Siempre hemos estado comentando que había que entender el «procés» como la voluntad determinista de una mayoría parlamentaria que no tenía mayoría social. Ahora, ya claramente, hay que entenderlo como la expresión de un movimiento supremacista que pretende imponer una «república catalana» contra viento y marea. El discurso de investidura que pronunció el candidato Torra, radical ungido por el ex presidente prófugo desde Alemania, muestra a las claras que quieren imponer un programa político que desprecia a la mayoría de la población catalana, a toda aquella ciudadanía que pretende continuar siendo catalana, española y europea.
Se ha despejado también la formación del gobierno. Tras la reunión de la CUP habida en el día de ayer, esta formación se abstendrá para que el candidato pueda ser elegido, en segunda vuelta, por mayoría simple. ¿Por cuánto tiempo? Es difícil de prever, puesto que las legislaturas están previstas estatutariamente por cuatro años, pero llevamos varios votando cada dos como mínimo, por la inestabilidad que los partidos secesionistas han traído a Cataluña.
De acuerdo con el programa explicitado por el candidato Torra y que se aprobará con la votación de investidura, los ejes conductores del nuevo gobierno que se va a formar en Cataluña son los siguientes:
–Avanzar hacia la independencia, sin que importen los derechos individuales, considerados como «prescindibles» en aras de conseguir lo que «el sol poble» (el único pueblo) quiere.
–Construcción de la república independiente, poniendo en pie o reponiendo las estructuras de Estado que constaban en todas las hojas de ruta precedentes, incluidas las (pocas) que han sido controladas en aplicación del art. 155 de la Constitución.
–Internacionalización cada vez mayor del «conflicto» restableciendo las embajadas y las organizaciones de expansión del mensaje secesionista. Nada importa que ni la Unión Europea ni ningún gobierno haya reconocido a la nueva «nación» europea.
–Confrontación directa con los órganos estatales, especialmente el Tribunal Constitucional, el Gobierno y la judicatura, sin que preocupe lo más mínimo las repercusiones que ello puede tener en la debacle económica, política y social de Cataluña.
–Nueva aprobación de la legislación declarada anticonstitucional, especialmente la Ley de Transitoriedad Jurídica e instauración de la república y la Ley del Referéndum de Autodeterminación, aprobadas antirreglamentariamente, con el fin de favorecer una declaración de independencia efectiva.
Fundamentando este «programa» en lo que denominan el «mandato del 1 de octubre» (derivado de la pantomima de referéndum que hasta la Comisión de Venecia consideró que no cumplía con prácticamente ninguno de los requisitos/garantías que se exigen para considerarlos válidos), vamos a presenciar cómo se establece un régimen inspirado en el totalitarismo más rancio, en el que la ciudadanía deja de ser tal, por estar la mayor parte de ella excluida de la acción pública.
Efectivamente, bajo la vigilancia de la CUP y los CDR (Comités de Defensa de la República), las nuevas autoridades van a establecer un férreo control sobre cualquier institución, organización, sector socio-económico o, simplemente, sobre una ciudadanía que se va a ver expuesta a descalificaciones y acosos aún peores de los que actualmente padece. Lejos, pues, de que la instauración del gobierno consiga devolver la institucionalidad y reponer la democracia en Cataluña, el sector más radical se cobrará con creces el precio de los cuatro votos que van a permitir la investidura de Torra.
Y, frente a todo ello, ¿qué va a hacer el Gobierno de España? Durante los últimos meses ha centrado toda su estrategia en que se forme gobierno y se pueda dejar sin efecto el art. 155. Muchos nos hemos estado preguntando durante todo este tiempo si bastaba con se formara cualquier gobierno o si se requería que el gobierno que se formara renunciara a imponer vías imposibles por anticonstitucionales e irrealizables para entrar en un camino que nos devolviera esa Constitución y ese Estatuto que habían sido denostados, incumplidos y vejados desde el secesionismo.
Muchos creemos que no basta con que exista un gobierno. Ni en Barcelona ni en Madrid nos vale, desde el constitucionalismo, la existencia de cualquier gobierno. Necesitamos que en Cataluña se puedan ir cerrando fisuras que parecen agrandarse a marchas forzadas con los últimos acontecimientos y para ello hubiera sido necesario que algo, o alguien, hubiera conseguido que «el candidato libre de cargas procesales» estuviera también libre de supremacismo y de totalitarismo. Está visto que ni la transacción del cupo vasco lo ha conseguido sino que, por el contrario, le ha dado incluso más alas. El torpedo va directo a la línea de flotación, de Cataluña, de España y de Europa. Y no parece que se anuncien contramedidas que puedan desactivarlo.
