Asociaciones judiciales han exigido en las últimas horas la dimisión de la ministra de Igualdad, Irene Montero, tras acusar a los jueces de prevaricación y machismo en la aplicación de la Ley del ‘sólo sí es sí’ que elaboró su departamento.
Hoy la propia Montero se reafirmaba en sus acusaciones apuntando que «los comportamientos machistas no pueden comprometer las decisiones judiciales porque ello revictimiza a las mujeres» y en la necesidad de que los jueces juzguen «con perspectiva de género» para «la correcta aplicación de las leyes».
Si ayer el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mostraba su «firme repulsa» a los «intolerables ataques» de Montero, este jueves la mayoritaria asociación judicial, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), solicitaba la dimisión de la ministra en un comunicado: «Las últimas declaraciones efectuadas por la Ministra de Igualdad, Irene Montero, se suman a sus ataques constantes a los jueces y juezas de este país y resultan intolerables e inadmisibles en una democracia, por ello, desde la Asociación Profesional de la Magistratura exigimos su inmediata dimisión».
En la misma línea, la Asamblea General de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), reunida en Palma, acordaba exigir la dimisión de la ministra de Igualdad y de la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell.
También el Foro Judicial Independiente (FJI) afirmaba este jueves que Montero debería presentar su dimisión tras cargar contra los jueces después de conocerse rebajas de condenas de agresores sexuales por aplicación de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como la ley del ‘sólo sí es sí’. En un comunicado, calificaba además la reacción del Ministerio de Igualdad de «injusta y pueril».
Por su parte, la asociación Juezas y Jueces para la Democracia, a la que pertenecía la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, criticaba las «muy desafortunadas e inapropiadas manifestaciones» vertidas desde el Ministerio de Igualdad.
Por su parte, la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) ha pedido contención al Ejecutivo por las declaraciones vertidas por Irene Montero contra los jueces, y advierte de que no deben precipitarse «culpando a los jueces y juezas» por las revisiones de condena a agresores sexuales tras la entrada en vigor de la citada Ley.
