En su primera comparecencia tras decaer el estado de alarma y con el país sumido en un embrollo judicial por la falta de sintonía entre los tribunales sobre las restricciones, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha limitado este lunes a presumir de que España se encuentra en una «nueva fase» de la pandemia gracias al ritmo de vacunación, que cumple con el calendario marcado por el Ejecutivo: «Estamos a tan solo 100 días de lograr la inmunidad de grupo, es decir, de lograr el 70% de la población española vacunada».
En una breve comparecencia conjunta con el primer ministro de la República Helénica, Kyriakos Mitsotakis, en la que no ha habido preguntas, Sánchez no ha entrado a valorar el caos judicial por el que atraviesan las comunidades autónomas, y al que busca poner remedio el PP con un llamamiento «despesperado» por parte de Pablo Casado para que el Ejecutivo se abra a negociar una ley de pandemias que podría estar lista, según los populraes, en 15 días.
Sánchez, a quien la oposición acusa de esconderse y no dar la cara tras el batacazo electoral del PSOE el 4M, se encuentra en Atenas en el marco de la IV edición del Delphi Economic Forum. Ni este lunes el presidente del Gobierno atendió a los medios ni tampoco lo hizo en la cumbre de Oporto, donde dio plantón a la prensa, que esperaba sus declaraciones como en cualquier otra cumbre internacional.
«Volvemos a pedir desesperadamente que volvamos a una negociación para cambiar la legislación de pandemias», ha pedido Casado en un acto por el Día de Europa, en el que ha reclamado un marco que permita limitar la movilidad y hacer seguimiento de contactos.
Casado se ha mostrado muy duro con Sánchez por su «irresponsabilidad» al no haber legislado antes de que concluyera el estado de alarma. “Pedro Sánchez es el único responsable de las escenas de aglomeraciones en las calles, porque no ha querido aprobar una ley de pandemias como le llevamos pidiendo un año”, ha lamentado el líder del PP, que ha señalado directamente a Sánchez como «responsable» de las vidas y contagios que se produzcan en aglomeraciones que las comunidades autónomas no puedan evitar ante la falta de reformas legislativas.
Los primeros fallos judiciales sobre las restricciones propuestas por las comunidades evidencian una amalgama de criterios de difícil encaje. Canarias es por ahora la única comunidad autónoma que va a recurrir al Tribunal Supremo, que tendrá que pronunciarse sobre si es de aplicación o no el toque de queda, que sí ha sido avalado en Baleares y la Comunidad Valenciana por sus tribunales superiores de justicia respectivos. En Navarra, la Fiscalía ya se ha posicionado en contra de restringir la movilidad nocturna y en el País Vasco los jueces tampoco han avalado esta medida excepcional.
El Gobierno maneja dos escenarios por ahora: que las resoluciones del Supremo no clarifiquen la situación y tenga que abrirse a legislar en las Cortes, y la invitación a que la comunidad autónoma que lo desee pida el estado de alarma para su territorio.
