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Bruselas estudia si la reforma de la malversación de Sánchez viola las reglas antifraude

La Comisión Europea está estudiando si la reforma del delito de malversación promovida por el Gobierno de Pedro Sánchez, incluyendo la rebaja de penas prevista, vulnera las normas antifraude comunitarias, en particular por lo que se refiere a la protección de los intereses financieros de la UE. Así lo ha desvelado el comisario de Justicia, Didier Reynders, durante el debate celebrado este miércoles en el pleno la Eurocámara sobre la situación del Estado de derecho en España.

Reynders ha celebrado el desbloqueo del Tribunal Constitucional gracias al nombramiento de cuatro nuevos miembros, dos por parte del Gobierno (Juan Carlos Campo y Laura Díez) y dos por parte del Consejo General del Poder Judicial (María Luisa Segoviano y César Tolosa). No obstante, el comisario de Justicia ha vuelto a reclamar de nuevo «a todas las partes» renovar de forma urgente del CGPJ -cuyo mandato lleva 4 años caducado- y cambiar después su sistema de elección.

La comparecencia del comisario de Justicia sobre España se ha producido a petición del Partido Popular Europeo (PPE), que ha hecho uso del turno que le corresponde para fijar el tema del debate de actualidad en esta sesión plenaria

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Su presidente, el alemán Manfred Weber, ha esgrimido en declaraciones a este periódico su «inquietud» sobre la deriva del Estado de derecho en nuestro país, que a su juicio se traduce en la abolición del delito de sedición, la rebaja de penas a agresores sexuales tras la entrada en vigor de la Ley del «sólo sí es sí» o los «nombramientos políticos» en el Constitucional.

El comisario de Justicia no ha mencionado la Ley del ‘sólo sí es sí’ en ninguna de sus intervenciones. Por lo que se refiere a la abolición de la sedición, Reynders se lava las manos. «Como ocurre con la mayoría de delitos, el delito de sedición cae en la competencia exclusiva de los Estados miembros. Eso significa que los Estados miembros son libres de adoptar o enmendar la legislación en este campo como consideren oportuno, siempre que respeten sus obligaciones internacionales y constitucionales», se ha justificado.

La portavoz del PP, Dolors Montserrat, durante el debate en la Eurocámara sobre el Estado de derecho en España


La portavoz del PP, Dolors Montserrat, durante el debate en la Eurocámara sobre el Estado de derecho en España

Parlamento Europeo

En cuanto al Tribunal Constitucional, el comisario de Justicia ha evitado pronunciarse sobre el choque institucional que protagonizó en diciembre con el Gobierno de Sánchez (en el que Bruselas se posicionó del lado de los jueces). Pero sí se ha felicitado por la resolución del conflicto gracias al nombramiento de los 4 nuevos jueces que estaba pendiente desde junio.

«Estos nombramientos son importantes, ya que el funcionamiento de los órganos constitucionales es un elemento esencial del Estado de derecho», ha dicho el comisario de Justicia.

En cuanto a la reforma del Código Penal, la preocupación de Bruselas se concentra en el delito de malversación. «La Comisión está analizando actualmente estas nuevas disposiciones para verificar la compatibilidad de esta reforma con la legislación de la Unión Europea, en particular en lo que respecta a la protección de los intereses financieros de la UE», ha explicado Reynders.

La principal preocupación de Bruselas sobre España en materia de Estado de derecho sigue siendo la situación del CGPJ. El Ejecutivo comunitario reclama la renovación de sus miembros «de forma prioritaria», así como iniciar «inmediatamente después» un cambio en su sistema de elección para que sean los propios jueces los que elijan al menos a la mitad de sus miembros (en lugar de las Cortes como ahora).

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«Seguimos haciendo un llamamiento a todas las partes involucradas para que tomen las medidas necesarias con el fin de cumplir con éxito esta recomendación», ha subrayado el comisario de Justica en la Eurocámara.

Por lo demás, Bruselas reclama a Sánchez que refuerce la independencia del Fiscal General del Estado, desvinculando la duración de su mandato del Gobierno. Reynders ha pedido además más medidas para reducir la duración de los procedimientos judiciales, especialmente los que afectan a casos de corrupción de alto rango.

Finalmente, el Ejecutivo comunitario recomienda dar más recursos al nuevo regulador audiovisual, así como acelerar la reforma de la Ley de Secretos Oficiales con el fin de facilitar el acceso a la información por parte de los periodistas y de los ciudadanos en general.

Diálogo de sordos

Por lo demás, el debate sobre el Estado de derecho en España ha sido monopolizado por los eurodiputados españoles, que han mantenido un diálogo de sordos en el que se han limitado a repetir sus posiciones ya conocidas. PP, Ciudadanos y Vox acusan al Gobierno de Sánchez de debilitar las instituciones españolas, mientras que los parlamentarios de PSOE, Unidas Podemos y ERC replican que es la derecha la que instrumentaliza la Eurocámara para atacar políticamente al Gobierno de Sánchez.

«España sufre una preocupante deriva de degración democrática, deterioro institucional e irresponsabilidad gubernamental provocada por las últimas decisiones del actual Gobierno. No podemos callar mientras este Gobierno mercadea con España, haciendo cesiones ante los que buscan acabar con el propio país«, ha dicho la portavoz del PP en Estrasburgo, Dolors Montserrat.

El socialista Juan Fernando López Aguilar ha asegurado que el responsable del «secuestro» del CGPJ es el PP, que «no acepta los resultados de las urnas» y «pretende perpetuar la mayoría absoluta que tuvo en 2011 pero perdió en 2015».

El eurodiputado del PSOE Juan Fernando López Aguilar ha defendido la actuación del Gobierno de Sánchez en el debate en la Eurocámara


El eurodiputado del PSOE Juan Fernando López Aguilar ha defendido la actuación del Gobierno de Sánchez en el debate en la Eurocámara

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“Si les hablo de un presidente que quiere cambiar mayorías para nombrar al CGPJ ilegalmente, que indulta a políticos condenados por sedición y malversación y que reforma el Código Penal a la medida de estos para que no tengan el coste de la inhabilitación. ¿De quién hablo, de Orbán? No, de Pedro Sánchez”, ha dicho el portavoz de Ciudadanos, Jordi Cañas.

«Sánchez ha convertido a España en un espacio de impunidad, donde el delincuente recibe recompensa y la víctima humillación (…) Golpistas, políticos ladrones y violadores son los beneficiados por Sánchez: esta es la verdad que ninguna propaganda podrá ocultar. El Gran Hermano Sánchez dicta lo que los españoles pueden pensar de su historia, reescribiendo el pasado para controlar el futuro. Requisas e incautaciones de libros, profanción de tumbas y cancelación del nombre de calles y monumentos», asegura el líder de Vox, Jorge Buxadé.

«Yo no conozco partido político en esta Cámara más deseal con los intereses (no de su Gobierno) de su país como el Partido Popular español. Pueden hacer todo el ruido que quieran, pero no van a lograr empañar el buen trabajo que el Gobierno de coalición en España está haciendo en Europa», sostiene el representante de Unidas Podemos, Ernest Urtasun.

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