Colau opta por alargar el túnel de las Glòries hasta la rambla de Poblenou

Tras muchas dudas derivadas del elevado coste de la opción finalmente escogida (más de 100 millones de euros) el gobierno de Ada Colau ha deshojado la margarita y ha decidido licitar el nuevo contrato de obras de la plaza de las Glòries. Entre las dos alternativas que tenía encima de la mesa –continuar con los trabajos sólo hasta la calle Badajoz o prolongar los túneles hasta la Rambla del Poblenou– se ha acabado decantado por la segunda y más cara, la que exigían las entidades vecinales. La propia alcaldesa anunció ayer esta determinación en una entrevista emitida anoche por la televisión municipal Betevé, en la que Colau reiteró su propósito de que las obras, con el proyecto modificado, puedan reanudarse a comienzos del año que viene con la “aspiración” de que esté todo listo en el 2021.

La intención del gobierno, que hoy explicará su propuesta a los grupos municipales y a los vecinos, es adjudicar las obras no de manera conjunta sino fragmentada. Considera que así podrá ejercer un mayor control sobre los trabajos y neutralizar posibles sobrecostes como los que llevaron a paralizar las obras y rescindir el primer contrato. El Ayuntamiento de Barcelona mantiene de su voluntad de que las máquinas regresen a las Glòries a comienzos del 2018 para evitar que este complejo proyecto siga acumulando retrasos en una zona tan sensible para la movilidad en la ciudad. Sin embargo, la decisión de licitar y adjudicar de nuevo no supone una garantía total de éxito ni la solución definitiva al serio problema que se oculta bajo el subsuelo de las Glòries. Un informe al que ha tenido acceso La Vanguardia señala la intención de la unión temporal de empresas (UTE) a la que se adjudicó el anterior contrato de acudir a los tribunales por lo que califica una rescisión “unilateral” con la que no está de acuerdo, al considerar que los retrasos no son imputables a su actuación. La acción judicial no evitaría que se licitara el proyecto, pero podría retrasar el proceso.

Las constructoras estudian llevar al juez la rescisión del primer contrato

En un escrito enviado en mayo a la empresa pública Barcelona Serveis Municipals (Bimsa), la UTE (Comsa, Copisa Constructora Pirenaica, Benito Arnó e Hijos y Romero Gamero) anuncia que “iniciará acciones legales para esclarecer las causas reales de la reso-lución” y para que se pague la totalidad de la obra hecha. La decisión final sobre si acudir o no a los tribunales se estaría negociando con el Ayuntamiento a partir de la liquidación final de los trabajos –según las constructoras, han tenido un sobrecoste de un 60% sobre el valor de la adjudicación, que era de 50 millones– y la sanción impuesta de más de tres millones.

Los trabajos en la plaza se iniciaron en abril del 2015, pero pronto se puso de manifiesto que la construcción de los túneles sería más que complicada. Catas imprevistas, adquisición de costosa maquinaria pesada por las dificultades halladas en el subsuelo, recálculos, modificación de planos, incremento de muros pantalla… Según relata la auditoría encargada por la UTE a principios de año, este fue el día a día en las Glòries. Un ejemplo: todos los planos del proyecto original –más de un millar– han tenido que modificarse. En el momento en el que se redactó el informe estaban en proceso de cambio.

El proyecto elegido atiende las demandas vecinales, pero costará más de 100 millones

También recuerdan que un año y medio antes de la rescisión contractual ya habían avisado varias veces que el proyecto era “inasumible” y que debía modificarse. Lo reclamaron a la oficina de dirección de obra entre diciembre del 2015 y el 2016, advirtiendo que los trabajos se estaban complicando por el descubrimiento de estructuras preexistentes en el subsuelo. Es decir, Bimsa ya era conocedora de los problemas con los que se estaba enfrentando la UTE desde el momento en que empezaron las obras. Aun así, desestimó la redacción de un proyecto modificado con el que ofrecer más garantías para abordar la construcción de los túneles bajo las infraestructuras ferroviarias.

El Ayuntamiento no reconoció los problemas en la obra hasta octubre pasado, cuando anunció un retraso de 18 meses. Fue entonces cuando decidió encargar una auditoría técnica independiente, a petición de la CUP, que pondría de manifiesto errores en la ejecución del proyecto y de la obra y un sobrecoste del 19% que no se correspondía con las demandas de las constructoras. En enero del 2017, cuando la amenaza de la rescisión del contrato empezaba a sonar como seria amenaza, la UTE encargó el informe pericial del proyecto. Pretendía determinar en el estado en el que se encontraban las obras –el 60% ejecutadas– y dirimir las responsabilidades en los retrasos. Uno de los principales problemas que señala la auditoría es el hecho de “no disponer de un proyecto que pueda ser utilizado como proyecto constructivo”. El informe admite que esta situación generó ,“desde el comienzo de la obra, la imposibilidad de realizar una planificación adecuada a los trabajos, retrasos en la ejecución y sobrecostes”.

La UTE avisó desde el inicio que la obra no era viable; se corrigieron más de mil planos

Esta auditoría, realizada por la empresa Asevasa, advierte además que el “proyecto inicial tiene graves deficiencias que lo hacen inejecutable tal y como está concebido, y esto ha provocado que, sobre la marcha, y con continuos momentos de indefinición, la obra que efectivamente se ha ejecutado haya sido definida día a día”. También lamentan que se les sancione con 3,8 millones de euros por daños y perjuicios cuando Bimsa “conoce las causas reales de la resolución del contrato”. En la auditoría se refieren incrementos del 500% en mediciones, un 229% en acero para reforzar algunos puntos de los muros pantallas y las dificultades para demoler las estructuras que estaban en el subsuelo y que no aparecían en ningún plano.

El informe resalta uno de los puntos débiles de la construcción de los pasos soterrados bajo la plaza: los túneles ferroviarios de Adif. Aún no se había empezado a perforar bajo ellos, pero sí que se habían ejecutado muros pantalla para protegerlos. Adif otorgó los permisos para ejecutar las obras tres meses y medio después de su inicio. También se denuncia que el túnel de la R2 presentaba parte de la estructura dañada, previa a los trabajos de la UTE y que tuvo que ser reparada sin estar incluida en el proyecto. Asimismo, los túneles de la R3 y R4 presentan discontinuidades y fisuras –algo que ya señalaba la auditoría municipal– y en algunos fragmentos una seria degradación. Por si fuera poco, el paso ferroviario de la R1 muestra una importante grieta. Estas deficiencias y la decisión anunciada ayer por la alcaldesa de hacer todo el túnel –hasta la rambla del Poblenou– determinarán el futuro del proyecto modificado.

Sobrecostes y contratos

La auditoría de la UTE señala que en enero de 2017 la valoración de la obra de Glòries ejecutada hasta aquella fecha ascendía a 42,1 millones de euros. De ellos, 32 millones ya habían sido certificados por Bimsa y la dirección de obra. Un 14% de las certificaciones correspondería a partidas que no estaban previstas en el proyecto original. Las contratistas también expresan su rechazo a la amenaza que lanzó la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, durante el anuncio de la rescisión del contrato. En aquella ocasión dijo que se estudiaría la posibilidad de no volver a contratar a estas empresas. La UTE entiende que se trata de una forma de “coacción para impedir que las empresas emprendan acciones legales”. Con todo, el Ayuntamiento sigue trabajando con estas sociedades, las más capacitadas para realizar obras de cierta envergadura. Hace unas semanas, por ejemplo, otorgó a Comsa la construcción de un nuevo carril bici.

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