En 2016, dos años antes de llegar a Moncloa, Pedro Sánchez proclamaba solemne que «una democracia sólida requiere una gestión del Estado transparente para garantizarla», propósito que recogía su programa electoral de ese año, «Transparencia, participación y gobierno abierto«. Dicho programa se iniciaba con la siguiente declaración: «Los y las socialistas creemos que es necesario avanzar hacia una democracia más abierta, transparente y participativa».
Pero viendo cómo ha actuado desde entonces, resulta sorprendente que dicho programa recoja una crítica a la Ley de Transparencia que aprobó el PP en 2013 porque «tal y como está concebida, no permite avanzar en los objetivos primordiales, pues se caracteriza más por sus formalidades externas que por procurar una verdadera respuesta institucional e independiente que permita crear las condiciones para ofrecer a la ciudadanía un verdadero canal participativo».
Cuando dos años después llegó al poder —moción de censura mediante y de la mano de separatistas y los herederos políticos de la banda terrorista ETA— lo hizo también prometiendo austeridad, máxima transparencia, cero casos de corrupción y una gestión irreprochable desde un punto de vista formal.
Enseguida, como casi todo en este Gobierno, estas promesas y buenas intenciones —entre ellas la de que nunca metería a Podemos en el Consejo de Ministros porque «no dormiría tranquilo» o la de que jamás pactaría con Bildu— se las llevó el viento.
Larga carrera de incumplimientos
Poco más de un año después de llegar a Moncloa, en julio de 2019, ya encabezaba el ranking de incumplimientos de las resoluciones del Consejo de Transparencia favorables a los ciudadanos, triplicando los del Gobierno de Mariano Rajoy en tres años: 56 incumplimientos del Gobierno de Sánchez en 13 meses frente a 17 del de Rajoy en tres años.
Entre esas primeras denegaciones a Transparencia figuraba la información sobre la utilización del Falcon para desplazarse con su mujer, Begoña Gómez, al FIB de Benicasim el 20 de julio de 2018 para ver al grupo The Killers, alegando que «los viajes del presidente del Gobierno son materia clasificada»… aunque estos sean a un festival de música a ver a su grupo favorito y que no figurase en la agenda pública del presidente, algo que fue calificado por el PP como «vergüenza nacional» y a lo que Moncloa respondió con muchos aspavientos e indignación.
El presidente de la transparencia apuntaba ya a récord de incumplimientos. Y no defraudó: cuando no se habían cumplido los 4 años en el poder, en enero de 2022, y según datos del órgano encargado de velar por el cumplimiento del derecho de acceso a información oficial que ha de ser pública, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), el Ejecutivo ha negado el acceso de forma indebida a expedientes solicitados por los ciudadanos en más de 1.200 ocasiones. Un Gobierno de récords, también en (falta de) transparencia.
Qué es la Ley de Transparencia
La Ley de Transparencia —Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno—, ampara a cualquier ciudadano a pedir información a las administraciones públicas, con una serie de limitaciones.
En su preámbulo señala que «sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos. Los países con mayores niveles en materia de transparencia y normas de buen gobierno cuentan con instituciones más fuertes, que favorecen el crecimiento económico y el desarrollo social».
La ley tiene básicamente tres objetivos:
- Incrementar y reforzar la transparencia en la actividad pública–que se articula a través de obligaciones de publicidad activa para todas las Administraciones y entidades públicas–.
- Reconocer y garantizar el acceso a la información –regulado como un derecho de amplio ámbito subjetivo y objetivo–.
- Establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento –lo que se convierte en una exigencia de responsabilidad para todos los que desarrollan actividades de relevancia pública–.
En caso de que las administraciones públicas denieguen el acceso a la información, el que la ha solicitado puede recurrir ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que, si estima la reclamación, insta a la administración a facilitar la información en un plazo determinado. El problema reside en que ese CTBG no tiene capacidad para sancionar el incumplimiento de sus resoluciones, un vacío legal al que se acogen para ignorar las exigencias de información. Y en ello se escuda una y otra vez el Gobierno de Pedro Sánchez para negarse a dar la información que se le requiere.
Una casuística tan numerosa como variada
La casuística es tan numerosa como variada, pues hay denegaciones relativas al uso, y abuso —como en el caso citado del FIB de Benicasim—, del Falcon o el Super Puma o negativas a explicar datos relativos al caso Plus Ultra. En ambos asuntos escudándose en la Ley de Secretos Oficiales del Franco de 1968, que para denegar información parece que sí les sirve.
Según los datos dispuestos por el CTBG nunca se habían registrado tantas peticiones de amparo ante la censura impuesta por los distintos ministerios a la hora de garantizar al ciudadano su libre derecho de acceso a la información pública.
Sobre los desplazamientos del presidente y otros miembros del Gobierno en el Falcon y el Super Puma, el CTGB ha reprochado en varias ocasiones su utilización para ir a actos del PSOE y, ante la negativa a informar, ha dejado claro que «los gastos de viajes de los miembros del Gobierno constituyen información de carácter económico y se nutren de partidas presupuestarias establecidas en los presupuestos generales del Estado. Es, pues, dinero público y su manejo y destino debe ser conocido por la ciudadanía».
La gestión de la pandemia
La gestión de la pandemia ha sido el origen de numerosas peticiones de información… y de denegaciones de la misma por parte del Gobierno.
Fue muy publicitada la resistencia del Gobierno a dar información sobre quiénes formaban parte del tan famoso como ignoto comité de expertos que asesoraba para tomar decisiones sobre la pandemia, en este caso alegando «motivos de protección de datos». Al final el Ministerio de Sanidad acabó reconociendo, en respuesta oficial al Defensor del Pueblo, que jamás existió un comité de expertos que asesorase al Gobierno en la desescalada del confinamiento para, meses después, dar los nombres de los miembros del comité de expertos que «no existía». Una especialización de este Gobierno: poca transparencia y mucho marear la perdiz.
Otro ejemplo también relacionado con la pandemia fue el famoso Radar Covid, una aplicación de rastreo de contactos de contagiados en la que el Gobierno invirtió más de tres millones de euros y que resultó ser un fiasco. La información solicitada por, entre otros, la fundación Civio, se encontró con el muro infranqueable del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital sobre el contrato adjudicado a Indra para el desarrollo de la aplicación, que incluía la memora justificativa del diseño, desarrollo, piloto y evaluación, el pliego de condiciones, el pliego de prescripciones técnicas y el pliego de cláusulas administrativas.
También en relación con la pandemia, el Gobierno rehusó informar sobre qué «recomendaciones científicas» avalaron «celebrar el 8-M en Madrid y en el resto de España» y «si hubo colectivos feministas que solicitaron» cancelar la celebración de esas manifestaciones, en la antesala del primer estado de alarma y cuando el virus ya circulaba libremente por todo el país. La irresponsabilidad de celebrar esas manifestaciones provocó que los casos se disparasen, especialmente en Madrid.
Otros ejemplos
Ciudadanos particulares, otras administraciones públicas y partidos, o medios de comunicación han solicitado, sin mucho éxito, información al Gobierno sobre temas tan distintos como la crisis migratoria en Canarias —con requerimientos sobre la autorización del traslado de migrantes desde Canarias a la península—; sobre el caso Ghali ; sobre el procés y los casi 300 agentes heridos en los disturbios que se produjeron tras la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo y que el ministro Marlaska redujo a un tema de mero orden público; o sobre la tenencia de acciones en Repsol y Red Eléctrica por parte del presidente Sánchez, información solicitada por un ciudadano y denegada por el Gobierno.
Las fosas de la Guerra Civil
El pasado mes de julio el abogado y activista de la Memoria Histórica, Guillermo Rocafort, ganó una resolución del CTBG contra el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática por la que el Ejecutivo deberá esclarecer las dudas sobre la supuesta fosa de Andreu Nin —salvajemente torturado por agentes de Stalin— hallada en Alcalá de Henares en 2008 durante unas obras para construir un muro perimetral en el acuartelamiento Primo de Rivera de la Brigada Paracaidista de esa localidad. Durante la ejecución de las obras se localizaron restos de siete cuerpos de víctimas de la Guerra Civil presuntamente asesinadas por el Frente Popular.
El levantamiento de los cuerpos y el posterior estudio del lugar no se hizo con la profesionalidad exigida ya que, cuando se iba a realizar la intervención arqueológica, «los restos óseos ya habían sido retirados de la fosa sin rigor científico, lo que dificultó considerablemente el posterior estudio antropológico» señala un informe de la Sociedad Científica Aranzadi.
Esta resolución, que viene determinada por la negativa del Ministerio a dar la información requerida, puede considerarse insólita porque Transparencia la basa, precisamente, en la búsqueda de la verdad que fija la propia Ley de Memoria Histórica.
Los asesores de Presidencia
Ya en el mes de agosto de 2022, Transparencia ha emplazado a Moncloa a detallar qué hace cada asesor de Presidencia, cuánto cobra y cuál es su currículum, reprochando al Ministerio de Presidencia de Félix Bolaños su «silencio» ante la petición y que dificulte la tarea del Consejo al no justificar su negativa a dar esa información.
El Consejo de Transparencia, que emplaza departamento de Bolaños a dar esa información en 10 días, concluye que los datos relativos a los asesores tienen la «condición de información pública» y que, dado que Moncloa no ha justificado la aplicación de algunos de los límites previstos en la ley ni la concurrencia de una causa de inadmisión, la información debe remitirse debe remitirse al solicitante.
En resumen, estos ejemplos ponen en evidencia que el que iba a ser el Gobierno de la transparencia se ha convertido en el más opaco de la democracia.
