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CyL desafía al Gobierno en la ‘guerra’ antiabortista: defenderá sus competencias autonómicas y amenaza con ir a los tribunales

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Poco más de dos horas después del anuncio del Gobierno de España en el que han mandado un requerimiento a Castilla y León para que no aplique las medidas antiaborto anunciadas por el vicepresidente de Vox, Juan García-Gallardo, la Junta  ha lanzado un comunicado en el que ha defendido su autonomía y ha amenazado con ir a los tribunales. El ejecutivo autonómico ha asegurado que cualquier medida de «fomento de la natalidad y de apoyo a la familia» se aplicará con «respeto absoluto a la Ley, a la libertad y a los derechos de la mujer embarazada y de los profesionales sanitarios».

Igualmente, han subrayado que se «garantizará la libertad y la voluntariedad para las mujeres embarazadas que lo requieran», así como la aplicación «bajo estricto criterio médico y respetando las recomendaciones de las sociedades científicas», como ya explicó el consejero de Sanidad a la ministra «a través de una carta enviada el pasado viernes», han recordado.

También han presumido de que Castilla y León ha sido «siempre» una Comunidad «pionera» en la defensa de los derechos de la mujer «y lo seguirá siendo». Por ello, han lamentado la «falta de diálogo» del Gobierno de España con esta Comunidad «leal» que actúa «siempre» desde el «absoluto respeto a la ley».

En el comunicado también han aseverado que la Junta utilizará todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para «defender la libertad de las mujeres y el derecho de la mujer embarazada a una atención sanitaria adecuada y moderna en los términos establecidos en la normativa vigente». 

En esta línea, afirman que se «velará por que se lleven a cabo todas las acciones que supongan un incremento de los derechos fundamentales de la mujer embarazada en todas las circunstancias». De esta manera, la Junta «estudiará, establecerá y coordinará las medidas pertinentes en defensa de las competencias autonómicas en materia de Sanidad que corresponden a Castilla y León».

Por todo ello, la Junta ha anunciado que este lunes responderá al Ministerio de Sanidad y efectuará, igualmente, un requerimiento oficial en el que pedirán al Gobierno de España que se «abstenga de dirigir requerimientos y comunicados oficiales» a una Comunidad Autónoma «vulneradores de su autonomía y sus competencias, recogidas en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, al simple amparo de noticias en medios de comunicación». «Estamos hablando de políticas de medidas de natalidad y apoyo a la familia», han remarcado en el escrito.

Igualmente, en dicho requerimiento señalarán que la Comunidad tiene «plena autonomía para aprobar cualquier protocolo, acuerdo, instrumento o comunicación al respecto que establezca mejoras en la prestación sanitaria a las mujeres embarazadas y en las pruebas médicas que se consideren necesarias, dentro del conocimiento científico actual, siempre en el marco de la normativa general y específica de aplicación, y con pleno respeto a los derechos fundamentales de la mujer embarazada y a los derechos y obligaciones del personal sanitario».

Además, también puntualizan que las «obligaciones de colaboración interadministrativa» están establecidas «normativamente y se efectúan adecuadamente a través de los órganos sectoriales de coordinación establecidos, por lo que ninguna obligación específica existe de esta Comunidad», que, en el «legítimo ejercicio de sus competencias», comunique de «manera inmediata a los Ministerios los protocolos, instrumentos, comunicaciones o instrucciones escritas o verbales mediante las que ejerza sus debidas competencias».

Por último, la Junta ha anunciado que en caso de que el requerimiento no sea atendido «íntegra e inmediatamente» no descartan «implementar actuaciones jurídicas adicionales», a la vista de que las acciones anunciadas por el Gobierno de España pueden «contravenir abiertamente el ordenamiento jurídico». Igualmente, también estudiarán si es necesario ejercer otras acciones legales, puesto que la aplicación de las anunciadas por sus homólogos a nivel nacional «podría vulnerar el derecho de autonomía, y el legítimo ejercicio de las competencias que corresponden a esta Comunidad Autónoma».

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