Cualquier país de la UE podrá vetar el pacto comercial de la era ‘postBrexit’

La Unión Europea no puede firmar acuerdos comerciales de calado sin consultar a los parlamentos nacionales. El Tribunal de la UE así lo ha decidido este martes en una sentencia sobre el tratado con Singapur cuyos efectos se dejarán sentir mucho más allá: puede cambiar el resultado final de negociaciones tan relevantes como el futuro pacto comercial con Reino Unido tras el Brexit.

La justicia europea ha determinado que la política comercial no es competencia exclusiva de Bruselas, lo que significa que hasta 38 parlamentos nacionales y regionales repartidos por toda la geografía europea deberán dar su consentimiento antes de que entren en vigor de forma definitiva. Y cada uno de ellos puede tener intereses contrapuestos o exigir a cambio de su voto favorable contrapartidas que puede convertir cualquier discusión en un laberinto de difícil salida.

Precedentes como la resistencia valona a autorizar la firma del CETA, el tratado de libre comercio con Canadá, muestran que esta renacionalización de la política comercial va a traer quebraderos de cabeza a los responsables comunitarios, que en el juicio defendían el derecho de la UE a ratificar en solitario los acuerdos. En el horizonte está la aprobación de tratados como los que actualmente se negocian con Japón, México, los países latinoamericanos de Mercosur o la ratificación final del CETA. También el polémico TTIP, que ha perdido impulso tras la llegada del proteccionista Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.

“La Unión no dispone de competencia exclusiva únicamente en lo que concierne a dos aspectos del Acuerdo: el ámbito de las inversiones extranjeras distintas de las directas y el régimen de arreglo de controversias entre inversores y Estados”, ha señalado el TJUE en su comunicado de este martes. La Unión Europea no podrá por tanto cerrar en solitario nuevos acuerdos comerciales que vayan más allá de las cuestiones arancelarias, la contratación pública, el desarrollo sostenible, o la propiedad intelectual e industrial, competencias que sí reconoce como exclusivas de Bruselas.

Las organizaciones contrarias a la firma de acuerdos como el TTIP o el CETA han dado la bienvenida a la sentencia, que retrasará y hará más compleja la aprobación de cualquier tratado futuro. Sus detractores creen que estos pactos rebajan los estándares europeos en materias como la protección ambiental o la seguridad alimentaria y dejan las eventuales disputas comerciales con multinacionales en manos de opacos tribunales de arbitraje privados.

La movilización callejera frente a este tipo de tratados ha acabado con la percepción de que su aprobación es una cuestión meramente técnica que no afecta al ciudadano de a pie. Las protestas alcanzaron su cenit en Alemania, donde se llegaron a concentrar más de 150.000 personas. Bruselas trató de convencer a los Veintiocho de la necesidad de que la aprobación de los acuerdos fuera competencia exclusiva de la UE para agilizar así su puesta en marcha, pero la presión de la opinión pública llevó a la canciller alemana, Angela Merkel, a intervenir de forma tajante: “sea cual sea el análisis jurídico, el Bundestag —el parlamento alemán— tendrá que pronunciarse”, dejó claro en plena polémica sobre el CETA.

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