El 55,2% de municipios no llega al gasto mínimo que plantea la red antipobreza

Ninguna de las siete ciudades alcanza los 110 euros per cápita considerados como base para paliar la desigualdad. Las partidas de políticas de protección bajaron en 2016 un 9% de media en los concellos de más de 20.000 habitantes

En el año 2015, en el marco de la campaña de las elecciones municipales y con un 25,7% de la población gallega en riesgo de pobreza o exclusión, las entidades que conforman la red gallega de lucha contra la pobreza (EAPN-Galicia) brindaban a los candidatos la oportunidad de suscribir un compromiso firme con «la calidad de vida y la dignidad» de los vecinos de sus respectivos ayuntamientos. Las palabras, defendían, habían dejado de ser suficientes y la escalada de la desigualdad exigía resultados urgentes. El primero de los quince puntos del contrato, que entonces suscribieron una veintena de aspirantes a las alcaldías, les comprometía a reducir al cierre de 2016 al menos en un 15% el número de personas en situación o riesgo de pobreza y exclusión en su municipio, dedicando a la partida de actuaciones de protección y promoción social un mínimo de 110 euros por habitante y año (tomando como referencia la media destinada a este fin por los ayuntamientos y diputaciones gallegas en el ejercicio 2013). Concluido el plazo, los datos avanzados por el Ministerio de Hacienda sobre la liquidación de las cuentas municipales de 2016 evidencian avances nulos: sólo 140 de los 313 ayuntamientos alcanzaron en 2016 la inversión social per cápita planteada por la EAPN, mientras que el 55,2% ejecutaron partidas inferiores.

Y la tendencia no es favorable. Durante el pasado ejercicio, la suma total destinada por los municipios a actuaciones de protección y promoción social (que engloba la subpartidas de servicios sociales y fomento del empleo) se recortó un 9% en el promedio de los ayuntamientos gallegos de más de veinte mil habitantes, lo que en números absolutos implica 10,9 millones de euros menos enfocados en acciones de inclusión. El retroceso es más acusado en el análisis de las siete ciudades, con una disminución interanual de 11 puntos, equivalentes a 9,4 millones de inversión perdidos. Ninguna de las urbes se ajustó en 2016 al umbral mínimo de presupuesto per cápita definido como base para atajar la desigualdad. Todas desandaron camino y se situaron más lejos del objetivo que en el ejercicio previo. La partida social registró en Ferrol el descenso más acusado, achicándose en más de tres millones de euros (un 34%) y situando la inversión social por habitante y año en 86,3 euros, lejos de los 128,5 liquidados doce meses atrás. Pese al claro retroceso de la ciudad naval, sólo dos ciudades superaron su presupuesto social per cápita. Una de ellas es La Coruña, que, tras anotar en 2016 un descenso del 5% en sus partidas de protección (1,1 millones), sitúa su índice en 96,4 euros, bajando desde los 101,2 del ejercicio anterior. La segunda es Lugo, la ciudad más próxima al mínimo de referencia. Su inversión social por habitante fue en 2016 de 107,8 euros, nuevamente muy por debajo de los 124,4 registrados un año atrás, tras aplicar un recorte del 13% en sus partidas de protección.

Descenso generalizado

Mucho más lejos del objetivo se encuentran Orense (65,5 euros por habitante, cayendo un 24%), Vigo (61,9, bajando un 2%), Pontevedra (52,6, con un 3% menos de inversión) y Santiago. Si bien los datos de la capital gallega no están disponibles en las tablas del Ministerio –son los ayuntamientos los que remiten sus propias cifras–, la liquidación 2016 disponible en el portal de transparencia del concello refleja un retroceso de 14 puntos en las dotaciones de protección y promoción social y una inversión per cápita de 60 euros en 2016, diez menos que en el ejercicio anterior.

700.000 vidas bajo el umbral

Los ayuntamientos, sostiene EAPN-Galicia, son la administración pública más próxima, en la que «más percibe el sufrimiento en el que viven las personas que en nuestra Comunidad malviven en la pobreza o en la exclusión social», y la heterogeneidad en el nivel de compromiso y protección desplegado por cada consistorio constituye una injusta «lotería social» para las personas en riesgo en función de su localidad de residencia.

Los últimos datos del indicador Arope (At Risk of Poverty and/or Exclusion), correspondientes a 2016, identifican un 25,4% de población gallega en riesgo de pobreza o exclusión. Si se atiende únicamente al nivel de ingresos (el indicador europeo computa también la carencia material en los hogares y la baja intensidad de empleo), son unas 700.000 personas en la Comunidad, el 19%, las que subsisten bajo el umbral de la pobreza. Ambos porcentajes reflejan un mínimo avance respecto al año previo, cuando el riesgo de exclusión alcanzaba al 25,7% de los gallegos y la tasa de pobreza se situaba en un 19,4%. Las cifras gallegas se mantienen asimismo por debajo del promedio estatal.

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