En el país de los 44 etarras candidatos, «el odio al pobre es la base del fascismo». Lo dice Podemos —Echenique, Belarra— como premisa para ilegalizar empresas y perseguir a personas concretas. Ya señalaron a Mercadona, a Inditex y a su odiado Amancio Ortega y ahora ponen otro nombre en la diana: Desokupa. Batasuna es un partido democrático pero estos fascistas…
Ni siquiera buscan juzgarlos, los quieren directamente en prisión o quién sabe dónde. Ya está aquí el comunismo de verdad, el de cerrar la puerta con siete llaves. El del miedo justificado.
Volvamos a ese razonamiento original de que el odio al pobre es la base del fascismo. ¿Cuál es entonces la relación entre los pobres y el comunismo? La existencia de pobres es la base del comunismo. O mejor, el comunismo necesita pobres para existir, por eso los genera y les crea una dependencia mortal. El comunismo es una granja de pobres que alimenta la doctrina. Pero además, ¡quién pudo odiar más a los pobres que aquel que los mató de hambre, planificadamente, en el primer tercio del siglo XX como paso necesario para la revolución bolchevique! Dicho esto, ¿a qué pobres se refiere Podemos como víctimas del fascismo?
¿A los pobres que cuelgan pancartas de ACAB (All Cops Are Bastard. Todos los policías son bastardos), a los pobres de huertita urbana de maría con luz ilegal y papás paganinis, a los pobres de pastillas de diseño? No son pobres y salta a la vista. No hay forma de justificar el robo de una casa a manos de un vago que ahora llaman vulnerable. Por cierto, la mayoría de los bancos no se atreven a denunciar a los okupas que entran en sus pisos vacíos por desahucio. Les genera mala prensa, admiten. Prefieren ofrecer alternativas al delincuente que ha pateado la puerta del que se quedó sin poder pagar. No, los bancos no denuncian y dejan a los vecinos la casita «con bicho», expresión muy usada entre vendedores de gangas nada recomendables. Así como en la independencia judicial deben ayudar los jueces, en el asalto a la propiedad privada los bancos han de decidir de qué lado están.
Hay otras fobias reales en medio de la okupación. Una sensación continua de inseguridad, el miedo a quedarse en la calle, a la violencia presente a cualquier hora del día, al tráfico de drogas, a los gritos, peleas y cristales rotos, a cualquier ruido en la pared, a las armas… Quien lo haya sufrido más o menos de cerca se sentirá muy identificado con estas situaciones. Propietarios, desde luego, pero también vecinos que se topan con el infierno.
Dos años —tiempo promedio de impunidad— con una banda de vecinos, pared con pared, dan para muchas fobias. Y para pensar en otras tantas posibles salidas después de decenas (¿cientos?) de llamadas infructuosas a la Policía Local y a la Guardia Civil… «es que no podemos hacer nada con estas leyes, pero usted siga llamando, a ver si así se acumulan las denuncias y se dan más prisa en los juzgados».
¿Y qué pasa con esos delitos que suelen acompañar al vecindario okupado: violencia doméstica, narcotráfico, negocios ilegales? Nada. La okupación es como una condición atenuante para el resto de los delitos. Un tipo puede patear a una mujer en plena calle y ser grabado por varios vecinos sin sufrir consecuencia alguna: es un okupa, un pobre de esa clase privilegiada e inmune. ¿Aporofobia? Mentira.
La inmensa mayoría de los okupas lo son por puro vicio: agua y luz gratis, cero impuestos, ofertas de alquiler social para rechazar a diario y el reinado en el barrio por la vía del miedo. ¿Aporofobia? No son pobres. Y Desokupa, qué duda cabe, ha sido una salida para algunas personas sumidas en la desesperación.
Dice Garbancita Belarra —nunca se olvide que es ministra de España— que este tipo de empresas «hacen negocio contra personas en situación de vulnerabilidad». Y por ello, «vamos a registrar una ley para perseguir a esa gentuza que se lucra persiguiendo a los vulnerables».
La ministra debería estar coleccionando querellas: por injurias, por difamación, por imputación de delito y, por cierto, por uso ilegítimo de la imagen del hermano de Isabel Díaz Ayuso en una camiseta y hasta en lonas en la vía pública, aludiendo a un caso archivado por la justicia. Y no hace falta ninguna ley nueva ni especial para perseguir legalmente a esta ¿gentuza?, basta el Código Penal.
Las leyes especiales contra personas concretas, sean físicas o jurídicas, son la base del fascismo. Y del comunismo. Leyes que ya prometen cárcel, que ya tienen las condenas redactadas. El comunismo siempre fabrica bases legales para convertir en delito la resistencia. Hay leyes para cada obstáculo. Y si no, ley y delito siempre podrán ajustarse a la necesidad del momento. Archipiélago Gulag, de Alexandr Solzhenitsyn es lectura básica para comprender esta dinámica:
«…de lo aquí se trata no es de la culpabilidad personal sino de la peligrosidad social: a un inocente se le puede encerrar si es socialmente adverso, lo mismo que a un culpable se le puede soltar si es socialmente afín…».
Pero si la cosa se complica, el comunismo sabe pasar también de lo específico a lo general. Lo importante es interpretar la ley de una forma amplia y teniendo en cuenta una sola y simple premisa: el reo siempre es culpable si el sistema está en riesgo. Así lo contaba Solzhenitsyn:
«Artículo 58, grande, capaz, copioso y vertebrado, diverso y ubicuamente devastador, un artículo al que el mundo se le quedaba chico, no tanto por la formulación de sus puntos cuanto por su amplia y dialéctica interpretación. ¿Quién de nosotros no ha experimentado en carne propia su abrazo que lo abarca todo? En verdad, no hay bajo los cielos hecho, intención, acción u omisión que no pueda ser castigado por la mano implacable del Artículo Cincuenta y Ocho. Hubiera sido imposible formularlo de un modo tan amplio, pero sí resultó posible interpretarlo de este amplio modo».
La humilde morada
Mucho se habló de la transición de Vallecas a Galapagar, donde la pareja Montero-Iglesias construyó su «proyecto familiar». Podemos pasaba así formalmente de las tiendas Quechua de la Puerta del Sol a la casita de cuento de los 70 tipo Las Verdes Praderas de Garci pero en proceso inverso. Pero ¿y esos problemas de los jóvenes con la vivienda? ¿Y aquellas quejas amargas del ex vicepresidente a Ana Rosa Quintana?
«A mí me parece más peligroso el rollo de aislar a alguien. Este rollo de los políticos que viven en Somosaguas, que viven en chalets, que no saben lo que es coger el transporte público o el precio de un café».
Años antes, en agosto de 2012, en referencia al ático de Luis de Guindos, se preguntaba Iglesias: «¿Entregarías la política económica del país a quien se gasta 600.000€ en un ático de lujo?». En esa cantidad precisamente se valoró al principio el chalet de la pareja revolucionaria. Parece que fue más pero que ayudaron los ingenieros de la secesión y un sistema de préstamos cruzados y no sé cuántos avales de los progenitores, y grandes tenedores de inmuebles, de Iglesias.
Irenebnb no quiere compartir un poco de su piscina, su bodega, su jardincito, su servicio doméstico, su vigilancia. Lo tiene y quiere todo para ella porque ella lo vale y porque heredó —¿sin impuestazos? — y además tiene una pareja que aporta lo que aporta y se pueden permitir tener la casa que les dé la gana. A voces se lo dijo, casi escupiendo, a una señora, indignada como fingía ella antaño. Tenga cuidado la pobre mujer, que le hacen una ley para que no se queje más. Ya no son «la gente», ahora son la chusma. Pero ¿no eran los fascistas los que odiaban a los pobres?
Cuando prendan a estos primeros que buscan tendrán su artículo 58. Lo reconocen, lo exhiben, no se ocultan. Dan miedo.
