De las mareas de Pablo Iglesias al movimiento En Marcha de Macron: la democracia del siglo XXI

«Hoy, una Europa que ya no rige el mundo tiene que adaptarse a la nueva situación y renovar su democracia, que se ha quedado desfasada. Que son exactamente nuestros problemas. En eso hemos tenido suerte. Como en que las dos principales naciones europeas, Francia y Alemania, se disponen, no a pelearse como entonces, sino a liderar esa andadura, y nos piden que cooperemos. No desaprovechemos la oportunidad. Puede ser la última»

Que hemos cambiado de siglo basta mirar el calendario. Que hemos cambiado de Edad es muy probable, al presentar el mundo una faz muy distinta a la de fines del siglo XX y problemas sin aparente solución, señal de que se han producido cambios de tal calado que aún no hemos conseguido ver su fondo. Sin ir más lejos, ¿se han dado cuenta de que resurgen términos que creíamos enterrados para siempre? El de «movimiento», por ejemplo, para designar una asociación política que tanto puede ser de izquierdas como de derechas. El último en usarlo ha sido Macron, vencedor de las elecciones francesas bajo la consigna «¡En Marcha!», que sonará familiar a los que quedamos de mi generación. Me apresuro a advertir que ni de lejos pretendo relacionarlo con la Marcha sobre Roma de Mussolini, con el que le separan tantas cosas. Pero que los «movimientos» están en el aire lo demuestra que el PDeCAT, sucesor de la antigua Convergencia, también se ha apuntado a ellos, como Ciudadanos, aunque hay mucho de chupar rueda de Macron. Y, en último término, ¿qué son «las mareas» que Pablo Iglesias ha puesto en marcha en las distintas comunidades españolas sino «movimientos» populares que intentan arrollar a los partidos consagrados?

¡Los partidos! Esos son los causantes de este tsunami en el escenario político. De dueños y señores del mismo se han convertido en villanos causantes de la desgracia de cientos de millones de personas. Méritos para ello han hecho de sobra. Empezando por la corrupción entre sus dirigentes, que afectó al «aparato» de los mismos, para extenderse luego como una mancha de aceite por el Estado, hasta dejarlo gripado por la crisis económica. El término «partido» está hoy tan desprestigiado como el del «Movimiento Nacional Sindicalista» en las postrimerías del franquismo. Sin embargo, reaparece, lo que indica lo corto de la memoria humana y que no hay palabra mejor en todas las lenguas para el alzamiento transversal contra una situación insostenible. Mientras lo de «partido» lleva el lastre de la corrupción, junto al mucho más denigrante de «rotura», «quiebra», «fractura», cuando se necesitan soluciones conjuntas.

Más grave aún es que la partitocracia, gobierno de los partidos, ha dañado el prestigio de la democracia hasta el punto de salirle competidoras que creíamos también arrumbadas. Hablo de la «democracia asamblearia» que defienden los radicales de uno y otro signo frente a la clásica «democracia representativa», en la que el ciudadano cede la parte alícuota de soberanía nacional que le corresponde a un diputado que le representará en las tareas de gobierno, ya que gobernar a base de asambleas generales es físicamente imposible. Puede funcionar en una comunidad de vecinos —y no siempre—, pero en cuanto pasa a asamblea universitaria se convierte en discusión interminable, cuando no en golpes. Y a nivel nacional se ha comprobado que es el camino más corto para que una minoría audaz, entregada y radical se haga con todo el poder. La razón es muy sencilla: mientras esos radicales dedican todo su tiempo y esfuerzos a la «conquista del poder», ¿les suena?, la inmensa mayoría tiene que dedicarse a trabajar para mantener a la familia. Lo hemos comprobado en todas las «democracias populares» y en todos los «movimientos» populistas. Sin embargo, siguen teniendo su tirón en tiempos de crisis, en los que los ciudadanos, por indignación o no tener salida, se agarra a ellos como a un clavo ardiendo. Por cierto, otro de los términos devaluados es el de «ciudadano». Ya no se le llama así, ni siquiera «pueblo», tan grato a la izquierda, sino «gente», convirtiendo al detentor de la soberanía nacional en masa amorfa, muchedumbre indistinta que sigue con los ojos cerrados al líder.

Podría seguir poniendo ejemplos de esta perversión del lenguaje que llaman posverdad, iniciada por los filólogos neomarxistas —de Gramsci a Laclau—, para vendernos la vieja y averiada mercancía como lo último en el mercado político. Pero si no les bastan los citados no voy a convencerles, así que aprovecho el espacio que me queda para averiguar si el mal tiene remedio y cuál es. De entrada, necesitamos recuperar el sentido original de los conceptos básicos de la política. Democracia es democracia a secas. Sin adjetivos ni aditamentos. Ni popular, ni orgánica, ni progresista, ni conservadora. Gobierno del pueblo para el pueblo, punto. Algo sólo posible en comunidades muy pequeñas, lo que deja como única forma de gobierno en las grandes la democracia representativa. No es la ideal, de acuerdo. Nada lo es en este mundo, pero sí es «la menos mala», a través del equilibrio de los tres poderes del Estado y la posibilidad de rectificación en las siguientes elecciones si no se ha elegido bien en las anteriores.

Pedir, por tanto, «más democracia», como se está pidiendo, para salir del embrollo en que estamos metidos, resulta tan vacuo como ineficaz. Lo que necesitamos es «mejor democracia». La democracia no es de izquierdas ni de derechas. Es una actitud ante la vida y los demás, con afán de superación. La derecha hace tiempo que se reconcilió con la democracia. La izquierda, sobre todo extrema, sigue desconfiando de ella, por creerla aliada al capitalismo, sin reconocer que es la libertad personal lo que teme. De ahí que la «nueva democracia» tiene que ser más sobria, más exigente, más firme, más austera, más eficaz. Una democracia que sitúe la responsabilidad como primer deber ciudadano. Responsabilidad de todos, gobernantes y gobernados, políticos y legisladores, empresarios y sindicalistas, jueces y procesados. Que cada uno se responsabilice de sus actos y sea recompensado o castigado por ellos. Sin atajos, sin privilegios, sin derechos especiales ni excepciones de ningún tipo. Donde la única vara de medir sea la ley que nos hemos dado. Y si la ley no sirve, se cambia. Pero se cambia según el procedimiento que ella misma indica, no porque lo diga éste o lo desee el otro. Es la única forma de que el siglo XXI no nos devuelva a lo más tenebroso del pasado ni nos embarque en un viaje a lo desconocido. A estas alturas, en el que llamamos «primer mundo», que abarca lo que fue Este, Oeste y países emergentes, sabemos que no hay alternativa a la democracia, quiero decir, a la responsabilidad individual y colectiva. Nadie, ni Estado, ni partidos, ni líderes carismáticos, tiene la fórmula mágica para resolver los problemas, al no existir tal fórmula. Sólo nosotros, como seres responsables, podemos resolverlos.

Una última observación: para este viaje necesitamos ir acompañados. Ortega dijo en 1910 «España es el problema, Europa, la solución». Hoy, una Europa que ya no rige el mundo tiene que adaptarse a la nueva situación y renovar su democracia, que se ha quedado desfasada. Que son exactamente nuestros problemas. En eso hemos tenido suerte. Como en que las dos principales naciones europeas, Francia y Alemania, se disponen, no a pelearse como entonces, sino a liderar esa andadura, y nos piden que cooperemos. No desaprovechemos la oportunidad. Puede ser la última.

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