Cuando el rigor de la Justicia solo cae sobre la debilidad del débil

El Tribunal Supremo ha confirmado tres meses de prisión a un guardia civil por insultar a un cabo del mismo Cuerpo, que le dio una orden cuando tras un registro debía trasladar a prisión al padre de Asunta Basterra, la niña cuyo cadáver fue hallado el 22 de septiembre de 2013 en una cuneta cerca de Santiago de Compostela.

Pues bien, no entraré a valorar el trasfondo de la noticia porque como es evidente tampoco tengo indicios suficientes sobre lo sucedido ni he leído la sentencia, pero, sí quiero, al hilo de lo publicado por los medios, recordar aquí y ahora algunos hechos y comportamientos extremadamente graves por parte de nuestros dirigentes políticos, sin que por ellos haya dado nadie con sus huesos en la cárcel. Por ejemplo:

Peligrosos mafiosos y narcotraficantes podridos de dinero, fueron puestos en libertad por la Audiencia Nacional en los días previos al señalamiento de la vista oral. Y no pasó nada.

Felipe González llamó “terrorista” al juez don Marino Barbero (DEP). Y tampoco pasó nada.

El abandono de obligaciones por parte de sus señorías en el Congreso y en el Senado, ha sido y sigue siendo la vergüenza nacional, de tal manera, que en el hemiciclo algunos diputados llegaron a votar con el pie para suplir la ausencia de sus compañeros. Y no pasó absolutamente nada.

Recuerdo también que los diputados batasunos durante legislaturas enteras, acudieron sólo dos veces al Parlamento español, y para vergüenza de todos los representantes de los partidos políticos sentados en sus escaños, aquellos siguieron cobrando sus haberes con dinero de todos los españoles. Y continuó sin pasar absolutamente nada.

En el parlamento vasco, el ex ministro del Interior, Mayor Oreja provocó, con el abandono de su obligación, que los presupuestos del entonces presidente de la comunidad autónoma vasca, Ibarreche, fueran aprobados en aquel Parlamento. Y siguió sin suceder nada.

Rodriguez Ibarra, ex presidente de la Junta de Extremadura, dijo textualmente que algunos jueces eran “salteadores de caminos”. Y tampoco pasó nada.

“Los Albertos”, condenados por el Tribunal Supremo, nunca ingresaron en prisión, pero, ¿saben ustedes por qué? Pues por el desmadre de un Juzgado y el pasotismo de un juez. Y siguió sin pasar absolutamente nada.

¿Cuántas personas han fallecido mientras aguardaban en una lista de espera, para ser atendidos por la Sanidad pública sin que se le pidan a nadie responsabilidades?

La ley ya la conocemos señoras y señores, pero, ¿dónde está la justicia? La justicia ni se suplica ni se manda, se exige.

Un guardia civil en nombre de la disciplina, es condenado a prisión según ésta sentencia por “desobedecer e insultar” a un inmediato superior jerárquico, pero, ¿qué autoridad moral puede tener nadie para condenar a un humilde servidor público por desobedecer una orden, cuando vemos cómo insultan al Rey, queman su retrato, tirotean su imagen, golpean al presidente del gobierno, roban miles de millones desde la presidencia de una comunidad autónoma, dan un golpe de estado para proclamar la república catalana, secuestran a todo un parlamento, asaltan una capilla católica desnudos, promueven y llevan a cabo la excarcelación de criminales con decenas de muertes en su haber…, o se burlan sistemáticamente de los símbolos de nuestra nación, y todos se van de rositas? ¿Qué sucede con los que quitan y ponen jueces y fiscales a su libre albedrio según sople el viento de la corrupción?

Podríamos girar la mirada y ver, que lo más sencillo para alguien con el poder de dirigir la Hacienda pública, la Dirección General de Tráfico o los Tribunales de Justicia, es aplicar la ley con todo rigor y ponerse campanudo frente a la debilidad del débil.

Dicho lo cual, no seré yo quien intente eximir aquí y ahora al guardia civil condenado por un comportamiento supuestamente reprobable, pero, sí quiero dejar meridianamente claro que en este país, con policías por todas partes pero justicia en ninguna, cuando actúan las instituciones más poderosas o los Tribunales de Justicia, la vara de medir a la hora de aplicar la ley no es igual para todos. Aquí tenemos buena prueba de ello.

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