El partido Centro Izquierda Nacional (CINC) solicita la suspensión de la “conferencia” de Puigdemont en Madrid

    Santiago Trancón (CINC)

    El Centro Izquierda Nacional ha presentado esta mañana en la Delegación del Gobierno de Madrid un escrito solicitando la suspensión cautelar del acto de presentación del referéndum secesionista catalán, que se celebrará en una sala del Ayuntamiento de Madrid, previsto para el próximo lunes 22, al que acudirán las máximas autoridades de la Generalidad, entre otras instituciones públicas catalanas.

    CINC pretende con ello denunciar la naturaleza ilegal y anticonstitucional del acto, organizado por la plataforma Pacto Nacional por el Referéndum, integrada por la Generalidad, el Parlamento de Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona, las Diputaciones, partidos políticos y entidades catalanas. El Centro Izquierda Nacional considera que este acto vulnera los dictados del Tribunal Constitucional que declaró nulas las resoluciones del Parlamento de Cataluña destinadas a impulsar la celebración de un referéndum en 2017, advirtiendo a sus promotores que deberán “abstenerse de realizar cualesquiera actuaciones tendentes a dar cumplimiento a la Resolución aprobada” (la preparación del referéndum), así como su deber de “impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la nulidad de esa Resolución”.

    CINC considera que este acto, disfrazado de conferencia, no tiene otro fin que burlar las resoluciones del Tribunal Constitucional, realizando un acto de propaganda para influir en la opinión pública y legitimar la celebración de un referéndum ilegal, con el agravante de que se utilice para ello dinero y recursos públicos, tanto de la Generalidad como del Ayuntamiento de Madrid. Argumentan también que, dado que por parte de algunos grupos se ha llamado a manifestarse e impedir el acto, así como que se produzca la celebración de un acontecimiento deportivo relevante a la misma hora y en el mismo lugar, todo ello puede crear un problema de orden público que la Delegación del Gobierno deberá impedir.

    No podemos suponer, añaden, que sus promotores actúen con buena fe, ya que saben perfectamente la repercusión mediática y simbólica que tendrá este acto, considerado una provocación por parte de una mayoría de la población madrileña, un gesto de desafío al Estado democrático, al Gobierno y al propio Tribunal Constitucional. Nada tiene que ver este premeditado acto de fuerza y propaganda con la libertad de expresión o el diálogo, al que cínicamente apelan Puigdemont, Junqueras y Romeva, como si no ejercieran esa libertad cada día en todos los medios y foros, o como si no tuvieran otro modo y mejor ocasión para practicar el diálogo político e institucional con el Gobierno, los partidos y el Parlamento. Los que aprueban leyes de modo clandestino y sin posibilidad de discusión en su propio Parlamento, piden ahora diálogo con la única finalidad de acusar a los demás de intransigentes.

    Una política de claudicación, de apaciguamiento, de cobardía y de consentimiento de la ilegalidad, nos ha llevado a tener que defender los más elementales principios democráticos contra quienes utilizan el poder y los recursos del Estado para destruirlo, la democracia para disfrazar su imposición totalitaria. Frente a todos los separatistas defendemos la España democrática que nos une, la que establece el orden constitucional y que garantiza la igualdad y la unidad entre todos los españoles. Todo lo contrario de lo que pretende Puigdemont y sus acompañantes al organizar este acto, precisamente en el corazón de Madrid, buscando la mayor repercusión mediática que favorezca su plan secesionista.

     

     

     

     

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