Crespo y ‘el Bigotes’ prometen destapar la financiación ilegal del PP valenciano

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El tiempo que llevan en prisión por el ‘caso Fitur’ y cómo transcurrió el juicio por la primera época de la Gürtel han hecho mella en el número dos de la trama GürtelPablo Crespo, y en el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, ‘el Bigotes’. Tras escuchar las declaraciones realizadas este martes en el juicio por la financiación ilegal del PP valenciano por Francisco Correa, ambos se han comprometido a aportar “datos y hechos” relevantes en esta causa.

Ambos acusados debían ser los siguientes en declarar, pero la vista oral no comenzaba. Sus abogados, Miguel Durán y José Javier Vasallo, estaban reunidos con la fiscal Anticorrupción Myriam Segura, el abogado del Estado Edmundo Bal y la acusación que ejercen los socialistas valencianos. Al término el encuentro, que duró casi dos horas, le pidieron a Vázquez Honrubia que la vista se aplazara hasta el viernes para poder entrevistarse en prisión con sus clientes.

El magistrado optó por dejar las cosas claras antes de pronunciarse en relación con el aplazamiento. “¿Debo entender que su cliente aportaría hechos relevantes, a la luz de lo que declaró Correa?”, le preguntó a Durán, a lo que este respondió: “Es lo que trataba de decir con menos fortuna de la precisión que usted ha marcado”.

Tras consultar a todas las partes y comprobar que si el aplazamiento solo se producía hasta el viernes todas estaban de acuerdo, el juez decidió aplicar el artículo 746 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y suspender la vista “para un mejor esclarecimiento de los hechos”.

Cuándo salen de prisión

Fuentes jurídicas señalaron que la obsesión de Crespo y Pérez es “tener la seguridad de cuánto van a cumplir de prisión y cuándo podrán abandonarla”. Para ello quieren reconocer los hechos, como en la sesión de ayer hizo Correa al confesar cómo el PP les había pedido que facturaran a empresarios para poder cobrar los servicios que habían realizado al PP durante las campañas electorales municipales y autonómicas de 2007 y las generales de 2008.

Además, Crespo contribuirá con su patrimonio a reparar el daño causado, una opción que no puede esgrimir Álvaro Pérez, ya que ha sido declarado insolvente.

El propio Correa, que ayer identificó al exsecretario del PP valenciano Ricardo Costa como quien les dijo que facturaran a determinados empresarios si querían cobrar los servicios electorales que habían hecho al partido, no sabe a cuánto se verá rebajada la petición fiscal. La representante del ministerio público se remitió a sus conclusiones definitivas para plantear una rebaja a los 22 años de prisión que solicita para el principal imputado y supeditada a que siga colaborando.