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Comienza el juicio a la democracia española

El título no es un error. Aunque pueda parecer que a partir de este martes comienza el juicio a los líderes del soberanismo catalán, que representan a más de dos millones de personas en Cataluña, y probablemente a muchas otras en todo el territorio del Estado español, lo cierto es que quien se somete hoy a un proceso judicial es todo el sistema democrático y judicial de España. No olvidemos algunas cuestiones fundamentales: como el hecho de que quien actúa como acusación popular, en la más absoluta soledad, es la formación política VOX, que hasta ahora no tiene representación en sede parlamentaria del Estado español. Representan a la extrema derecha española, a los estertores del Franquismo. Y sus peticiones de condena son las más elevadas, en comparación con las que realiza la Fiscalía General y la Abogacía del Estado.

Se trata, sin lugar a dudas, de un juicio de índole política. Y es que, como dijera quien fue magistrado de la sala de lo penal del Tribunal Supremo en el año 2008, en un informe que elaboró para la Fundación FAES, no se dan actualmente las condiciones para que la declaración de secesión o independencia de un Parlamento autonómico sea considerada delito. Sí, como lo lee. En un elaborado documento, con intención de aportar propuestas para la modificación de la legislación vigente, este juez explicaba hace diez años que estando como están actualmente las leyes en España, lo que ha acontecido hace casi dos años, no puede considerarse constitutivo de delito.

Y no es el único que lo sostiene, pues son ya muchos los catedráticos de Derecho Constitucional, Penal y Procesal que afirman de manera contundente que no se dan ninguno de los requisitos contemplados en el ordenamiento jurídico para hablar de rebelión, ni de sedición, puesto que ambos implican un alzamiento que no existe. Además, evidentemente, de la concurrencia de violencia. En este sentido se han manifestado también tribunales de otros países, como fue el caso del tribunal federal alemán de Schleswig-Holstein, quien fue contundente respecto a la acusación contra Puigdemont: los hechos por los que se le acusaba, no eran constitutivos de delito alguno, sino más bien un ejercicio de derechos democráticos. Y dejó al margen la cuestión de la malversación, por no poder entrar a juzgarla sin pruebas, dejando a España la vía libre para proceder al procesamiento del Presidente, cosa que Llarena rechazó.

El titulo no es un error, lo cierto es que es que se celebra un juicio a todo el sistema democrático y judicial.

Así las cosas, a día de hoy, se sientan en el banquillo del Tribunal Supremo doce personas, después de que se descartasen otros acusados, que pasarán a ser juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, otra cuestión que ha dejado en evidencia la doble vara de medir del Alto Tribunal. Para poder entender, de manera rápida, las acusaciones que se plantean, podemos explicar que hay cuatro grupos de acusaciones: la máxima para Oriol Junqueras, que era vicepresidente del Gobierno de Cataluña y consejero de Economía. La Fiscalía lo acusa de rebelión y malversación. Piden para él 25 años de prisión. La Abogacía del Estado lo acusa de sedición y malversación, por lo que pide 12 años de prisión. Mientras que VOX lo acusa de rebelión, organización criminal y malversación, por lo que pide 74 años de prisión.

Después, podemos establecer otro grupo, el conformado por Jordi Turull, Joaquím Forn, Raül Romeva, Dolors Bassa y Josep Rull, a quienes la Fiscalía les acusa de rebelión y malversación. Piden 16 años de prisión. La Abogacía del Estado les acusa de sedición y malversación y pide 11 años y 6 meses de prisión. VOX les acusa de rebelión, organización criminal y malversación y pide 74 años de prisión. Un tercer grupo formado por Meritxell Borras, Carles Mundó, y Santi Vila, a quienes la Fiscalía acusa de desobediencia y malversación y pide 7 años de prisión y una multa de 30.000 euros. La Abogacía del Estado les acusa de desobediencia y malversación y pide 7 años de prisión. VOX les acusa de malversación, organización criminal y desobediencia y pide 24 años de prisión.

El cuarto grupo es el de Los Jordis’, acusados por la Fiscalía de rebelión y pide 17 años de prisión. La Abogacía del Estado les acusa de sedición y pide 8 años de prisión. VOX les acusa de rebelión y organización criminal y pide 52 años de prisión. La última es Carme Forcadell, a quien la Fiscalía le acusa de rebelión y pide 17 años de prisión. La Abogacía del Estado le acusa de sedición y pide 10 años de prisión. VOX le acusa de rebelión y organización criminal y pide 52 años de prisión.

El juicio del procés tendrá sentencia en mayo, antes de las elecciones. Otra muestra del interés político del proceso.

Este martes ha comenzado un juicio que está previsto tenga sentencia antes de la celebración de las elecciones del mes de mayo, según ha indicado un ex magistrado del Supremo, Martín Pallín, pues de esta manera, si hay sentencia condenatoria, se evitaría que algunos de los hoy procesados pudieran presentarse como candidatos a las elecciones. Otra muestra más que evidencia el interés en la dimensión política de este juicio.

En la sesión que ha comenzado hoy se han podido escuchar las alegaciones de los abogados de la defensa, que concretamente hacían alusión a cuestiones previas, explicando por qué consideran que se han violado derechos fundamentales de sus defendidos. Se dan, según expertos en Derecho, condiciones para declarar la nulidad procesal del juicio. Pero no es probable. Seguiremos viendo, día tras día, las evidencias que pondrán sobre grandes interrogantes al Estado Democrático y de Derecho español.