CCOO y USO se desmarcan de la huelga en los aeropuertos de A Coruña y Santiago de Compostela

CCOO y USO han mostrado su rechazo a la convocatoria de paros parciales de los trabajadores de seguridad de los aeropuertos de A Coruña y Santiago de Compostela, y han acusado a UGT, el único sindicato que la apoya, de convocarla sin consenso con los trabajadores.

En nota de prensa CCOO y USO acusan a UGT de “hacer campaña publicitaria” a cuenta de la huelga del mismo sector en Barcelona. Censuran que UGT haya realizado una convocatoria de huelga antes, incluso, de que se inicien las negociaciones, que todavía no han empezado.

De hecho, explican que sus secciones sindicales estaban preparando las reclamaciones de los trabajadores, con el objetivo de trasladarlas a la patronal.

No obstante, las dos organizaciones sindicales “no descartan que se llegue a convocar” una huelga “en caso de que no fructifiquen” las negociaciones pero “antes deben comenzar”.

Por último, CCOO y USO afirman apoyar “totalmente” las reivindicaciones del personal y anuncian que se marcarán fechas para la celebración de asambleas en los centros de trabajo.

Desde la Federación de trabajadores de seguridad privada de USO se ha abundado en que la convocatoria de paros no ha sido consensuada con las demás centrales sindicales representativas ni con la totalidad de trabajadores adscritos a estos servicios afectados en asamblea.

Desde el sindicato, informan que gran parte de los vigilantes “se enteraron de la convocatoria por un comunicado de prensa”, y que en ningún momento se les hizo partícipes mediante asamblea o comunicado al efecto, “coartando la posibilidad de participar en las participaciones de mejora”.

Además, reconocen la precariedad de los vigilantes aeroportuarios y la necesidad de mejoras de sus condiciones laborales y salariales, pero ven necesario y primordial no caer en la “exclusión y clasismo” de cara a los demás trabajadores del sector de la Seguridad Privada.

Así, resaltan que todo el gremio arrastra durante años una pérdida de poder adquisitivo y de derechos laborales que debe ser “inaceptable y combatido sin discriminaciones hacia ningún trabajador de seguridad privada, independientemente de donde presten sus servicios”.

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