En 1998, Hugo Chávez llegó a la presidencia en Venezuela por el voto popular. Los ciudadanos le compraron su promesa repetida mil veces: acabar con la corrupción e instalar un verdadero sistema de justicia para desalojar la impunidad, así como rescatar la soberanía e identidad nacional que, afirmaba, había sido entregada a los yankis.
Sin embargo, al llegar a Miraflores lo primero que hizo el teniente coronel fue impulsar la corrupción, el saqueo de la nación y hacer del país una colonia. Su primer acto en este sentido fue entregarle a los cubanos el control del Estado y de todos sus recursos.
Asesorado por el dictador de La Habana, Chávez tomó dos medidas que le permitieron alcanzar la hegemonía: la primera fue convocar a una Asamblea Constituyente cuyo objetivo fue alcanzar el dominio de todos los poderes públicos y la segunda fue sobornar a los militares a través de un programa que se denominó “Plan Bolívar 2000”, considerado el primero de los casos de corrupción más escandalosos del período de gobierno de Chávez.
Así pues, con el poder ejecutivo y las armas en sus manos, se volcó a despojar al legislativo de sus funciones nombrando un “congresillo”, a la par que puso a andar la llamada constituyente. El Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral y la estatal petrolera, PDVSA, correrían rapidamente la misma suerte.
Así las cosas, y siempre bajo la guía de Fidel Castro, Chávez tenía carta blanca para utilizar el tesoro público como si fuese su propia fortuna. El comandante golpista reformó la Ley del Banco Central para manejarlo a su antojo. «Hemos ganado una nueva batalla. Yo comencé pidiendo un millardito. Ahora son seis millarditos», declaró en su momento.
¡A paso de vencedores! el régimen fue confiscando y destruyendo empresas privadas, al tiempo que surgía una nueva clase económica cuya fortuna provenía de la nueva corrupción. Solo bastaba ser chavista para obtener todo tipo de contratos con el Estado, aunque no se tuviese la preparación ni la experticia sobre los asuntos contratados.
Con el paso de los años salieron a la luz pública los orígenes de los “nuevos ricos” venezolanos, las fortunas mal habidas de los denominados “bolichicos y boliburgueses” así como de presidentes de PDVSA, ministros, viceministros, gobernadores, alcaldes, diputados, militares de todos los rangos y cientos de funcionarios, que con empresas de maletín, engordaron sus bolsillos mientras los ciudadanos se empobrecían; hasta la enfermera personal de Chávez, convertida en tesorera de la República, se enriqueció groseramente.
Con tantos millardos acumulados –y siempre asesorados por los cubanos– el chavismo comenzó a construir su oposición. Para ello compraron voluntades de dirigentes opositores, siendo precisamente a través de estos nuevos “empresarios” nacidos a la sombra del chavismo, el conducto ideoneo y necesario para tal fin. Quienes cedieron al chantaje chavista se hicieron también ricos, y quienes no, fueron perseguidos o encarcelados.
Abundan indicios de la corrupción entre las filas opositoras oficialistas, siendo quizás CADIVI, el germen de muchos de ellos.
Rondaba el 2003, el control de cambio estaba instalado, el diferencial cambiario era tan grande que representaba una invitación permanente a delinquir. El niño que llora y la mamá que lo pellizca, ocasionaron un triste episodio de mil millonaria corrupción en contubernio de ambas partes del tablero. Los sobornos de Odebrecht a unos y otros, o la red de diputados opositores que entregaron cartas de buena conducta a financistas comunes.
Mas recientemente, hubo casos muy sonados como el “Cucutazo” y el sospechoso manejo de 1.200 millones de dólares entregados por la USAID al gobierno interino de Juan Guaidó.
El saqueo de millardos de dólares al erario público ha servido para crear una estructura más preocupada en defender las fortunas robadas, que en lograr un cambio de gobierno en Venezuela. Esto explica la nota publicada en El Nuevo Herald en mayo de 2014, que decía textualmente: “La Mesa de la Unidad Democrática (MUD), organización que representa a parte de la oposición venezolana, le solicitó a Washington que no imponga sanciones contra funcionarios del chavismo involucrados en las violaciones de los derechos humanos“, dijo el jueves la subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, en testimonio ante una comisión del Senado.
La política venezolana se nos parece cada vez más a los espectáculos de lucha libre, donde los gladiadores supuestamente pelean entre sí, cuando en realidad coordinan previamente quién saldrá victorioso del ring y cómo se repartirán la bolsa. Solo que en política, las erradas decisiones las paga el pueblo. Los verdaderos líderes opositores son perseguidos ferozmente, encarcelados o asesinados, como sucedió con Oscar Pérez, ejecutado junto a sus compañeros a plena luz del día por medio de un disparo de bazuca.
Los venezolanos durante años respondieron al llamado de la que veía como su dirigencia opositora. Cuando la sociedad civil era convocada, se lanzaba a las calles a concentrarse y a marchar en contra de la tiranía o en apoyo a ese liderazgo según fuese el caso. Dejaba el sudor y la sangre en las calles de Venezuela, el régimen se debilitaba pero de pronto, los jefes de los partidos se sentaban a dialogar, primero con Chávez y luego con Maduro, recibiendo la tiranía una bombona de oxígeno para fortalecerse de nuevo. Hubo al menos doce intentos de diálogo con el chavismo desde el año 2002 hasta la fecha. Todos fracasaron.
En la guerra y en la política, cuando no se tiene una verdadera voluntad de vencer y cuando los intereses de la patria se subordinan a causas mezquinas, entonces el enemigo luce invencible, aunque en realidad no sea así. La oposición venezolana se convenció que el chavismo era imbatible persuadiendo a su vez a los aliados internacionales de tan absurda tesis.
Ante esta visión derrotista, no hubo más remedio que negociar u ofrecer prebendas a los chavistas para que se rebelaran contra sus jefes, pero ¿por qué lo harían si ya contaban con poder, dinero y privilegios insuperables? Con este esquema en la cabeza, fue que el 30 de abril de 2019, Leopoldo López creyó –sinceramente– que podía lograr un cambio de gobierno convenciendo al Ministro de la Defensa y al Presidente del Tribunal Supremo, de traicionar a Maduro y conformar un gobierno de transición en conjunto con el presidente interino Juan Guaidó. ¡Vaya ingenuidad!
En democracia y con verdaderos actores políticos, la negociación es una herramienta para llegar acuerdos que favorezcan a la Nación y a su gente, no así, con señalados de delitos de lesa humanidad que jamás prescriben. Lamentablemente, López sigue pensando igual, puesto que desde que salió del país, se ha dedicado promover abiertamente un gobierno de coalición con los chavistas; y ya ha convencido de la conveniencia de ello, al presidente colombiano Ivan Duque.
Comenzando el año 2021 se desarrolla pues un nuevo intento de negociación, cuyo objetivo es convencer a Maduro que, completando su mandato en 2024, acepte no volver a postularse.
Él y su familia saldrían de Venezuela sin estar sujetos a extradición por los delitos cometidos y con su fortuna intacta. A cambio, Estados Unidos eliminaría las sanciones mientras se producen nuevas elecciones en 2024 a las que no se presentaría tampoco Juan Guaidó. Al menos así se desprende del paper de 16 paginas de www.cubatrade.org. Mientras… avanza el cogobierno en los términos que plantea López.
Todo apunta hacia allá. Para algunos analistas y observadores, el chavismo ha dado un paso en esa dirección nombrando a Jorge Rodríguez como el presidente del nuevo Parlamento –aunque éste sea ilegítimo– en lugar de designar al radical Diosdado Cabello. Del lado opositor, Leopoldo López abre las compuertas de este escenario. Ahora falta la definición del nuevo Presidente de los EEUU y de La Habana, quien exigiría a cambio seguir recibiendo su acostumbrado subsidio petrolero.
En resumen, lo que está en marcha en Venezuela es un gran acuerdo para proteger las fortunas malhabidas, de lado y lado. Este pacto podría solucionar algunos temas, aunque solo temporalmente; pero sin duda está destinado al fracaso, porque ningún convenio político puede prosperar en el tiempo cuando está basado en la inmoralidad y en la impunidad. Solo la justicia puede garantizar el desarrollo y la paz duradera.
