euros, mientras que para Medina solicita 450.000 euros.
También reclama que indemnicen conjunta y solidariamente a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios de Madrid, que fue la que formalizó la compra, con un total de 7,8 millones de euros, cantidad correspondiente a las comisiones que ganaron y al sobreprecio que pagó el Ayuntamiento, entre otros conceptos.
En el caso de Luceño, la Fiscalía también quiere que abone 1,3 millones de euros a Hacienda si el tribunal considera que debió tributar por las comisiones que obtuvo.
El Ayuntamiento de Madrid, acusación en el procedimiento, solicita a su vez en su escrito que Luceño sea condenado a 11 años de cárcel y a una multa de 600.000 euros, mientras que para Medina pide 9 años y 450.000 euros, así como que ambos indemnicen conjuntamente a la Empresa de Servicios Funerarios con 7,9 millones de euros.
La acusación acusa a Luceño de delito continuado de estafa agravada, falsedad en documento mercantil y oficial, y a Medina de los dos primeros.
Los hechos se remontan a marzo de 2020, «en una situación de rápida evolución de la pandemia» de COVID-19 y «de extrema necesidad y carencia de materiales sanitarios». Según el fiscal, Luceño aprovechó que conocía a un empresario en Malasia que podía suministrar esos productos y acudió a Medina «para que este, dado que era una persona conocida en la vida social española, buscara y le facilitara el contacto con posibles instituciones públicas».
Medina, a través de una amiga común, «consiguió contactar con un familiar del alcalde de Madrid», que le proporcionó una dirección de correo del Ayuntamiento «a la que podía dirigir su oferta».
El fiscal subraya la «intención» de ambos de «enriquecerse exageradamente» a costa de la situación de necesidad mediante la venta de productos a «un precio muy superior al que les era ofrecido por los suministradores», como consecuencia de la «imposición de unas comisiones desorbitadas» que ocultaron al Consistorio, al que convencieron «de que actuaban movidos por razones altruistas».
Los contratos se negociaron entre Luceño y Elena Collado, coordinadora general de Presupuestos y Recursos Humanos del Ayuntamiento.
El primero impuso unas cantidades al Consistorio y ocultó «que un elevado porcentaje» (el 60 % en el caso de las mascarillas, el 81 % en el de los guantes y casi el 71 % en el de los test) «correspondía a comisiones» para él y Medina.
Fueron tres los contratos que firmó el Ayuntamiento: un millón de mascarillas por 6,6 millones de dólares; dos millones y medio de pares de guantes por 5 millones de dólares y 250.000 test por 4,2 millones.
Tras devolver parte de los guantes porque no eran los acordados, el Consistorio pagó 11,9 millones de dólares de los que, según el fiscal, Luceño se embolsó una comisión de 5,1 millones de dólares y Medina de uno, a pesar de que el primero prometió al segundo que cobrarían lo mismo.
El fiscal relata cómo inflaron los precios en artículos que a veces no eran de la calidad exigida. En el caso de las mascarillas, apunta, se llevaron como beneficio neto de la operación 4.000.000 de dólares, «el 148 % del precio real del producto».
«Además, el precio desembolsado por el Ayuntamiento de Madrid en esta operación (6,24 euros por unidad) fue, con gran diferencia, el más alto que un ayuntamiento español de más de 300.000 habitantes pagó por este tipo de producto», añade.
También les acusa de falsear documentos, incluidos algunos con la firma del empresario malasio San Chin Choon, para conseguir su objetivo, y afirma asimismo que Luceño evitó declarar a Hacienda sus ganancias reales.
Relojes, coches de lujo y una vivienda son algunos de los bienes que Luceño compró con el dinero conseguido, mientras que Medina lo gastó en un velero llamado «Feria» y en bonos, en su caso todo embargado en el juzgado, que también cuenta con los derechos que le corresponden al aristócrata por la herencia millonaria de su difunta abuela, Victoria Eugenia Fernández de Córdoba y Fernández de Henestrosa.
