División en la Generalitat por las cláusulas de la pobreza energética

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El intento del Ayuntamiento de Barcelona de obligar a las eléctricas a cumplir la ley contra la pobreza energética a través de las cláusulas de los contratos de suminsitro de la ciudad genera división en el seno del Gobierno de la Generalitat. La consejera de Trabajo y Asuntos Sociales, Dolors Bassa, ha abandonado este martes la línea que había sostenido hasta ahora el Govern y planteó emular el camino seguido por el Ejecutivo municipal de Ada Colau. Una vía que desde el departamento de Empresa, encabezado por Jordi Baiget, siguen sin ver del todo clara.

Bassa planteó en una entrevista a Els Matins de TV-3la posibilidad de obligar “vía contratos” a las suministradoras que se nieguen finalmente a firmar los convenios de colaboración fijados en la norma catalana contra la pobreza energética —la ley 24/2015— y que establecen, por ejemplo, la obligación de las empresas de pagar el 50% de la factura de la lucha contra este problema. “Exactamente las cláusulas de Barcelona no sé si son las que diríamos desde la Generalitat pero podemos decir que vamos en la misma línea”, aseguró la consejera.

Esquerra Republicana, el partido de Bassa, también se mostró ayer partidario de replicar esta experiencia en los municipios donde gobierna, si bien criticó la actitud triunfalista del equipo de Colau. “Menos titulares y más trabajo”, dijo la regidora republicana de la capital catalana Montse Benedí durante un acto de partido en Barcelona.

El Tribunal de Contratos de la Generalitat suspendió la semana pasada el concurso de luz de Barcelona tras las reclamaciones de Endesa y Gas Natural. Ambas empresas consideran que las clásulas son discriminatorias y tienen presentados recursos contra el protocolo que desarrolla la ley y que publicó la Agencia de Consumo de Cataluña.

Poco después de la aprobación de la ley 24/2015, plataformas como la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) le pidieron a la Generalitat que se utilizaran las cláusulas de los contratos públicos para obligar a las empresas a cumplir con la norma contra la pobreza energética. Las eléctricas creen que la ley no les brinda garantías jurídicas e insisten en la necesidad de un reglamento, aprobado por el Ejecutivo, para aplicarla. De ahí que tampoco consideren coherente presentarse a un concurso que se sustenta en algo que consideran no acorde a la ley.

Tras la muerte de una anciana en Reus, a la que Gas Natural le cortó la luz a pesar de ser vulnerable y los Servicios Sociales nunca la reportaron como tal, el debate sobre las cláusulas volvió a aparecer. Desde Empresa aseguran que lo están estudiando pero ponen en duda su legalidad. De ahí que la posibilidad de un movimiento en este sentido hasta que el Tribunal de Contratos falle es más que improbable.

Este episodio se suma a varios en los que la política de la pobreza energética enfrenta a los socios de Gobierno. Empresa, desde la época de Felip Puig, había llevado la batuta de las negociaciones —infructuosas— con las eléctricas. Trabajo y Asuntos Sociales ha pedido más protagonismo en un tema que considera de su competencia pero en el que no ha habido un buen reparto de papeles.