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De Vall d’Hebron al Hospital de Cruces: Propiedades de los pensionistas en manos de las CCAA

Buena parte de los inmuebles que acogen los grandes hospitales de las comunidades autónomas son, en realidad, propiedad de la caja de las pensiones. Entres los bienes que figuran en los registros propiedad de la Seguridad Social, pero cedidos por el Estado a las autonomías, figuran centros de referencia como el madrileño 12 de Octubre, el Vall d’Hebron (Cataluña) o el Hospital de Cruces (Bilbao). 

Junto a ellos figuran otros grandes hospitales madrileños como La Paz, Ramón y Cajal, Puerta de Hierro. También son de los cotizantes los ocho grandes centros de la sanidad catalana. Además del citado Vall d’Hebron, se encuentran Bellvitge de Hospitalet de Llobregat, Germán Trías i Pujol de Badalona, Viladecans en Barcelona, Josep Trueta de Girona, Virgen de la Cinta en Tortosa, Juan XIII de Tarragona y Arnau de Vilanova en Lleida, así como la sede central del Instituto Catalán de Salud (ICS) y 150 inmuebles más.

En el País Vasco son de la titularidad del conjunto de los cotizantes, además del Hospital de Cruces, el de Donosti y Txagorritxu, así como los ambulatorios de Deusto, Gros, Doctor Areilza y Olaguirre.

Y, por ejemplo, en Asturias hay otros siete hospitales propiedad del sistema de pensiones: Jarrio, Cangas de Narcea, Cabueñes, Monte Naranco, San Agustín, Alvarez Buylla y Valle Nalón.

Es tan elevada la participación de los activos de la caja de las pensiones en la sanidad pública que, según datos del ministerio de sanidad, de las más de 161.000 camas existentes en las comunidades autónomas en 2015, más de 42.000  tienden dependencia patrimonial de la Seguridad Social. En todo caso, lo que no ha financiado la Seguridad Social son las nuevas obras y mejoras realizadas por las autonomías.

Más de 9.000 millones de euros

¿Cuánto cuestan estos bienes a precio de mercado? No hay datos oficiales. La Seguridad Social valoró en 2011 en el entorno de los 9.000 millones, sin estimar el lucro cesante de las cesiones de los activos totales (materiales e inmateriales) durante más de una veintena de años. Según las primera estimaciones, el valor inicial de los casi 600 hospitales y centros de salud de la caja de la caja de las pensiones fue de 3.200 millones, aunque desde su construcción la amortización había reducido el valor neto a unos 2.600 millones.

La cesión de la propiedad que ahora exigen los partidos nacionalistas e independentistas no es nueva. El PP inició a principios de 2000 un estudio de esta posibilidad ya que, además de los grupos vascos y catalanes que le apoyaron en esa legislatura, había comunidades como la de Madrid, presidida entonces por Esperanza Aguirre, que manifestaron su interés en este cambio de titularidad a coste cero.

En aquel momento, todavía las cuentas del sistema de pensiones registraban superávit. Con el argumento de que era una operación estrictamente contable, el PSOE cambió la ley en 2011 para ceder la propiedad. Así, en la letra pequeña de esa nueva reforma de las pensiones, el Gobierno incluyó este traspaso en una poco transparente disposición adicional. Era forma de compensar el apoyo de los nacionalistas catalanes (CiU) en aquella reforma para conseguir la elevación de la edad de jubilación a los 67 años. Incluso se creó una comisión bilateral Estado-Generalitat para identificar y valorar los bienes.

Rajoy derogó la disposición adicional de Zapatero para ceder a los nacionalistas la propiedad de los hospitales y centros de salud.

CIU realizó una primera valoración del valor de esos activos que iba a recibir, por encima de los 1.200 millones, y anunció su interés en vender esos activos y luego alquilarlos al adquirente. Por su  parte, UGT manifestó que no era entendible que, si había una deuda entre el Estado y la Seguridad Social, se revirtiera el patrimonio de los pensionistas a las autonomías y se descapitalizara su patrimonio. Pero, la norma, que fijaba un plazo de seis meses para el cambio, decayó ante la convocatoria de Zapatero de elecciones anticipadas. Y una de las primeras decisiones de Rajoy nada más llegar a La Moncloa fue la de derogar esta disposición en la Ley presupuestaria de 2012.

No es éste el único caso de la utilización de la caja de las pensiones en provecho del Estado y de los compromisos electorales de los partidos político, quienes, además de no preocuparse por incrementar los ingresos, han añadido al sistema público ingentes partidas de gasto que deberían haberse pagado con los Presupuestos Generales, es decir, con los impuestos que pagan todos los contribuyentes.

La caja de las pensiones se ha empleado para taponar otros frentes financieros de las administraciones así como para pagar decisiones políticas que nada han tenido que ver con el verdadero objetivo del sistema público: el pago de las prestaciones contributivas con la obtención de ingresos suficientes.

No sorprende, por tanto, que la Seguridad Social atraviese una difícil coyuntura y que al menos hasta 2022 no se prevea que las cuentas registren superávit. Así, con los recursos de los cotizantes, reducidos ahora por la devaluación salarial y la precariedad, el Estado ha abonado, por ejemplo, los complementos de mínimos (hasta 2014 no se cargaron en su totalidad a los Presupuestos Generales); las bonificaciones a la contratación, incluso precaria; tarifas planas; nóminas de los funcionarios del Estado adscritos; la financiación de regímenes deficitarios y de mutualismos privados; pensiones que en la actualidad no son contributivas (viudedad y orfandad); ampliación en plena campaña electoral de la prestación para la madres trabajadoras, pero sólo a partir de 2015; y, por supuesto, la sanidad pública antes de ser universal e incluso después. Según CCOO, si la caja de las pensiones sólo hubiera pagado estas prestaciones el saldo del Fondo de Reserva habría superado los 500.000 millones de euros.