En 2023, el Gobierno prevé gastar 198.221 millones de euros.
El Gobierno pone en marcha ya el camino hacia los Presupuestos de 2023. Este jueves, el Congreso avaló la suspensión de los objetivos de déficit para 2023 y el Gobierno aprobó -sin estar sujeto al Congreso- un techo de gasto de 198.221 millones de euros, el mayor de la historia de España en un nuevo registro de récord por tercer año consecutivo. Esto supone una subida del 1,1 por ciento respecto al anterior año.
De igual manera, la suspensión de las reglas fiscales cumple también tres años consecutivos en vigor, justificado por las «excepcionales circunstancias derivadas de la guerra de Ucrania». La decisión ha contado con los votos a favor de PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu y Ciudadanos, entre otros, a lo que se ha sumado la abstención del PP. En total, 195 votos a favor, 53 en contra y 95 abstenciones.
Dentro de los 198.221 millones de euros de gasto para 2023, 173.068 millones corresponden a la parte del Estado -un 1,9 % más que en 2022- mientras que los aproximadamente 25.000 millones restantes corresponden a los fondos europeos.
Con este aval queda despejado el camino para la presentación del proyecto presupuestario del próximo año, que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, prevé registrar «en tiempo y forma» y para cuya negociación ha pedido «responsabilidad» a los grupos.
Como en años anteriores, el Gobierno había solicitado al Congreso que apreciara que se dan las circunstancias excepcionales previstas en los artículos 135.4 de la Constitución y el 11.3 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para suspender las reglas fiscales, en línea con la Comisión Europea.
De esta manera, los objetivos de déficit para 2023 dejan de ser vinculantes y se convierten en meras referencias, tanto para el conjunto de la administración (3,9 % del PIB, 1,1 puntos menos que en 2022) como para los subsectores.
Junto a la suspensión de las reglas fiscales, el Gobierno aprobó un techo de gasto «récord» de 198.221 millones de euros -no sujeto a aprobación del Congreso- con el que espera consolidar el crecimiento económico, la creación de empleo, el esfuerzo inversor y la protección ante la inflación.
En ese sentido, Montero ha abierto la puerta a prorrogar algunas de las medidas para paliar la inflación -entre las que se encuentra la bonificación a los carburantes- más allá de final de año e incluso incorporar otras adicionales, aunque esta posibilidad no estaba incluida en el cálculo del techo de gasto.
El PP ha defendido su abstención porque, aunque acepta la excepcionalidad de las circunstancias, echa en falta plazos y procedimientos, entre ellos un plan de reequilibrio a medio plazo, según la diputada Elvira Rodríguez.
En cambio, han mostrado su rechazo Vox -para evitar «ser cómplices de un incremento descontrolado del gasto», según el diputado Iván Espinosa de los Monteros- y Foro Asturias.
