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De la doctrina Escobar a la agenda progresista latinoamericana

Por Andrés Villota.- Elementos comunes en el método, la estrategia, la ideología, el discurso y hasta las fuentes de financiación, determinan grandes similitudes entre la doctrina Escobar, creada por Pablo Escobar en el siglo pasado, y el movimiento continental del progresismo que retoma en su totalidad los postulados de la doctrina Escobar y la adapta a los cambios tecnológicos y sociales del siglo actual para desarrollar la agenda progresista latinoamericana. En este sentido, el progresismo sería sinónimo de comunismo. El término “progresista” sería un mero alivio semántico que busca aligerar el enorme peso del lastre de toda la barbarie, miseria y fracaso que carga la palabra “comunista”.

En los primeros años de la década de los ochenta, uno de los fundadores del Cartel de Medellín, Carlos Lehder, afirmó que la cocaína era “la bomba atómica de América Latina”. Según él, “con los estimulantes suaves, porque la cocaína y la marihuana son estimulantes suaves, con el mercado que, aparentemente necesitan los norte americanos para poder funcionar, se están gestando los movimientos revolucionarios latinoamericanos”.

El narcotráfico emerge en ese momento como la fuente de financiación y de poder económico de los movimientos revolucionarios latinoamericanos que, inicialmente, se iban a levantar en contra del imperialismo yankee que se manifestaba a través de la figura jurídica de la extradición. Esa fue la base del discurso y el objetivo inicial de la doctrina Escobar. Es el germen de una doctrina que mutó durante esa convulsionada década de los ochenta, hasta desarrollar la estrategia y sentar las bases para convertir a los países de la región en narcodictaduras al servicio de los intereses de las élites mafiosas.

La financiación de los grupos guerrilleros comunistas se dio inicialmente a través de asaltos a los bancos y de secuestros extorsivos. O una mezcla de las dos, como la modalidad creada por el cabecilla de las FARC, Ricardo Palmera Pineda alias “Simón Trinidad” (hoy preso en Estados Unidos, que usaba su cargo de alto ejecutivo de un banco para obtener la información financiera de sus amigos pertenecientes a la aristocracia de la provincia colombiana, y entregarla a sus secuaces de las FARC que adelantan el respectivo secuestro, para que los familiares pagaran el rescate con el dinero que tenían depositado en el banco en el que trabajaba Palmera Pineda.

Sin embargo, esa dinámica “financiera” dio un giro en el momento del secuestro de Martha Nieves Ochoa a manos del grupo terrorista del M19. Como respuesta a ese crimen de lesa humanidad surge el movimiento “Muerte a secuestradores” (MAS) que, para buscar su liberación, procede a exterminar a todos los terroristas del M19 en Antioquia. Esta situación creó una fuerte objeción de conciencia para Pablo Escobar que, ideológicamente, simpatizaba con las ideas comunistas y concebía al “comunismo con plata”, como lo declaró John Jairo Velásquez, alias “Popeye”, su fiel edecán. Pero por otro lado, se trataba de apoyar militarmente a sus socios del clan Ochoa y acabar de raíz con el secuestro de los familiares de los grandes capos del narcotráfico.

Los líderes del grupo terrorista del M19 se acercaron a Pablo Escobar para evitar su desaparición e hicieron un pacto de no agresión, confederación y ayuda mutua. De la mano del M19, el Cartel de Medellín, tuvo libre acceso a las dictaduras comunistas de Cuba y Nicaragua como rutas seguras para el paso de la cocaína rumbo hacia los Estados Unidos. El M19 recibió a cambio, financiación segura y asegurada. La apertura de la ruta de Cuba también contó con los buenos oficios del Premio Nobel, Gabriel García Márquez (declarado admirador de la “astucia” de las mafias colombianas por “haberse apoderado” de los Estados Unidos) que sirvió como enlace y como estafeta de la correspondencia comercial que se cruzaba el dictador Fidel Castro con el capo de capos, Pablo Escobar.

El epítome de ese maridaje criminal entre el Cartel de Medellín y el M19 se materializó en la Toma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985, cuya intención fundamental era derrocar al gobierno del presidente Belisario Betancur, tras un juicio “revolucionario” por haber incumplido con lo pactado en el Acuerdo de Paz de la Uribe, Meta. Aunque algunos analistas hablan de una “cuenta de cobro” que le pasa Pablo Escobar a Belisario Betancur por seguir persiguiéndolo a pesar de haber logrado que perdiera Alfonso López al quitarle su apoyo económico por no haber asistido a una reunión a la que había sido invitado en la Hacienda Nápoles. Según Jaime Gaviria, el primo de Escobar, eso provocó que se tomara la decisión de “voltear” a la costa en contra de López Michelsen a través de la compra de votos en favor de Betancur Cuartas.

Posterior a la “destitución” del presidente Betancur, se pretendía montar un gobierno de transición e imponer una dictadura comunista que eliminara la extradición de nacionales, legitimara el narcotráfico y lavara la inmensa fortuna de Escobar. Gracias a la retoma del Palacio de Justicia, se frustró ese plan. Por eso, durante las últimas tres décadas el progresismo colombiano, en pleno, ha perseguido sin clemencia a los militares que lideraron la operación de defensa de la democracia colombiana.

El fracaso de esa intentona golpista demostró que era mejor llegar al poder y a las instituciones del Estado legítimo a través de la política. Pablo Escobar ya había llegado al Congreso de Colombia pero había perdido su investidura al comprobarse su condición de narcotraficante. El M19 se desmoviliza, se convierte en un partido político y hace parte de la Asamblea Nacional Constituyente colombiana de 1991 cuya principal propuesta, fue prohibir la extradición de nacionales.

Eso de cambiar la Constitución y hacer una Constitución tailor made gustó al progresismo latinoamericano. Hugo Chávez, al momento de jurar como presidente de Venezuela, trata de “vetusta” a la Constitución, la cambia, y termina haciendo una Constitución, literal, de tamaño bolsillo. Las FARC había exigido hacer una nueva Constitución de Colombia como requisito para firmar el Acuerdo de Paz. Y el progresismo chileno también exigió, en el 2019, cambiar la Constitución a cambio de no seguir quemando Chile.

Con la desaparición del Cartel de Medellín y el Cartel de Cali, surgen los carteles de la droga de las FARC y del ELN. Ese hecho, determina el final de los movimientos revolucionarios románticos de las guerrillas comunistas del siglo XX, a la vez que marca el punto de inflexión en el que surge la “amenaza terrorista” que termina con el concepto de la guerra de guerrillas y del conflicto armado en su sentido tradicional.

La amenaza terrorista de la doctrina Escobar es retomada por las guerrillas que dejan de ser actores en el marco de un conflicto interno para pasar a ser grupos de forajidos que defienden a sangre y fuego, territorios en los que funcionan y prosperan las economías ilegales. Así sucedió en Sierra Leona, donde el Frente Revolucionario Unido se alzó en armas contra el Estado, en un principio, hasta que tomó el control territorial sobre zonas con minas de diamantes y se dedicó a defender el control de esas minas para favorecer el enriquecimiento de los líderes del grupo y para financiar su actividad criminal, con el tráfico de diamantes.

El soporte a las mafias del narcotráfico dado por las dictaduras comunistas ha permanecido hasta nuestros días, como lo prueba la orden de captura internacional por narcotráfico y lavado de activos proferida en contra del dictador Nicolás Maduro. “Todos los cárteles latinoamericanos tienen una conexión con el régimen ilegítimo de Maduro”, afirmó el almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos. Otra prueba de los nexos de la dictadura venezolana con el Cartel de las FARC es la indemnización ordenada por un juez de los Estados Unidos para tres victimas de las FARC, con dineros confiscados en Estados Unidos a testaferros de la dictadura venezolana.

El aumento del 525 % en el cultivo de coca en Colombia y el aumento de la productividad de esos cultivos, según la ONU, riñe con la disminución del impacto del narcotráfico en el PIB de Colombia que, según el Banco Central colombiano, bajó del 3 % al 2 %. Esto probaría que el incremento de cinco veces en los cultivos, con el crecimiento proporcional en las utilidades de la producción de cocaína en Colombia, no están retornando al país, sino que está sirviendo para financiar economías que, en la actualidad, se encuentran en la quiebra técnica.

Según el primo de Pablo Escobar, Jaime Gaviria, Escobar hacía las veces de un “presidente de la República” que coordinaba a todas las mafias y grupos terroristas del mundo. Hablamos de grupos terroristas como ETA, cuyos miembros llevaron a Colombia las técnicas y la tecnología para construir artefactos explosivos con los que se desató la más enorme y feroz ofensiva de terror del Cartel de Medellín en contra de la sociedad colombiana. Los terroristas de ETA fueron los creadores del más horrendo y oscuro episodio de terror y muerte en la historia contemporánea colombiana, a la vez que hicieron parte del ejército de sicarios del Cartel de Medellín en Europa, en donde acribillaron a Enrique Parejo, el embajador de Colombia en Hungría.

Al parecer el heredero del cargo de Pablo Escobar en el bajo mundo es Nicolás Maduro que, da protección a los miembros de los Carteles de las FARC y del ELN, coordina un gran clúster de las economías ilegales en donde se trafica con oro, gasolina, coltán y materiales radiactivos, y auspicia la presencia en América Latina de grupos terroristas de otras latitudes. A la vez que lidera un gran “centro financiero” del crimen transnacional que se basa en los ingresos de las economías ilegales y que ha servido, aparentemente, para financiar a los partidos Progresistas de América Latina y Europa.

La muerte sorprendió a Pablo Escobar cuando adelantaba los contactos para integrarse a las filas de un grupo guerrillero comunista. Escobar ya había probado que el Estado colombiano era tan débil y vulnerable que los criminales podían redactar los decretos de su sometimiento a la justicia, escoger su pena y en caso de tener que ir a la cárcel, escoger su propio lugar de reclusión. Y aunque la doctrina Escobar jamás contempló que, 30 años después, el narcotráfico iba a ser un delito conexo al delito político, que su amenaza terrorista iba a reemplazar al conflicto armado y que se crearía un tribunal especial para juzgarlo que lo iba a dejar escapar en caso de ser pedido en extradición, es claro que Escobar sabía que, indefectiblemente, los postulados de su doctrina se iban a cruzar con la agenda progresista latinoamericana.

(La información fue tomada de los documentales Los archivos privados de Pablo Escobar de Marc de Beaufort y Los tiempos de Pablo Escobar: lecciones de una época de Alessandro Angulo Brandestini).

*Andrés Villota Gómez es consultor en temas de inversión responsable y sostenible, y es excorredor de bolsa con más de 20 años de experiencia en el mercado bursátil colombiano.