La ley de Memoria Democrática ya es una realidad. La norma, fruto del pacto entre el Gobierno de coalición y Bildu, ha pasado este miércoles su último trámite parlamentario y ya forma parte del ordenamiento jurídico español, derogando la de ley Memoria Histórica, aprobada en 2007 durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
En total, los grupos parlamentarios del Senado presentaron 521 enmiendas parciales, aunque el PNV retiró su única enmienda, y otras dos enmiendas de distintos grupos que coincidían en pedir la supresión del título de rey de España fueron inadmitidas a trámite. Todas las propuestas de PP, Cs y Vox han sido rechazadas.
La portavoz del PSOE en el Senado, Eva Granados, ha hecho hincapié en la importancia de esta norma, concebida como una ley «para la verdad y contra el olvido» y cuyo sentido último ha descrito con una frase: «Abrir fosas para cerrar heridas«.
No lo han visto así los senadores del PP, Vox, Ciudadanos y UPN, que han coincidido en denunciar que esta ley «rompe el consenso de la Transición» y que impone una visión «sectaria» de la historia. También han afeado al PSOE que haya consensuado con grupos como EH Bildu esta ley, que aseguran que fomenta la «desigualdad» entre las víctimas del franquismo y las víctimas de Eta.
Con su aprobación, el Gobierno se compromete en la búsqueda de desaparecidos de la Guerra Civil y la dictadura franquista, así como en el estudio de posibles vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y finales de 1983, coincidiendo con el inicio de los GAL. Esta última cuestión fue presentada a través de una enmienda por Bildu, y, pese a que el PSOE se negó inicialmente a aceptarla, terminó incluyéndola.
Además, la Ley de Memoria Democrática declara «ilegal» tanto el régimen franquista como los tribunales franquistas, así como la nulidad de todas sus condenas, y amplía la definición de víctimas al incluir a las personas LGTBI, los niños adoptados sin consentimiento de sus progenitores y las lenguas y cultura vasca, catalana y gallega, entre otros casos.
Aunque no deroga la ley de Amnistía de 1977, establece también que todas las leyes españolas se interpretarán y aplicarán de conformidad con el Derecho Internacional, especialmente el Derecho Internacional Humanitario, «según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiable».
Por otro lado, contempla la creación de un inventario estatal de lugares de memoria democrática entre los que estará el Valle de los Caídos, que pasará a denominarse Valle de Cuelgamuros y tendrá un nuevo marco jurídico, ya que se declarará extinguida la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, de quien depende el monumento administrado temporalmente por Patrimonio Nacional.
