Dos nuevas propuestas intentan acabar con los contratos de alquiler de solo tres años

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La oposición parlamentaria dispone en teoría de una mayoría suficiente para sacar adelante cuestiones que generan consenso, como la derogación de la ley mordaza, de la reforma laboral y de muchas otras, pero el Gobierno, con la inestimable ayuda de otros grupos y gracias al derecho de veto, se las va apañanado para bloquearlas. Una de las que ha empezado a correr esta suerte, si se le puede llamar así, es la derogación de la refoma de la ley de arrendamientos urbanos (LAU) que en el 2013 acortó de cinco a tres años el plazo mínimo de los contratos de alquiler y desvinculó las renovaciones anuales del índice del IPC.

La oposición está de acuerdo, y sus votos suman, en que esta reforma, llevada a cabo por el PP cuando disponía de mayoría absoluta, es una de las causas de la burbuja del alquiler, pero no hay manera, por el momento, de traducir esta voluntad en mandatos parlamentarios.

La propuesta de la PAH está setenciada

La derogación de esa parte de la LAU, además de muchas otras cosas, está incluida en la propuesta de ley de vivienda que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) entró en el Congreso el pasado enero, pero esta inicitiva está tocada de muerte, por no decir sentenciada. El Gobierno, con el apoyo de Ciudadanos, logró imponer en la Mesa del Congreso su prerrogativa de veto con el argumento de que comportaría un incremento presupuestario. La Mesa debe resolver en unos días el recurso formulado por la PAH, pero la decisión está cantada.

Ante este bloqueo, tanto el PSOE como Unidos Podemos han optado por registrar sendas proposiciones de ley ceñidas exclusivamente a las cuestiones relativas al alquiler y sin aristas prespuestarias que pudieran servir al Gobierno de asidero para ejercer el veto.

La de la coalición encabezada por Pablo Iglesias, registrada el pasado 5 de abril, fue pactada por los denominados ayuntamientos del cambio, encabezados por Madrid y Barcelona. Además de la recuperación de los contratos de cinco años incluye una novedosa “medida antiespeculación”: la posibilidad de una prórroga obligatoria si el inquilino ha cumplido sus obligaciones contractuales. El texto también incluye la posibilidad de que los municipios, en coordinación con sus comunidades autónomas, puedan regular los precios de alquiler de determinadas zonas y durante cierto tiempo para “evitar subidas abusivas”.

Los socialistas se adelantaron y presentaron una muy parecida el 13 de marzo, en la que también hablan del establecimiento de “un sistema de precios de referencia” para evitar los incrementos especulativos.

Mal presagio

Con un margen tan amplio de acuerdo, quizás habría sido lógico presentar una propuesta conjunta pero las dinámicas impulsadas por las direcciones de los dos grupos no van precisamente por ahí. ¿Se salvarán las iniciativas de la escabechina de los vetos? ¿Y si lo hacen, tendrán mayoría suficiente para llegar hasta el BOE?

Si el debate sobre una moción de En Comú Podem celebrado ayer puede ser un buen indicador, la perspectiva se antoja poco halagüeña. El pleno de Congreso rechazó el texto propuesto por la formación catalana, muy parecido al de su proposición de ley, debido a los votos clave del PNV.

El diputado vasco Íñigo Barandiarán argumentó que  las propuestas de la moción son “tan genéricas e inconcretas” que se veía obligado a votar en contra. Y exigió que se presente sobre el asunto un texto legislativo y no una mera “moción propagandística” ante los aspavientos de la proponente, la diputada Lucía Martín, que no podía creerse que su colega desconociera que ya había presentado la pasada semana lo que él estaba exigiendo. Cosas del PNV. No pueden decirle que no a todo al PP, mientras velan armas por el fin del 155 que daría paaso a su apoyo a los presupuestos del 2018.