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Así será la nueva ley de secretos oficiales: con un máximo 65 años y sin protección para la Corona

La nueva ley de secretos oficiales facilitará la desclasificación de documentos según su categoría y podrá afectar a todas las instituciones, también a la Corona, al tiempo que la comisión de gastos reservados del Congreso será órgano competente para encauzar las peticiones de desclasificación.

El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes el anteproyecto de ley de información clasificada que el Gobierno prevé aprobar definitivamente en las Cortes a finales de este año o principios de 2023, según ha dicho el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en rueda de prensa y que establece plazos de desclasificación que van desde los 4 años hasta los 50 años.

Sin embargo, Bolaños ha añadido que a partir de que entre en vigor la nueva ley, debido a la cantidad ingente de documentos clasificados desde 1968 se podrá desclasificar información bien de oficio o bien a petición de una persona interesada siempre que dichos documentos no vayan contra la integridad de una persona o contra la seguridad nacional del país.

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«No existe la clasificación de un documento de por vida. Hay un plazo máximo«, ha recalcado Bolaños tras incidir en que tampoco hay «ningún régimen diferente para ninguna institución del Estado y la ley se aplica a todas las instituciones por igual», también a la Corona.

Cuatro categorías

El ministro ha explicado que se establecen cuatro categorías de clasificación: alto secreto, secreto, confidencial y restringido y que la competencia para su clasificación como secreto y alto secreto será del Consejo de Ministros mientras que la competencia para clasificarlo como confidencial o restringido será de un elenco de autoridades que van desde los propios ministros hasta subsecretarios, secretarios de Estado o incluso directores de la Policía Nacional o de la Guardia Civil.

La ley por primera vez desarrolla un procedimiento para que la desclasificación sea automática cuando expira su plazo, en función de la categoría del documento, aunque en algunos casos es prorrogable.

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Los documentos de alto secreto se clasificarán durante 50 años y puede prorrogarse su clasificación durante 15 años más, mientras que los calificados como secretos tienen un plazo de 40 años y una prórroga de 10 más.

Los confidenciales se clasificarán entre 7 y 10 años y los restringidos entre 4 y 6 años.

Es decir, lo máximo que podrá permanecer secreta una información serán 65 años (50 más 15). Plazos que son revisables en cualquier momento por la misma autoridad que los ha clasificado.

Ante las críticas de algunos socios parlamentarios que ven estos plazos exagerados, Bolaños ha dejado claro que son «absolutamente razonables y van en línea con los países del entorno» tanto de la UE como de la Alianza Atlántica.

«Estos plazos son razonables, revisables por la propia autoridad y homologables con las legislaciones más avanzadas», ha insistido.

Otra de las novedades del anteproyecto es que se podrá clasificar un documento sobre un hecho cierto, futuro o previsible, como el fin de un conflicto bélico o el fallecimiento de una determinada persona, ha citado el ministro como ejemplos.

La nueva autoridad nacional para la protección de la información clasificada dependerá del ministerio de la Presidencia que hará cumplir la normativa, asesorará al Gobierno y a todas las unidades competentes en la clasificación.

La ley también regula el acceso a la información clasificada a los diputados de la comisión del Congreso de gastos reservados que podrán acceder a la documentación clasificada si la comisión lo estima oportuno.

Se regula por primera vez que cualquier persona afectada pueda solicitar la desclasificación del documento y pueda recurrir si la autoridad no se lo permite a la Sala tercera del Tribunal Supremo.

«La regla general será que se permita la desclasificación salvo si afecta a integridad de una persona o a la seguridad del Estado», ha resaltado Bolaños, que ha incidido en que hoy se da un «paso más en la regeneración democrática».

«Una ley avanzada, garantista que supera absolutamente una norma franquista», ha añadido tras señalar que el Gobierno está abierto a mejoras durante su tramitación y confiar en que tendrá una mayoría parlamentaria «rotunda».

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