Inicio Actualidad Del plurilingüismo a la plurinacionalidad, por Antonio Robles

Del plurilingüismo a la plurinacionalidad, por Antonio Robles

La batalla por una España plurilingüe urdida por socialistas y nacionalistas desde 2013 ha tomado cuerpo en la propuesta de una ley de lenguas, cuyo objetivo es convertir a las lenguas regionales en lenguas oficiales de todas las instituciones centrales del Estado, y revertir la lengua común, en lengua opcional. La excusa, seducir a los independentistas con esta nueva concesión para que se sientan integrados en el Estado.

Los urdidores visibles son los mismos que iniciaron la polémica en 2014 en El País, Juan Claudio de Ramón y Mercè Vilarrubias, y posteriormente en Crónica Global, el Periódico de Catalunya etc. con Joaquim Coll y el entorno constitucionalista del PSC con glamour catalanista.

Por entonces, la polémica que siguió neutralizó la amenaza de convertir a España en una Torre de Babel, pero desde hace unos meses han vuelto a la carga. La última con el apoyo explícito de SCC el sábado pasado en Barcelona en unas jornadas sobre convivencia lingüística, inaugurada por la secretaria de Estado de la España Global, Irene Lozano, biógrafa de Pedro Sánchez. Y el aroma del PSC como maestro de ceremonias.

Esta voladura de la lengua común, junto a la elevación de las lenguas regionales a oficiales en todas las instituciones centrales del Estado tiene unas consecuencias políticas que van mucho más allá del plano lingüístico. Y afectan a la configuración territorial del Estado y de España como nación.

Lingüísticamente implicaría que cualquier español se podría dirigir a las instituciones del Estado en la lengua o lenguas regionales de su opción y exigir ser correspondido en tales lenguas. El cambio de legitimidad lo fundamentan en que todas las lenguas de España son lenguas nacionales, pero no la común en exclusividad. Una verdadera paradoja. Sostiene Claudio de Ramón: “España tiene una lengua común, pero no una lengua nacional”. Es decir, elimina su capacidad simbólica como instrumento de cohesión nacional, cuando precisamente se ampara en la carga simbólica de las lenguas regionales para exigir que las instituciones centrales del Estado devengan plurilingües para lograr -sostiene- que los nacionalistas sientan al Estado como propio. No discutiré la ingenuidad o la genialidad, pero las consecuencias serían económicamente un despilfarro, lingüísticamente un nido de conflictos, y políticamente, una rendición al nacionalismo. El coste económico debería cubrir miles de traductores, profesores, medios técnicos, programas de traducción etc. Un nuevo maná para los que ya viven del negocio nacionalista, y un laberinto para un Estado que cuenta con una koiné. La ruptura con la legalidad implicaría cambiar la Constitución y modificar el estatus de deber y derecho que ahora ostenta la lengua común en el art. 3 de la Constitución: “El castellano es la lengua oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerlo y el derecho a utilizarlo”. Pasaría a ser opcional, no obligatoria. “Sería la lengua común de aquellos que han consentido a ello, no la lengua común de todos” (Pág.127). Apliquen el mismo argumento a la bandera española como símbolo de la unidad nacional, y verán las consecuencias políticas.

Las secuelas políticas serían desestabilizadoras para la cohesión territorial de España, y el alcance de su pedagogía daría alas a la concepción de España como nación de naciones de Rodríguez Zapatero. De un Estado plurilingüe, de una nación de lenguas, sólo hay un paso al Estado plurinacional perseguido por el PSC/PSOE como moneda de cambio para futuros apoyos nacionalistas; y de ahí a la Confederación de naciones reivindicada por Podemos, viene de suyo, y sólo a un paso de la secesión.

Estos y otros muchos riesgos, forman parte de la propuesta del libro “Por una Ley de  Lenguas”, desenmascarada más ampliamente en el artículo, “La última trampa del multilingüismo”.

Pero la nueva polémica no se reduce sólo a la cuestión lingüística, detrás se está librando una dura batalla por parte del entorno catalanista del PSC para desguazar al constitucionalismo en Cataluña. De ahí, el retorno de técnicas estigmatizadoras y argumentos ad hominem de sus defensores contra quienes nos oponemos a que nos vuelvan a vender tocomochos, como lo hicieron con la normalización lingüista a principios de los años ochenta. El resultado ya lo conocen, adoctrinamiento escolar y exclusión del español como lengua docente.

Y lo hacen con dos técnicas: negar la evidencia, y criminalizar a los defensores de la lengua común. En El Español a principios de septiembre, Juan Claudio de Ramón, se ha esforzado en simular, en enmascarar los efectos nocivos de implantar las lenguas regionales como lenguas institucionales, para contrarrestar las críticas a sus efectos indeseables. Con ejemplos menores, como el señuelo de las rotulaciones en todas las lenguas del Estado del Museo de Prado.

No es el único, Rafael Arenas, Mercè Villarrubias se empeñan en sostener que los detractores no han entendido la propuesta o la han interpretado mal. No sé que es más ofensivo, si esos dos reproches o que nos lo digan personas constitucionalistas mudas durante décadas ante la imposición del monolingüismo, el adoctrinamiento y la exclusión, sólo activadas cuando el procés fue irreversible. Es el caso de Joaquim Coll, que, en su artículo del pasado viernes en el Periódico de Cataluña, nos sitúa con bisturí de seda y equidistancia exquisita entre la intolerancia nacionalista y la facha: “Tampoco gusta a los esencialistas del otro lado, los nacionalistas de <<la lengua común>> y del <yo soy español, español, español>>”. El problema no es que sea ruin la descalificación, es que el supremacismo no advertido que transpira plasma los estragos invisibles pero irreversibles del catalanismo en generaciones enteras.

Con un grado más descalificador, Xavier Salvador, dueño mayoritario de Crónica Global arremete contra Dolça Catalunya con un artículo cuyo título define la intención: “El Ku Klux Klan catalán”. El estigma, la estrategia más sucia y usada por el nacionalismo durante décadas para acabar con el constitucionalismo mediático más desacomplejado de los últimos años en Cataluña. Miquel Giménez expone en “Amarga Cataluña” la trama que lo anima.

No son casos aislados. Se está pergueñando la división del constitucionalismo por socialistas y catalanistas. En múltiples espacios. Veamos algunos: En el giro de SCC hacia la equidistancia con el nacionalismo a través de desempolvar el catalanismo de baja intensidad, y la sacralización del diálogo; con el nacimiento de La Lliga Democrática en un intento de ocupar el espacio catalanista no independentista, pero partidaria de la inmersión y del statu quo nacionalista; en la vergonzosa petición de indultos por parte de CCOO y UGT y la ventolera de Ada Colau llamando a la resistencia pacífica contra la inminente sentencia del TS, o en la ocupación por parte del PSC del espacio cívico y político que Cs le ha dejado libre como escenario necesario para indultos y componendas con el nacionalismo no independentista… Todos estos movimientos son síntomas del intento de dividir al Constitucionalismo entre “fachas” y “demócratas”, entre “Els nostres” y “els de fora”. España les estorba en Cataluña, y cualquier instrumento parece válido para socabarla. La oferta de una ley de lenguas, también. Aunque sus autores nos la quieran vender por lo contrario.

Hasta que no tomemos conciencia que la palabra es la cosa, no nos libraremos de la superstición catalanista. El último vestigo del Antiguo Régimen, junto a la foralidad, que campa por sus respetos en la España democrática del S.XXI.