Con el adelanto de las elecciones generales y la disolución de las cortes, los propietarios de tiendas de animales, asociaciones animalistas, criadores de exóticos y prácticamente todo el que tiene una mascota tienen serias dudas sobre qué ocurrirá con la polémica ley de Bienestar Animal del Ministerio de Ione Belarra, especialmente teniendo en cuenta que no le gusta a nadie, excepto al PSOE.
La ley de Protección, Derechos y Bienestar de los animales se aprobó en el Congreso el pasado mes de marzo y comenzará a aplicarse el 29 septiembre. Pero las elecciones se celebran el 12 de julio y hasta el 17 de agosto no se constituyen las Cortes Generales. Cinco días después se constituirán los grupos parlamentarios y después comenzará la ronda de consultas con el Rey, por lo que la sesión de investidura no podría ser antes de finales de agosto. Cabe recordar que en la pasada legislatura, Sánchez tardó nueve meses hasta conseguir los apoyos necesarios para ser presidente. Así que podría darse el caso de que la ley entre en vigor sin que se haya conformado un nuevo gobierno.
La cuestión es que pocos artículos del texto animalista pueden aplicarse sin el desarrollo reglamentario correspondiente. En opinión de la Federación FAUNA, la asociación que ha recogido más firmas para derogar la ley animalista que votos obtuvo Podemos en las pasadas municipales, la Dirección de Derechos de los Animales liderada por Sergio García Torres «ya había puesto la directa para elaborar el reglamento de la ley y los Reales Decretos para dejarlo todo atado y bien atado, pero la convocatoria de elecciones les ha pillado con el pie cambiado» y «es completamente imposible» su desarrollo tal y como están las cosas.
Temas pendientes: el curso obligatorio, el listado positivo…
Por ejemplo, la obligación para los propietarios de perros de realizar un curso de formación, difícilmente se podrá cumplir si no existe un reglamento sobre el contenido del curso, los encargados de impartirlo o los responsables de verificar que los propietarios han aprobado.
Otro ejemplo es que la mayor parte de la ley afecta a las mascotas domésticas, pero a día de hoy, nadie sabe exactamente qué animales se consideran mascotas porque todavía no se ha elaborado el listado positivo con los animales que el Gobierno permite tener en los domicilios particulares.
O incluso los propietarios de las iguanas de más de dos kilos, obligados a delatar a sus mascotas para que las autoridades se las quiten, «¿a qué organismo van a denunciar si hay un cambio de gobierno?», cuestionan desde Fauna. «Todo se quedaría en un limbo legal».
Los que afrontan una mayor incertidumbre son los criadores de exóticos y las tiendas de mascotas. La ley prohíbe la cría de animales exóticos y muchos no saben si deshacerse ya de sus loros, serpientes, arañas y periquitos. También obliga a las tiendas a trasladar a los animales a un espacio habilitado fuera de la vista de los clientes, por lo que muchos dudan entre si empezar la reforma de un negocio en muchos casos ya deficitario o directamente echar la persiana. «Todos ellos están en un momento de stand by sin saber qué hacer, porque confían en la derogación de la ley con un cambio de color en el gobierno», afirman desde Fauna.
¿Qué partidos quieren derogar la ley animalista?
En el hipotético caso de que ganase las elecciones el PSOE y tuviera que gobernar en coalición con Sumar de Yolanda Díaz, que por las encuestas no parece el escenario más probable, la ley animalista seguiría adelante. Desde Fauna están convencidos de que sería un gobierno en el que «se volvería a dar peso a asociaciones animalistas radicales y antiespecistas» y alertan de que una de las personas de confianza de Yolanda Díaz es Aída Gascón, representante en España de Anima Naturalis, que forma parte del lobby animalista Eurogroup for Animals. «En este caso el escenario podría ser incluso peor porque estamos hablando de perfiles muy radicales«.
En el caso de que gobernase el PP, el propio Alberto Núñez Feijóo ya ha confirmado que la ley animalista se encuentra entre las muchas que pretende derogar. Por su parte, Vox también ha manifestado su intención de acabar con este norma si llega al poder.
«La ley es un peligro para la biodiversidad, supone el fin de muchos negocios, recorta los derechos de las personas, trata a todos los animales como mascotas, puede suponer un peligro sanitario y va a provocar más problemas de los que va a solucionar», insisten desde Fauna. «Derogar esta ley ahora mismo es a coste cero. No la quieren ni los propios animalistas, ni los colectivos científicos, ni las tiendas, ni los propietarios tampoco. Es una ley que tiene el rechazo unánime prácticamente de todo el mundo, así que su derogación tendría un coste cero para el partido que entre en el poder».
