Inicio Actualidad Ayuso recurrirá el “autoritario” apagón de Sánchez ante el Constitucional

Ayuso recurrirá el “autoritario” apagón de Sánchez ante el Constitucional

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado hoy que el Gobierno regional ha dado orden a los servicios jurídicos para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el decretazo de ahorro energético aprobado por Moncloa.

Es un decreto, ha señalado la presidenta, “que actúa de forma arbitraria, autoritaria y, sobre todo, que atenta contra los comercios y demás establecimientos públicos, en un momento muy difícil para ellos”. Además, “invade competencias sin justificación”, especialmente en materia de educación y comercio, y “sin haber razones de urgencia”, ha destacado.

“En los últimos días hemos visto en algunos medios de comunicación cómo los propios afectados denunciaban que es una normativa sin sentido y que al imponerse de esta manera les ha sido imposible aplicarlo o no hacerlo con la celeridad que quisieran porque se está perjudicando gravemente en su actividad empresarial”, ha indicado Díaz Ayuso, quien ha defendido que los escaparates “son un reclamo para la venta, tanto de día como de noche”, y más, en una región “con tanta vida popular las 24 horas”.

Además, ha apuntado que, en otros establecimientos, la imposición de la temperatura está afectando al desarrollo comercial. “Los comerciantes son autónomos que ya soportan muchas trabas administrativas, muchos impuestos y que necesitan, sobre todo, ayuda, para que los clientes opten directamente por entrar en sus establecimientos porque si no, dejarán de comprar”, ha alertado la presidenta, quien ha añadido que, al contrario, el Gobierno de la Comunidad de Madrid “tiene claro que autónomos, comerciantes, empresarios, necesitan facilidades, colaboración, luz y apertura”. “Y todo, mediante diálogo y no amenaza de multa”, ha subrayado.

Invasión de competencias

El Gabinete autonómico adopta esta vía al entender que el Real Decreto-Ley vulnera e incurre en una invasión competencial que corresponde exclusivamente a la Comunidad de Madrid gestionar, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26.3.1.1, 27.8, 27.4, 26.3.1.2, 26.1.21 y 26.1.27 de su Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero. Asimismo, se considera que el referido artículo 29 vulnera los artículos 23.2 y 86.1 de la Constitución Española. El pasado mes de agosto, una vez conocido su contenido, el Ejecutivo autonómico anunció que interpondría un recurso de inconstitucionalidad, ya que la medida ponía en riesgo a pymes y autónomos, disuadía al turismo y crea una mayor inseguridad en las calles de los municipios madrileños. El texto del Gobierno central convertía, por ejemplo, a Madrid en la única gran capital europea cuyos escaparates quedarían a oscuras a las diez de la noche, entrando en colisión directa con la libertad de horarios comerciales existente en la región.

Igualmente, y desde el punto de vista sancionador, se cuestiona su aplicación, ya que no se especifica cuánto tiempo han de estar apagados los escaparates ni los edificios públicos. El texto va en contra también el Decreto de Salud y Seguridad en el trabajo de 1997, que establece que las actividades denominadas de trabajo ligero, como son las propias del comercio y la hostelería, no se pueden superar los 25 grados de temperatura. Se incumple así un decreto que regula la propia seguridad de los trabajadores, y que ha obligado al Ejecutivo central a rectificar sobre la marcha, ya que establecía temperaturas no inferiores a los 27 grados.

Como continuación a la invasión de las competencias de la Comunidad de Madrid en materia energética, la región dispone de un plan de eficiencia energética desde el año 2017, con el que se han llevado a cabo más de 3.000 actuaciones, muchas de ellas relacionadas con la instalación de luminarias LED, implementación de sistemas de alumbrado más eficientes también relacionadas con las envolventes de los edificios, además de realizar múltiples campañas de mejora de los sistemas energéticos, y de facilitar subvenciones a ciudadanos y a empresarios. Por último, la Comunidad de Madrid fue la primera administración autonómica en remitir una carta a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, solicitando que fuera convocada una reunión con los consejeros de las distintas Comunidades Autónomas ante las incertidumbres y dudas suscitadas por el Real Decreto que ahora se recurre desde el Gobierno madrileño.

Publicidad