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Cataluña y el País Vasco podrán clasificar información policial y vetar su acceso a los jueces

Nueva concesión del Gobierno de Pedro Sánchez a sus socios separatistas. El anteproyecto de Ley de Secretos Oficiales prevé que las autoridades autonómicas competentes en materia de Policía puedan clasificar y desclasificar información. De esta forma, tanto el gobierno de la Generalidad catalana como el gobierno vasco tendrán en sus manos otra herramienta para manipular y ocultar información y documentación que afecte a sus policías autonómicas, los Mossos d’Esquadra y la Ertzaintza.

En la actualidad, sólo el Gobierno puede clasificar y desclasificar los considerados secretos oficiales. Con la nueva norma, las dos autonomías citadas tendrán potestad sobre el material «confidencial» y el «restringido». El anteproyecto fija cuatro categorías: «alto secreto», «secreto», «confidencial» y «restringido», las dos últimas quedarán en manos de los gobiernos autonómicos de Cataluña y el País Vasco.

Según informa el diario El Español, tanto la Generalidad como el gobierno vasco podrán decretar la clasificación de determinados documentos como confidenciales por un plazo de entre siete y diez años improrrogable. En el caso de los documentos restringidos, su «protección» será de entre cuatro y seis años. Como en el caso del material considerado alto secreto y secreto, si un juez solicita acceder a esa información deberá hacerlo por la vía de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

El citado medio explica que además de los gobernantes de las autonomías vasca y catalana también podrán clasificar información en los apartados de confidencial y restringida el presidente del Gobierno, los vicepresidentes, ministros y secretarios de Estado, el director del CNI, las autoridades militares, embajadores y cónsules, el presidente del Consejo de Seguridad Nacional, delegados y subdelegados del Gobierno, los directores generales de la Policía y la Guardia Civil y el secretario general de Instituciones Penitenciarias.

Presiones separatistas y proetarras

El anteproyecto indica también que solo las personas «directamente afectadas por el contenido» o las que «acrediten un derecho o interés legítimo» podrán impugnar la clasificación de un documento restringido o confidencial ante el Tribunal Supremo.

En cuanto a los altos secretos y los secretos, será el Consejo de Ministros quien tenga la potestad de proteger la información que considere bajo esas categorías, que alargan la «protección» del material sensible hasta los cincuenta años. Es en ese punto donde también presionan separatistas y proetarras, que quieren reducir considerablemente ese plazo para que aflore la información reservada sobre el terrorismo de los GAL y sobre el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

Con la nueva ley se dota a la Generalidad y el gobierno vasco de una herramienta que les permitirá blindar el secreto de las actuaciones de sus policías regionales que consideren oportunas, restringir aún más el acceso a la información y tapar sus escándalos.

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