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Bolaños pisa el acelerador para entregar la instrucción de las causas penales a la Fiscalía de Álvaro García Ortiz

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha pisado el acelerador para entregar la instrucción de las causas penales a la Fiscalía que dirige Álvaro García Ortiz. Bolaños se ha reunido esta semana con miembros de la Asociación de fiscales (AF), la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) a los que ha transmitido su objetivo.

Fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital afirman que «Bolaños pretende presentar antes o después del verano en el Consejo de Ministros la propuesta para reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). Dicha propuesta que podría llevar aparejada una reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal supondría que los fiscales pasaran a dirigir la instrucción de los procedimientos penales en sustitución de los jueces de instrucción».

«Bolaños pretende que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) informe en este mismo mes de abril sobre el anteproyecto de reforma de la LECrim que impulsó el que fuera ministro de Justicia socialista Juan Carlos Campo tras un intento frustrado anterior del exministro popular Rafael Catalá. El Consejo Fiscal ya informó hace dos años sobre el anteproyecto, pero éste se quedó parado», añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD afirman que «el cambio de modelo no va a sentar nada bien a los jueces de instrucción a los que habrá que buscar nuevas funciones y recolocarlos. Además, la reforma hará imprescindible reforzar notablemente la plantilla de fiscales en toda España. No obstante, el principal problema es entregar la instrucción de las causas penales a la Fiscalía que dirige Álvaro García Ortiz«.

«Desde su nombramiento, el fiscal general del Estado ha protagonizado numerosas polémicas, que se han intensificado en los últimos meses. La Fiscalía acumula ya dos condenas de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo por decisiones suyas. Por si esto fuera poco, en las últimas semanas el Ministerio Público desató la polémica por su papel en la investigación del delito de terrorismo al expresidente catalán fugado Carles Puigdemont en el caso de Tsunami Democrátic y por la filtración de datos confidenciales sobre el caso que afecta al novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso«, concluyen.

Durante las reuniones celebradas, las asociaciones de fiscales han trasladado diferentes reivindicaciones a Bolaños relacionadas con la digitalización de la justicia, medidas para asegurar la independencia de la Fiscalía General del Estado, la autonomía presupuestaria y reglamentaria, el régimen disciplinario, mejoras en las dietas de formación o que la formación de fiscales dependa de la Fiscalía General. El propio Bolaños ha defendido a los representantes del Ministerio Público contra los que dice se organizan «campañas» por «perseguir al delincuente».

García Ortiz acorralado por la filtración sobre el novio de Ayuso

La Fiscalía de Madrid difundió el pasado mes un comunicado desvelando la negociación secreta entre Alberto González Amador y el fiscal del caso Julián Salto. El propio fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ordenó emitir el citado comunicado. Posteriormente, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) presentaba una denuncia administrativa y otra penal por estos hechos.

Alberto González Amador se ha querellado contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) donde está aforada por supuesta revelación de secretos. Por su parte, el Juzgado de Instrucción nº 28 de la capital ha incoado diligencias previas a raíz de la denuncia del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) contra el Ministerio Público por esa supuesta revelación de secretos. Este miércoles el ICAM decía personarse en la causa y presentar una querella ante este Juzgado. Mientras tanto, el Juzgado de Instrucción nº 19 de Madrid que investiga el presunto fraude fiscal del novio de Ayuso ha aceptado la personación del PSOE de Madrid como acusación popular en la causa.