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Centroamérica y el Covid-19: una legítima piñata de corrupción – La Gaceta de la Iberosfera

Ni porque enfrentamos una crisis sin precedentes a nivel sanitario, económico y social, los políticos y tomadores de decisiones de nuestros países centroamericanos han podido controlarse.

Si ya la corrupción está presente en la región, parece que el Covid-19 fue el escenario perfecto para que se hiciera de la tragedia una piñata. Hemos visto pueblos debatiéndose entre la vida y la muerte mientras figuras en los ministerios y entes estatales tratan de sacar una tajada del pastel.

Muchos han quedado como auténticos irresponsables en negocios que a todas luces resultarían un riesgo sanitario.

¿Debemos sorprendernos? De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2019 publicado por Transparencia Internacional, Costa Rica apenas logró pasar la barrera de los 50 puntos con una deficiente calificación de 56 –de 100 posibles–.

En este índice 100 representa un alto combate a la corrupción y cero es nulo. Los demás países fueron reprobados: Panamá con 36, El Salvador con 34, Honduras y Guatemala con 26 y Nicaragua con 22.

Parece que estamos claros sobre el fenómeno con el que estamos lidiando.

Lo que me deja anonadada es la cantidad de casos abiertos simultáneamente en cada uno de nuestros países. Todos relacionados con cuestionamientos por la compra de insumos médicos y ayudas sociales.

“De la adversidad la oportunidad”, reza un dicho que parece haber sido muy bien aplicado en este tiempo.

¡Y vaya que no solo se necesita ser corrupto, también desalmado! Porque el precio a pagar en esta ocasión no radica en una carretera hecha pedazos o en la no realización de un proyecto país –como estamos acostumbrados–, sino en la vida misma de los ciudadanos a quienes los jerarcas se deben.

Comencemos por Guatemala. Ahí los diputados han estado cuestionando la ejecución de los fondos públicos destinados a ayudar a las familias afectadas por la pandemia. Se sospecha que un 43% de ese presupuesto terminó en manos de personas que ocupan puestos en oficinas de gobierno, pensionadas e incluso fallecidas.

Legisladores del partido Unidad Nacional de la Esperanza han temido que una empresa del exministro Alejandro Sinibaldi –acusado por distintos actos de corrupción– y un partido político también se vieran beneficiados.

El presidente Alejandro Giammattei destituyó a inicios de la pandemia a sus dos viceministros de Salud debido a las denuncias de corrupción en ese Ministerio.

Los hondureños están por recibir los últimos tres hospitales móviles de siete que debieron haber llegado en julio al país. Se trató de una compra por más de $47 millones (€39,6 millones) a una empresa proveedora que no tenía experiencia alguna y que además estaba ligada con supuestos actos de estafa en el extranjero. El trámite fue gestionado por parte de la unidad de gestión llamada “Inversión Estratégica Honduras”.

¿Cuál fue el resultado? Además de la vulgar demora, ahora hay hospitales con material dañado, productos expirados y módulos que se inundan con las lluvias.  

Igualmente, hay una investigación abierta por supuestos actos de corrupción en la compra de ventiladores mecánicos por parte de la Comisión Permanente de Contingencias.

En octubre, un informe realizado por la Coalición Anticorrupción de Honduras indicó que el 56% de los fondos de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) y de la Comisión Permanente de Contingencias, fue malversado.  

La coalición identificó deficiencias en el marco normativo de compras y contrataciones, malversación y mal manejo de fondos públicos, acceso deficiente a la información pública y redes de corrupción.

En El Salvador, la Fiscalía General de la República allanó el Ministerio de Salud y unas 12 dependencias más del gobierno –así como a sus proveedores– por supuestos manejos irregulares de los fondos de la pandemia.

De acuerdo con el mismo ente judicial, fue una comisión de la Organización de Estados Americanos (OEA) la que hizo una denuncia inicial.

En total serían 17 supuestos casos de compras irregulares. Uno de los hechos estaría vinculado con el ministro de Salud, Francisco Alabí, por supuestamente autorizar la compra de botas de hule por $225 mil (€189 mil) a una empresa de su familia.

Otro caso hizo que el presidente Nayib Bukele destituyera al jerarca del Fondo Ambiental de El Salvador, por supuestamente beneficiarse de una compra irregular de protectores faciales por $250 mil (€210 mil).

En Panamá, el primer caso de supuesta corrupción fue por la compra –al final cancelada– de cien ventiladores. Cada uno estaba valorado en casi $49 mil (€41 mil), una cifra que es nueve veces superior a su valor de mercado.

La Fiscalía abrió una investigación por presunto peculado en esta adquisición que ascendía a $5,2 millones (€4,3 millones). El ente responsable fue el Ministerio de la Presidencia, liderado por el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo.

El caso no trascendió más allá de la renuncia del viceministro de la presidencia, Juan Carlos Muñoz.

La segunda investigación se inició por la supuesta compra estatal de ventiladores mecánicos “usados” para pacientes críticos con Covid-19. El periódico La Prensa detalló a través de una investigación periodística que estos ventiladores habrían sido fabricados desde los años 2013 y 2014, tenían daños, estaban incompletos, los softwares estaban desactualizados y no tenían garantías. A pesar de esto, los ventiladores llegaron a cuatro hospitales de Panamá por orden de la presidencia. La empresa que le vendió al Estado tampoco es una oferente autorizada.

Actualmente hay una decena de casos que la Fiscalía panameña investiga por compras irregulares en el marco de la pandemia.

En Costa Rica el Ministerio Público investiga la compra de mascarillas médicas por $4 millones (€3,3 millones), a pesar de que su empaque indica que su uso es “no médico”. Esta información fue revelada por el medio de comunicación La Nación.

La oferta se había recibido de forma extemporánea y a pesar de que en un inicio había sido descalificada por no cumplir con los requerimientos solicitados, el proceso siguió adelante.

Al final las dos empresas oferentes –sin experiencia– lograron vender al Estado 870 mil unidades de estos implementos de protección. El monto pagado: $2,4 millones (€2 millones).

La recuperación del dinero no es segura pues los proveedores cuentan con boletas de aprobación de recepción por parte de los funcionarios de La Caja Costarricense del Seguro Social.

Finalmente, Nicaragua es el relajo total.

Realmente es risible hablar sobre casos específicos de presunta corrupción cuando desde el inicio de la pandemia hemos visto a un régimen indiferente y aparentemente ocultando las cifras reales de contagio y fallecimientos por COVID-19.

Las donaciones del equipo médico realizadas al gobierno han brillado por su ausencia y las contrataciones de bienes y servicios se han hecho de manera discrecional, sin reportarlo al sistema de contrataciones administrativas del país.

De acuerdo con el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, Nicaragua es el país menos transparente en el manejo de la pandemia.

En agosto, la Contraloría General de la República exhortó por primera vez al régimen de Daniel Ortega a “garantizar que todas las adquisiciones de bienes y servicios para enfrentar la pandemia del Covid-19 o para el cumplimiento de sus competencias, se sujeten a las disposiciones legales”.

A pesar de que esta es su función, fue la primera vez que el ente contralor se pronunció ante las acciones de las autoridades del régimen. Ya podemos imaginarnos la gravedad de la situación.

Los citados anteriormente son solo algunos de los escándalos reportados en el marco de la pandemia en nuestros países. Este repaso ha servido apenas para que nos demos una idea de cómo en la región los corruptos no pierden el tiempo y el virus los habría hecho más rápidos.

Serán las instancias judiciales las que determinen quién específicamente es culpable de corrupción en los casos que están en investigación.

Por lo pronto, me quedo de manera conservadora con el calificativo de “auténticos irresponsables” para aquellos que han protagonizado esta curiosa sincronía de irregularidades en una Centroamérica abatida por la tragedia sanitaria más grave del último siglo.