Entre los puntos más conflictivos de la ley trans destaca la posible reserva de puestos de trabajo para este colectivo, algo que, sin embargo, ni Irene Montero ni nadie del Gobierno ha querido abordar abiertamente, precisamente por la polémica que tal medida podría generar. Tal y como publicó Libertad Digital, dicho cupo ya ha sido implantado en Aragón. La novedad es que ahora es Cataluña la que sigue la estela del Ejecutivo de Javier Lambán.
La asociación L´Escola A.C, que preside Núria González, ha impugnado ya hasta tres convocatorias que contemplan un total de 24 plazas de empleo público: 12 en el Ayuntamiento de Badalona, 6 en Mataró y otras 6 en el Consejo Comarcal del Maresme (Barcelona). Todas ellas destinadas a personas que se autodeterminen trans y que lo único que tendrán que presentar es una «Declaración Responsable», tal y como se especifica en las bases del programa «Formación y Trabajo» publicadas en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña. Es decir, no será necesario acreditar que se está en proceso de hormonación y/o cirugía ni que ningún facultativo acredite nada.
Fraude y desigualdad
«Un sentimiento no puede determinar el acceso a un trabajo«, denuncia en sus redes sociales la propia Núria González, que ya ha presentado sendas denuncias ante Inspección de Trabajo, al considerar que dichas convocatorias son «nulas de pleno derecho». A su juicio, la reserva de plazas a personas que se autodeterminan trans, sin ningún otro requisito que su mera voluntad, genera «inseguridad jurídica» e incumple la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, «por no respetar los principios de capacidad, mérito e igualdad».
En este sentido, la presidenta de L´Escola insiste en la picaresca que puede introducir el hecho de que únicamente se exija una declaración responsable, ya que esto incluso puede perjudicar al propio colectivo trans, ya que no hay manera de confirmar si alguien miente con la única finalidad de conseguir el puesto de trabajo.
Sus argumentos son exactamente los mismos que pusieron sobre la mesa aquellas organizaciones críticas con la normativa aragonesa y coinciden con las advertencias que las feministas realizaron ante la tramitación de la nueva ley de Irene Montero. «Yo no me puedo autodeterminar española sin nacer en España o tramitar una nacionalidad y yo no me puedo autodeterminar persona con discapacidad y pasar a tener sus mismos derechos«, denunciaba en Libertad Digital la Confluencia Movimiento Feminista.
Ante la previsión de más convocatorias en otros consistorios catalanes, Núria González asegura que impugnará cada una de ellas y que llegará a los tribunales si fuese necesario. «Haremos todas las denuncias que hagan falta contra el fraude«, advierte esta abogada catalana que, además, ve un claro interés electoral en todos los anuncios: «Contratos de 12 meses, para que les dé tiempo a votar en ambas elecciones«.
De Aragón… ¿A toda España?
La comunidad de Aragón fue pionera a la hora de implementar estos cupos para personas trans. El socialista Javier Lambán impulsó ya en 2018 una ley que establece que «en las ofertas de empleo público realizadas por las Administraciones públicas aragonesas, se reservará un cupo no inferior al uno por ciento de las vacantes para ser cubiertas por personas transexuales». Desde entonces, según los datos del propio Gobierno autonómico, más de 40 personas se habrían beneficiado de esta medida.
La convocatoria más polémica fue la publicada en el Boletín Oficial de Aragón el 3 de julio de 2020, destinada a cubrir 83 plazas del Cuerpo Ejecutivo de la Administración. Lo que desató la indignación de los ciudadanos fue que mientras que no se reservaba ninguna plaza para personas con discapacidad —incumpliendo así la Ley 1/2013 de 29 de noviembre, General de derechos de las personas con discapacidad— sí se reservaban dos para transexuales, el doble, incluso, de lo que establecía la propia normativa aragonesa.
La gran inquietud de las feministas, así como de otros sectores, es que la ley Trans de Irene Montero pueda extender ahora este tipo de cupos por toda España. «En el ámbito laboral, se incluye un mandato para el diseño de medidas de acción positiva para la mejora de la empleabilidad de las personas trans y planes específicos para el fomento del empleo de este colectivo», reza el documento emanado del propio Consejo de Ministros. Un «eufemismo», denuncian algunos, que dejaría la puerta abierta a que lo que hoy sucede en Aragón y Cataluña se pueda imponer por ley en todas las comunidades autónomas.
