Editorial: Las acciones del CDR no son terrorismo

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Tras la rebelión y la sedición, el terrorismo. Cumpliendo órdenes del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, la Guardia Civil llevó a cabo una operación contra los Comités de Defensa de la República (CDR) por las protestas que se produjeron hace una semanas tras el auto de procesamiento dictado por el juez Pablo Llarena contra los líderes del procés y el arresto de Carles Puigdemont en Alemania. Una mujer fue detenida bajo la acusación de rebelión y terrorismo y de coordinar los CDR, después de que viralizara por las redes un mensaje de audio en el que detallaba una serie de acciones como la toma de los puertos y el bloqueo de Mercabarna. La fiscalía de la Audencia Nacional, a instancias de la cual ha actuado el juzgado, considera que los promotores de estos «actos vandálicos» ponen en peligro «la paz pública, el orden constitucional y la misma esencia del sistema democrático». De ahí la acusación de rebelión (el discutido y discutible supuesto legal que sostiene el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena) y de terrorismo.

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Conviene decirlo sin ambigüedades: las acciones de los CDR de las últimas semanas no son actos de terrorismo. Son actos vandálicos, de sabotaje, de trastorno del orden público. En los enfrentamientos con los antidisturbios de los Mossos d’Esquadra hubo resistencia a la autoridad y agresiones. Todo ello debe ser investigado y, si procede, puesto en manos de la justicia. Pero en un país como España, que ha sufrido con tanto rigor el terrorismo de ETA y el yihadismo, bordea peligrosamente la banalización del terrorismo calificar así los actos de los CDR dentro de una estrategia general que busca vincular el procés con la violencia ahora y, retrospectivamente, en los aciagos días de septiembre y octubre. Llama la atención que la operación llegue después de que desde diferentes ámbitos políticos se equipararan los CDR con la kale borroka.

La justicia alemana ya ha dado un serio bofetón al Estado español por el peculiar  concepto de violencia con el que se está tratando penalmente la causa abierta contra el independentismo. Antes ya lo hicieron reputadas voces jurídicas dentro del país. Ahora se insiste en ello con el terrorismo. Dejar en manos de la justicia un problema político ya fue una mala idea. Forzar la interpretación de la justicia es un camino aún peor.