Barcelona ofrecerá viviendas de alquiler de entre 200 y 800 euros

El Ayuntamiento de Barcelona y el Àrea Metropolitana (AMB) crearán una empresa público-privada que ofrecerá vivienda de alquiler a una media de 500 euros al mes. Los pisos estarán destinados a un importante segmento de la población que no puede pagar los altos precios que se están imponiendo en el mercado de arrendamiento. Se trataría de familias que, por un lado, a pesar de disponer de un trabajo y una renta aceptable, quedan excluidas del acceso a la vivienda por los elevados precios y que, por otra parte, tampoco tienen derecho a ayudas sociales por no estar en situación de vulnerabilidad. Este problema se ve agravado por la desaparición de los pisos con rentas que van de los 200 a los 800 euros mensuales, que tienen una demanda creciente y una oferta casi inexistente.

La nueva empresa, que podría empezar a funcionar a mediados del año que viene, es una sociedad anónima, con un 50% del capital público –aportado por el Ayuntamiento y la AMB– y el otro 50% procedente de un operador privado. La intención de las administraciones es la de iniciar un camino inédito en España que comportará introducir en el mercado residencial pisos a un precio asequible para rentas bajas-medias que ahora son muy difíciles de encontrar. Esta experiencia ya funciona con éxito en otras ciudades de la Unión Europea, donde se calcula que 27 millones de personas residen en viviendas de esta tipología.

El operador privado deberá aceptar un beneficio máximo del 4%

Antes de que acabe el año está previsto que el Ayuntamiento y el AMB constituyan la empresa pública Habitatge Metropolis Barcelona, que formará parte de esta sociedad anónima. Luego, a través de un concurso público, se elegirá al operador privado, que podría estar formado por varios socios: un inversor, un promotor y un gestor que crearían una unión temporal de empresas (UTE) .

El operador privado, según explicó ayer el gerente municipal de Vivienda, Javier Burón, deberá aceptar un beneficio limitado, que no excederá del 4%, y se primarán aquellas ofertas que estén dispuestas a asumir una rentabilidad inferior. Un hecho que, a su juicio, no desanimará a las empresas interesadas en participar, sobre todo porque existe una elevada demanda de este tipo de viviendas y por tratarse de un producto seguro, ya que las administraciones se harán cargo de los impagos. “Es una oportunidad para inversores que se quieran ganar la vida en proyectos no especulativos”, sentenció Burón.

Los solares, que acostumbran a representar entre el 30% y el 50% del coste de una promoción, los aportarían los ayuntamientos que son grandes tenedores de terrenos en los municipios. El objetivo es iniciar los trámites para construir 3.000 pisos de este tipo (1.500 en Barcelona y otros 1.500 en las localidades del área metropolitana) antes de que se acabe el mandato, en mayo del 2019. Esta previsión puede incrementarse legalmente hasta alcanzar las 4.500 unidades. De momento, ya se han identificado algunos solares donde podrían ubicarse las primeras promociones que se construirán en régimen de derecho en superficie. Esta figura jurídica permite a los ayuntamientos mantener siempre la propiedad del terreno y ceder los derechos del suelo a un tercero por un periodo de tiempo que, en este caso, todo apunta a que sería de 40 años.

Ayuntamiento y Àrea Metropolitana se alían para fomentar el arrendamiento

Con todo, también se podría dar entrada a empresas con promociones a medio construir y que ya tienen una cartera de viviendas de alquiler a su disposición. De este modo, la entrada de nuevos pisos sería inmediata. Tampoco se descarta que en la empresa público-privada participen pequeños inversores con un capital minorista. De hecho, según refirió Burón, en el resto de Europa muchos inquilinos tienen participación en la empresa que gestiona sus viviendas. Así se establece una buena relación entre inquilino y “casero”.

En Barcelona, las promociones se concentrarán en los grandes nichos de suelo público, que básicamente se ubican en el entorno de la Sagrera, el [email protected] y la Marina del Prat Vermell. En el caso del área metropolitana, Eduard Saurina, coordinador general de Servicios del AMB, explicó que ya están disponibles dos solares en Montgat y otros dos en Gavà, aunque añadió que muchos ayuntamientos de los 35 municipios del área metropolitano están realizando proyectos de vivienda pública susceptibles de ser incorporados a esta so­ciedad.

Los inquilinos los escogerán las administraciones y deberán cumplir una serie de requisitos que serán los mismos que los que se exigen, en el caso de Barcelona, al demandante de vivienda protegida de alquiler. Además, la capital catalana utilizará el actual Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial, donde ahora están inscritas unas 30.000 personas, para adjudicar las viviendas.

Otra de las cuestiones que deberá decidirse en los próximos meses afecta a la duración de los contratos. De momento se espera que sea superior a los tres años que ahora estipula la ley y llegar hasta los cinco años, un plazo que permitiría también la reforma de la vivienda. Sin embargo, Burón advirtió que esta es una cuestión aún por definir. También apuntó que se quiere construir vivienda de calidad con el fin de que la nueva empresa disponga de una buena imagen y marca.

Sobre la influencia que pueda tener este futuro operador público-privado en la contención de los precios del mercado de alquiler, Burón se mostró pesimista. Recordó que estamos a años luz de otros países en los que el arrendamiento tiene una mayor presencia y peso en la vivienda, pero aún así dijo que la empresa de ámbito ­metropolitano será un “buen principio”.

La creación de esta sociedad se enmarca en el plan de vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, aprobado en enero de este año, que prevé la construcción de casi 8.900 viviendas hasta el 2025.

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