Cataluña reactiva su propio trasvase del Ebro tras bloquearlo para el Levante

El Gobierno aragonés anuncia una batalla legal y política para frenar las intenciones del Ejecutivo de Puigdemont

La Generalitat de Cataluña ha reactivado el viejo proyecto de trasvasar aguas del Ebro a municipios catalanes situados fuera de esta cuenca hidrológica. El plan, que retoma el que ya intentó poner en marcha -sin éxito- en el año 2010, reabre la polémica de los trasvases después de que los partidos catalanes hayan hecho piña, durante años, para oponerse a cualquier posible trasvase del Ebro hacia el Levante.

La cuestión ha abierto un conflicto añadido entre Aragón y Cataluña. El Gobierno aragonés ha confirmado que va a desplegar una batalla legal para frenar las intenciones del Ejecutivo de Carles Puigdemont y ha advertido al Ministerio de Medio Ambiente -cuyo visto bueno es requisito para el trasvase que pretende Cataluña- que no debe autorizarlo.

Cualquier posible trasvase del Ebro choca con el Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado en su día por los partidos de la Comunidad y refrenadado con el voto activo de PP y PSOE en el Congreso.

El Estatuto se opone, por sistema, a cualquier posible trasvase del Ebro por entender que no hay recursos hídricos suificientes en esta cuenca como para sostener una transferencia anual de caudales y que, además, eso comprometería la capacidad de Aragón -y de las regiones situadas aguas arriba- a aprovechar las aguas del Ebro.

De hecho, el Estatuto aragonés fuerza a los poderes públicos de la región a oponerse política y jurídicamente a cualquier posible trasvase.

Se trata de una oposición sistemática, al margen del volumen de agua a trasvasar, porque se entiende que la cantidad es lo de menos. Se subraya que permitir un trasvase -por pequeña que fuera su dimensión- sentaría un precedente legal que abriría la puerta a cualquier otro, incluido el controvertido trasvase del Ebro a Levante, Murcia y Almería por el que en su día apostó el Gobierno del socialista Felipe González y luego el del popular José María Aznar, aunque ninguno de ellos se llegó a realizar.

Lo que ahora pretende la Generalitat es derivar aguas del Ebro a 31 municipios catalanes. El Ebro pasa por Cataluña y desemboca en el Mediterráneo en suelo catalán. El problema es que varios de esos 31 municipios no pertenecen a la cuenca del Ebro y, por tanto, esa transferencia de caudales sería un trasvase en toda regla, de sustancia jurídica idéntica al que han estado reclamando desde el Levante durante años.

Además, en Aragón se teme que este plan de la Generalitat sea un primer paso para un trasvase más amplio, con el que, en el futuro, intentar derivar aguas del Ebro hasta Barcelona. Y esto multiplicaría la dimensión de ese trasvase.

Rechazo frontal de los partidos aragoneses

En Aragón, las intenciones de la Generalitat ya han generado un rechazo generalizado entre todos los partidos políticos. Solo Ciudadanos se muestra abierto a que se estudie el proyecto antes de adoptar una posición al respecto. Todos los demás -PSOE, PP, la Chunta, Podemos, el PAR e IU- han expresado su frontal rechazo al trasvase que pretende el Ejecutivo de Puigdemont y lo consideran inaceptable.

El Gobierno aragonés PSOE-Chunta, que preside el socialista Javier Lambán, se ha apresurado a anunciar que recurrirá ese proyecto de trasvase si lo autoriza la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), organismo del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.

A municipios catalanes sí, no al Levante

La Generalitat catalana defiende ahora este trasvase del Ebro después de haberse opuesto al de Levante. CiU, partido reconvertido en el Partido Demócrata de Cataluña (PdeCAT) al que pertenece Puigdemont -que gobierna junto a Esquerra (ERC) en la coalición Junts pel Sí-, aceptó fugazmente en 2001 el trasvase del Ebro proyectado por el Gobierno de Aznar. Lo hizo a cambio de concesiones de inversión extra para Tarragona. Sin embargo, al tiempo cambió de posición y adoptó un rechazo frontal al trasvase del Ebro, tal y como reiteradamente manifestaron los líderes de CiU durante años, al igual que el resto de partidos de la órbita nacionalista.

Así, por ejemplo, en marzo de 2012 el Parlamento catalán aprobó una moción -de la que solo se desmarcó el PP- en la que se rechazaba frontalmente «cualquier modificación del vigente Plan Hidrológico Nacional (PHN) que pretenda imponer trasvases desde el río Ebro y otros ríos de las cuencas internas de Cataluña».

Y en 2008 -otro ejemplo- el entonces portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, insistía en que su partido «nunca más» volvería a apoyar a ningún gobierno, ya sea del PP o del PSOE, para un trasvase del río Ebro.

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