“Por parte de la Comunidad de Madrid no se aplicará. Madrid no se apaga”, aseguró el lunes en Twitter la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a propósito del decreto del Gobierno para reducir el consumo de energía, cumpliendo las exigencias de la Comisión Europea.
Ayuso lo dijo sin contar con el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo. Contradiciendo lo que dijo el jefe de la oposición diez días antes cuando aseguró que le parecen correctas las medidas que «señalan límites de los aires acondicionados en verano o en invierno, de la calefacción», y propuso «pactar con los ayuntamientos un ahorro en alumbrado eléctrico nocturno para prepararnos ante eventualidades”. Y metiendo al presidente del PP en su primer embrollo.
Pero una vez que Ayuso se pronunció de esa forma contra las medidas aprobadas por el Gobierno, el PP nacional viró contra la norma hasta dejar entrever que cuando a finales de agosto o principios de septiembre se vote la convalidación del decreto en el Congreso su voto no será favorable.
Ya no puede votar a favor después de que la presidenta de Madrid tomara partido de forma tan clara contra el plan de ahorro. Por eso, primero el número tres del PP, Elías Bendodo, señaló que las comunidades tendrían libertad para aplicarla y luego otros dirigentes nacionales siguieron la estela de Ayuso para criticar la norma.
«No es solo la Comunidad de Madrid la que manifiesta su rechazo a las medidas del decreto sino que por ejemplo el Gobierno del País Vasco, donde no gobierna el PP, ha manifestado su rechazo a parte de esas medidas y ha manifestado que las va a incumplir” , aseguró este miércoles la coordinadora de Políticas Sociales del PP, Marta González.
Esta dirigente, además, explicó que apagar por la noche los escaparates de las tiendas pone en peligro a las mujeres.
Sin embargo, el Gobierno de la Comunidad de Madrid rectificó posteriormente a su presidenta y explicó que en ningún caso se desobedecerá el decreto aprobado por el Gobierno y que, en realidad, Ayuso se refería sólo a las medidas que afectan a las competencias autonómicas.
Pero el principal partido de la oposición ya sigue a la presidenta de Madrid y lidera el rechazo a las normas que desarrollan las pactadas por los estados miembros de la UE.
A España le corresponde reducir un 7% del consumo energético para prepararse ante un hipotético corte del suministro de gas por parte del presidente ruso, Vladímir Putin. El Gobierno explica que el objetivo de este plan es evitar que el corte afecte a las industrias, por los efectos demoledores que tendría para la economía.
La mitad de la energía que se consume se utiliza para la industria, un 25% para generar más energía y otro 25 para consumidores y pequeñas empresas. Según ese reparto, sólo es posible reducir de esta última parte y, por eso, en mayo ya se aprobó una orden del Ministerio de Presidencia que aplica a las dependencias de la Administración General del Estado las limitaciones que ahora se establecen para locales públicos.
En septiembre, España tendrá que presentar en Bruselas un plan de contingencia por si se llega a la situación extrema de un corte de gas ruso. Ese plan sí incluirá restricciones y, presumiblemente, afectará a la industria, con algún tipo de restricción.
Desde el punto de vista político, la posición de Ayuso y el seguimiento que ha hecho Feijóo, le han servido al Gobierno y al PSOE para arremeter contra el líder del PP.
El argumentario distribuido por el partido y Moncloa pedía a Feijóo que “ponga orden en el PP” y ese guion lo han leído este miércoles la ministra Raquel Sánchez y el portavoz del Grupo Socialista, Patxi López, entre otros.
Fuentes del Gobierno temen que las recomendaciones para reducir el consumo sean utilizadas contra el Ejecutivo y, por eso se han movilizado para explicarlo y evitar el efecto demoledor que tendría la idea de que desde Moncloa se dificulta la vida de los ciudadanos.
El argumentario del Gobierno se refuerza con la idea recurrente de que el PP se opone a todas las iniciativas del Ejecutivo, incluidas las que proceden de decisiones de la Comisión Europeas en la que tiene mayoría representantes del Partido Popular Europeo (PPE) al que pertenece el PP.
Los populares aseguran que el decreto no ha sido consensuado y el Ejecutivo explica que en las dos últimas semanas la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, se ha reunido con todos los portavoces parlamentarios (Vox no acudió) para escuchar sus propuestas.
