El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, apenas lleva dos semanas en el cargo y ya está ejerciendo su autoridad con mano de hierro.
El que fuera fiscal general del Estado durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero estrenaba su mandato como presidente del Constitucional fijando para el primer Pleno de febrero, que se celebra los días 7, 8 y 9, el debate sobre el recurso presentado por el PP contra la Ley del aborto aprobada en el año 2010. Además, el TC abordará el recurso sobre la Ley de la eutanasia el próximo 21, 22 y 23 de febrero, mientras que el 7,8 y 9 de marzo estudiará la Ley Orgánica de Educación de 2020, conocida como la LOMLOE o Ley Celaá.
Fuentes del TC consultadas por Libertad digital sostienen que «Conde-Pumpido anunció a los medios de comunicación que se llevaría al Pleno los recursos sobre el aborto, la eutanasia y la Ley Celaá sin contar con los ponentes, es decir, sin tener en cuenta a los magistrados del Constitucional encargados de redactar las respectivas sentencias. Conde-Pumpido está trabajando de cara a los medios de comunicación para promocionar su gestión y de espaldas a los magistrados».
«El presidente tiene prerrogativas de organización y gestión, pero los asuntos que se llevan a los Plenos y Salas son a iniciativa de los ponentes. Conde-Pumpido ha incumplido esta regla no escrita y ha llevado a Pleno tres recursos sin contar con los responsables de redactar las respectivas sentencias«, añaden.
Las mismas fuentes consultadas por LD denuncian la dictadura impuesta por Conde-Pumpido en el TC: «No ejerce su autoridad como presidente del Constitucional, si no como un fiscal general del Estado. No manda, ordena. En el Tribunal de Garantías ya le llaman el ‘fiscal general presidente’ y al propio Tribunal Constitucional se le ha puesto el sobrenombre de el ‘Tribunal Pompiducional».
«Conde-Pumpido ha pisado el acelerador para favorecer la agenda política de Pedro Sánchez. También intenta dejar en evidencia al anterior presidente del Constitucional, Pedro González-Trevijano, que decidió no llevar a Pleno en su última etapa de mandato asuntos sensibles. No obstante, Conde-Pumpido no está respetando la estructura organizativa de propio Constitucional», apuntan.
Recordamos que el bloque izquierdista mayoritario (7 de los 11 magistrados) del Constitucional incumplió una tradición de 42 años al elegir como vicepresidenta a Inmaculada Montalbán en lugar del conservador Ricardo Enríquez, que se encontraba en el último tercio de mandato. El propio Conde-Pumpido rompió su promesa adquirida tras elegirse al anterior del presidente del Constitucional, de designar a un presidente y a un vicepresidente de distinta tendencia.
«Los magistrados izquierdistas Inmaculada Montalbán y Ramón Sáez se han convertido en los criados de Conde-Pumpido. Van a todos lados con él y dicen y hacen lo que quiere Conde-Pumpido», concluyen.
Sin quórum para resolver el recurso sobre el aborto
Tal y como desveló este diario, el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y los magistrados Juan Carlos Campo, Inmaculada Montalbán y Concepción Espejel deben abstenerse en el Pleno donde se debatirá el recurso sobre la Ley del aborto del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Conde-Pumpido tiene que abstenerse ya que cuando era fiscal general del Estado con Zapatero avaló en el Consejo Fiscal la Ley. Además, las magistradas Montalbán y Espejel eran entonces vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y se pronunciaron sobre la norma. El cuarto magistrado que debe abstenerse es el exministro de Justicia con Pedro Sánchez, Juan Carlos Campo, ya que formaba parte del Gobierno de Zapatero como secretario de Estado de Justicia cuando se aprobó la Ley.
El Pleno en la actualidad está conformado por 11 magistrados y no por 12, ya que el Senado no ha elegido al sustituto del conservador Alfredo Montoya, que abandonó el TC por enfermedad. Esto significa que el quórum del Pleno se establece en 8 magistrados. Si Conde-Pumpido, Campo, Montalbán y Espejel cumplen con su deber abstención, sólo quedarían 7 magistrados en el Pleno y no se podría discutir, ni votar la sentencia sobre el recurso del aborto, al no alcanzar el quórum mínimo de 8 magistrados.
